La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha está tramitando el proyecto de Decreto del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, un proceso que obedece a lo impuesto por la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En concreto, en su artículo, sobre registros de personas objetoras de conciencia.
Entre las novedades que se presentan en el documento, que se encuentra ahora mismo inmerso en un periodo de información pública para “mejorar el contenido” del proyecto con alegaciones u observaciones por parte de la ciudadanía, se puede destacar la disposición transitoria que extingue las declaraciones de objeción de conciencia que existen hasta ahora en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Tal como confirman fuentes de dicho servicio, hasta ahora no ha existido un registro que las reúna, aunque desde el SESCAM han explicado en varias ocasiones que existe una objeción de conciencia “generalizada” entre el personal sanitario, por lo que no se realizan interrupciones voluntarias del embarazado en el sistema público de salud castellanomanchego, con contadas excepciones. El informe del Ministerio de Sanidad sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2022, que tiene los últimos datos, señala que en la región se realizaron dos abortos en centro público. En centro privado fueron 891 y en centro extrahospitalario, más de 2.000.
Esto se debe a que existe un concierto en la región con dos clínicas, ubicadas en las provincias de Ciudad Real y Albacete, para llevar a cabo las interrupciones voluntarias del embarazo. El Gobierno castellanomanchego aseguraba a principios de este año que se estaban gestionando medidas ante la falta de médicos que practiquen abortos en la sanidad regional. “El poder interrumpir su embarazo, si así lo considera, es un derecho y, por tanto, hay que ofrecerle que lo puedan hacer en las mejores condiciones”, afirmaba entonces la consejera de Igualdad, Sara Simón.
El doctor Elías Ortiz, presidente de la Sociedad de Castilla-La Mancha de Contraconcepción, explica que esta objeción “generalizada” realmente no se conoce, porque no hay datos. Él mismo ha sido médico en un hospital público durante prácticamente una década y nunca ha firmado una declaración de objeción de conciencia. “En realidad no tienen los datos como tal”, destaca.
Funciones del decreto
En el borrador de decreto que se somete a información pública, se explica que el principal objetivo es crear y regular este registro de personales sanitarios objetores de conciencia que estén “directamente implicados” en la interrupción voluntaria del embarazado, tanto en el sector público como privado.
Cada profesional tendrá el deber de presentar dicha declaración escrita de manera previa, si no se desean realizar abortos, “especialmente” personal médico y de Enfermería, pero generalizado a todo el personal sanitario. El registro quiere ayudar a facilitar la “necesaria información” a la Administración sanitaria de la comunidad autónoma y a las personas responsables de los centros sanitarios en los que se realice la interrupción voluntaria del embarazo.
Los profesionales deberán entregar sus datos identificativos, como su nombre, titulación, especialidad o centros en los que trabajan y los servicios a los que se encuentran adscritos, así como la Gerencia. La declaración se hará de manera individualizada, de forma telemática a través de un formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades y recibirán un acuse de recibo.
“Rastro de acceso” al registro
Aunque el Registro se someterá al principio de “estricta confidencialidad”, podrán acceder al mismo las personas responsables de los centros sanitarios públicos o privados en los que se realice la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, al igual que las personas interesadas. Se contempla un “rastro de acceso” para el mismo. Entre las personas autorizadas, se encuentran quienes ejerzan las funciones de Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de Hospitales y la Dirección General de Atención Primaria, así como direcciones de Gerencias y direcciones médica y de enfermería de los centros.
“La objeción de conciencia es un derecho fundamental”
El Decreto se sometió también a una consulta pública previa, que recibió 130 registros, 127 de ellos de personas físicas. Más de la mitad fueron de personas de más de 50 años, y el 60% fueron mujeres. Las entidades participantes fueron Ágora Feminista Albacete, la asociación Feministas de Pueblo Castilla-La Mancha y Amnistía Internacional Castilla-La Mancha. Entre los comentarios realizados por estas organizaciones se destaca que consideran que es “necesario” que se ponga en marcha este registro, para que los derechos de las mujeres estén “protegidos”, pero también de los profesionales. “De esta manera se podrá actuar para que se pueda implementar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública”, explican.
Por otro lado, otros comentarios recibidos durante el periodo de consulta pública señalan que la objeción de conciencia es un “derecho fundamental que no necesita regulación”. “En todo caso, es más necesario un registro de profesionales que quieran matar bebés en el vientre de su madre”, añade este registro. “La objeción de conciencia como derecho fundamental no necesita regularse, sino poder ejercerse con libertad y sin tener que aparecer en un registro”, asegura otro. Y también hay algunos que consideran el registro como “propio de sistemas totalitarios”.
“Una barrera más”
Izquierda Unida no aparece entra las organizaciones que participó en la consulta pública, pero afirman que este registro “no sirve de nada” para las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo. “Más bien, nos perjudica, puesto que pone una barrera más en el acceso a la salud sexual y reproductiva en la sanidad pública”, describe Isabel Álvarez, responsable del área de Mujer del partido en la región.
“Tendremos a unos profesionales que cumplen y a otros con licencia del Gobierno de Castilla-La Mancha para no hacerlo. Una pared con la que se van a chocar de nuevo las mujeres y que va a afectar gravemente a su salud y a su vida”, destaca Álvarez. Por eso, exigen a las consejerías de Sanidad, Igualdad y Educación para que “trabajen en la formación de los profesionales sanitarios”. “El registro solo da derechos a los profesionales por encima de los derechos de las mujeres que continúan teniendo que ir a otra comunidad o se ven acosadas a las puertas de las clínicas privadas y eso es quitar derechos, no trabajar para recuperarlos”, concluye Álvarez.