El 31,7% de la población castellanomanchega se encuentra en situación de pobreza y/o exclusión social, según la última Encuesta de Condiciones de vida del INE publicada esta semana. La Tasa AROPE se ha mantenido prácticamente estable con respecto al año anterior (31,6%), lo que supone un aumento, aunque mínimo, en la inclusión social y económica de Castilla-La Mancha. Así, el índice se mantiene, pero no se reduce.
Según la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la “relativa” estabilidad en la Tasa AROPE indican que las medidas implementadas para combatir la pobreza necesitan “un mayor refuerzo para su reducción”.
Así, detalla que la tasa de riesgo de pobreza experimenta un ligero descenso de 26,1% en 2022 a 25,5% en 2023, una pequeña reducción en la proporción de personas con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Esta reducción es “una señal alentadora que apunta a una mejora en los ingresos de sectores vulnerables de la población”.
En segundo lugar, destaca que los datos de carencia material y social severa disminuyen de un 9,3% en 2022 a un 8,5% en 2023. Esto indica una reducción en el número de personas que sufren de falta severa de necesidades básicas.
La carencia o privación material social severa (PMSS) es un indicador constituido por 12 componentes, de los cuales 7 se definen a nivel hogar y 6 son personales y diferentes por cada miembro del hogar. Se considera que una persona esta en privación material y social severa si cumple los criterios de 7 de los 13 ítems definidos.
Carencia matrial y gastos de vivienda
En este sentido, si se desglosan los datos de carencia material la encuesta desvela que aumenta el porcentaje de personas que no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, de un 19,7% en 2022 a un 21,4% en 2023. Este ítem indica no solo problemas de pobreza energética sino también cuestiones de salud pública, “ya que una vivienda en un clima tan extremo como el castellanomanchego con temperatura inadecuada puede tener consecuencias negativas para la salud de sus habitantes”.
Asimismo, se incrementa el número de personas que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (del 36,6% al 37,3%). Eso refleja la “precariedad económica y la ausencia de ahorros o redes de seguridad financiera” de uno de cada tres castellanomanchegos, situación persistente con anualidades previas.
Por otra parte, desciende el porcentaje de personas que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses y también el de aquellas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
“La mejora significativa en este indicador es alentadora, pero no debemos olvidar que la persistencia de un 5.1% de la población con esta carencia material señala problemas de seguridad alimentaria que afectan la salud y el bienestar, y delata la persistencia de ingresos insuficientes, aumento del costo de vida, y falta de acceso a alimentos nutritivos a precios asequibles”
EAPN concluye que en 2023 se ha hecho un importante esfuerzo en inversión social de la mano de la confluencia de diversos factores internos y de contexto, pero remarca que “será necesario no solo sostenerlos en el tiempo, sino aumentar la inversión en políticas que promuevan un crecimiento económico inclusivo para lograr una reducción significativa de la pobreza y la precariedad económica de la ciudadanía de la región”.