Lo que Castilla-La Mancha le debe a sus migrantes: “Regresar al pueblo me volvió a conectar con la vida”
En Castilla-La Mancha hay enormes zonas en riesgo ‘rojo’ de despoblación pero también hay 8.200 personas más que a principios de 2022. No hay más natalidad y, de hecho, el crecimiento vegetativo de la región sigue siendo negativo. Mueren más personas que las que nacen. Pero su saldo migratorio es muy favorable y hay cientos de personas que se han mudado desde otros países y otras comunidades autónomas, casi siempre limítrofes, para vivir aquí. Estos migrantes, casi siempre con un proyecto vital desarrollado en los pueblos, son los que han conseguido elevar las cifras de residentes y a los que Castilla-La Mancha debe que la lucha contra la despoblación ya consiga dar algunos frutos.
Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, los datos del Instituto Nacional de Estadística son incontestables: del 1 de enero al 1 de julio de 2023 se produjo un crecimiento vegetativo negativo (3.444 personas menos). El aumento de población se explica por tanto con el saldo migratorio.
En el primer semestre llegaron a la región 10.854 personas extranjeras (migración exterior) que se suman a las 698 que vinieron de otras comunidades autónomas (migración interior). Sumando ambas cifras, en total, llegaron 11.552 personas. Pero si se resta el hecho de que haya habido más fallecimientos que nacimientos, el resultado es que hay unas 8.200 personas más.
Una de las medidas de la nueva normativa autonómica fue el mapeo de sus zonas en riesgo extremo de despoblación. En total se establecieron 52 zonas en riesgo de exclusión poblacional, de las cuales 14 corresponden a zonas de extrema despoblación en las que se incluyen 523 municipios donde viven 197.762 habitantes y diez, a zonas de intensa despoblación que incluyen 173 municipios donde viven 208.569 habitantes.
La provincia de Cuenca es una de las zonas más afectadas. Forma parte del eje de la “España Vaciada” en todo el país, junto con buena parte de las provincias de Guadalajara, Soria y Teruel. Recientemente la vicepresidenta de la Diputación de Cuenca, Nuria Illana, valoraba los mencionados datos del INE, que cifran el número de residentes en la provincia en 198.626 personas a fecha de 1 de julio de 2023; significa 1.196 vecinos más que hace un año, es decir, un aumento del 0,6%.
A pesar de reconocer que la cifra es ligeramente inferior a la ofrecida por el INE en el mes de abril, considera la Diputación que hay datos que son muy buenos, como por ejemplo que haya 309 personas más entre 17 y 28 años que hace un año para llegar hasta los 24.882. “Es importante que esta población joven esté aumentando en la provincia porque es la que fija población y significa que están encontrando oportunidades laborales en los pueblos”.
Al hilo de ello, en elDiarioclm.es hemos contactado, gracias a la Asociación Pueblos Vivos, con algunos de los migrantes de esta provincia. Y hemos encontrado el asombroso caso de Samuel, de 28 años, vecino actual del pequeño municipio conquense de Rubielos Bajos, con unos 150 habitantes, que conforma junto con Rubielos Altos y Pozoseco, la localidad de Pozorrubielos de la Mancha.
Nacido en Madrid, Samuel estudió diseño de moda y al terminar la carrera pasó un año en Australia donde conoció los métodos de la permacultura, una filosofía de vida sostenible basada en observar la naturaleza e imitar el funcionamiento de los ecosistemas para cubrir las necesidades. Su existencia cambió por completo: decidió abandonar “los procesos tóxicos que había interiorizado” en la capital del país e irse al pueblo conquense de su familia, donde había pasado los veranos, a poner en marcha un nuevo proyecto de vida.
Habló con su familia, les “medio convenció” y actualmente es el encargado de explotar 28 hectáreas de terreno, propiedad de su abuela, para realizar procesos de producción primaria sin agroquímicos y naturales, que incluyen colmenas, olivares y azafrán. También dispone de un taller textil pero donde solo realiza prendas “bajo petición”, no en serie.
Divulga la reutilización de prendas antiguas -“que aborrecemos porque somos presa de cualquier tendencia capitalista”- para darles un giro más individualista, que sean “acordes a las emociones de la persona”, lejos de las “élites glamurosas”. Y lo hace mediante métodos como el ‘patchwork’ para generar ropa resiliente y orgánica que se pueda heredar.
En cuanto al trabajo en las hectáreas de su abuela, para las que recibió una ayuda pública de la partida autonómica destinada a jóvenes agricultores, comenzó con cuatro colmenas que gestiona mediante la apicultura natural y comercializa bajo la marca Apicula Wild Raw Honey, así como un olivar heredado de sus bisabuelos en cuyas calles también planta azafrán, después secado de manera artesanal. Ahora también gestiona un proyecto con SEO/Birdlife para hacer harina de trigo tradicional y otro con Life Terra para reforestar las lindes del terreno.
Yo vivía bajo estrés y estar aquí me aporta una estabilidad y una confianza brutal
“Lo que hago es ir a la causa, fijarme en el bosque, en el proceso natural de las especies, contra todas las praxis que han hecho que los alimentos apenas tengan nutrientes. Al final todo desemboca en la pobreza de biodiversidad a la que hemos llegado. Y es muy triste, porque todo se puede hacer cogiendo al bosque como maestro y generando a la vez con ello cero residuos”, explica sobre su filosofía de producción.
En la casa familiar, Samuel vive solo en invierno y en otoño, y en verano y primavera acude su familia de Madrid, incluida su abuela, de 101 años y propietaria de las tierras. “Para mí, irme al pueblo ha sido volver a conectar con la vida, yo vivía bajo estrés y estar aquí me aporta una estabilidad y una confianza brutal. Para mí el sentido de la vida no es acumular, sino crear. Y aquí puedo crear”, concluye.
A casi cien kilómetros de donde este joven desarrolla su proyecto de vida, está el municipio de Cañete, de unos 750 habitantes y en el centro de la Serranía de Cuenca. Allí viven Ángel, de 67 años, y su esposa Isabel, de 70 años, profesores ya jubilados procedentes de la ciudad de València. Esta es una de las localidades donde, además de la Ley contra la Despoblación, se ha puesto en marcha el Proyecto Arraigo, una iniciativa social y ciudadana gracias a la cual han acudido a vivir al pueblo unas 15 personas para desarrollar negocios de gestoría, hostelería o electricidad, entre otros.
Ángel decidió hace 20 años, cuando todavía ejercía como profesor, que ya no quería vivir más en la ciudad y le propuso a su cónyuge irse a vivir a un pueblo. Isabel no le acompañó en ese momento de manera permanente debido a su trabajo y a lo que suponían los traslados, por lo que el docente estuvo 15 años yendo y viniendo desde Cañete hasta la capital valenciana. Al ser profesor itinerante, disponía de horas libres y podía permitírselo. Finalmente, cuando se jubiló, su esposa se fue a Cañete de manera definitiva.
Ambos se compraron una casa antigua que rehabilitaron casi por completo. De hecho, a Ángel le gusta hacer “pedagogía de la rehabilitación” contra la demolición de las casas y para ello obtuvo ayudas públicas. El resultado fue “magnífico” y allí viven “mucho más tranquilos, sin distancias para ir a comprar ni para ver a los amigos, con calidad del aire y de vida en general”. “Como no somos personas de grandes bailes y juergas, nos acomodamos muy bien”, añade riendo.
Sin embargo, en València, ambos formaban parte de movimientos sociales y han importado a Cañete ese mismo compromiso y activismo. Son los dos concejales de Equo en el Ayuntamiento y Ángel es además el secretario -o “becario sénior”, bromea- de la Asociación Pueblos Vivos. Sus dos hijas viven en València pero acuden a menudo a visitarles, por lo que se sienten “plenos y realizados” y solo se arrepienten “de no haberlo hecho antes”. El profesor también elogia la singularidad de la escuela rural, gracias a sus grandes posibilidades pedagógicas.
Cuenca no ha sido la única provincia beneficiaria de estas migraciones interiores. Los efectos del exilio de la ciudad al campo también se han hecho notar en los movimientos poblacionales desde la Comunidad de Madrid hacia el norte de la provincia de Toledo.
Francisco tiene 35 años, nació en Madrid y se crio en el barrio de Aluche. De allí pasó a vivir a Móstoles (Madrid) y finalmente a Chozas de Canales (Toledo) con su familia y hermanos, donde vivió su adolescencia. Cuando se independizó, con 23 años, volvió a Madrid y allí, junto con su pareja, Patricia, nacida en Santander, vivió hasta en tres pisos diferentes.
Ella es artista y él es ingeniero de telecomunicaciones. Pagaban 650 euros por el alquiler de un piso y decidieron comprar cuando comenzaron a ganar algo más de dinero. Pero los precios eran “muy altos” para pisos “pequeños, mal ubicados o muy estropeados”. No se lo pensaron mucho. Decidieron regresar hace dos años a Chozas, el pueblo de adopción y de la adolescencia de Francisco. Allí viven en un chalé donde pagan 450 euros de hipoteca. “La diferencia es considerable”, comenta Francisco.
Sigue compensando habernos marchado del centro
Esa diferencia monetaria, además, no la han asumido en gasolina porque ambos trabajan principalmente desde casa. Francisco debe ir uno o dos días a la semana a Madrid, pero “sigue compensando” haberse marchado del centro. Francisco y Patricia se casaron en Chozas el pasado mes de octubre, están censados en el municipio y cambiaron su tarjeta sanitaria al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). No es el caso de otros habitantes del pueblo, señala Francisco, que mantienen su tarjeta sanitaria o su padrón en la Comunidad de Madrid.
Otro caso sobre el terreno es el de Ana. Tiene 28 años, es profesora de Educación Primaria y se mudó hace unos meses a Yuncos (Toledo) después de haber estado un año intentando comprar un piso en Madrid.
Aunque consiguió su plaza de docente en Madrid, le ha sido “imposible” quedarse a vivir en esta región y al final ha optado fijar su domicilio en la comarca de la Sagra. El colegio en el que trabaja está a 70 kilómetros y dedica todos los días casi tres horas en ir y volver desde su casa en este pueblo toledano. Pero no le importa. “Me compensa en dinero, estaba desesperada por encontrar una vivienda y aquí estoy tranquila y con mejores servicios”, resume. También ha cambiado su tarjeta sanitaria.
Son casos particulares que se han multiplicado en los últimos años, pero ya han tenido su reflejo en las políticas de vivienda y de transportes, y en los servicios públicos de Castilla-La Mancha como la sanidad y la educación.
La Ley contra la Despoblación de esta región todavía es joven y además tiene un carácter transversal que afecta a prácticamente todos los departamentos del Gobierno regional. A su vez debe confluir con las políticas estatales para el reto demográfico. Queda por ver si en los próximos años esta tendencia, visualizada en datos y testimonios, se consolida o es un fenómeno coyuntural que requerirá de mayor ambición en políticas públicas.
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