Castilla-La Mancha, entre las regiones con salarios más bajos y menor cobertura de profesionales en Servicios Sociales

El IV Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE) del Consejo General del Trabajo Social no arroja una radiografía muy positiva ni para el país ni para Castilla-La Mancha en cuando a la situación de la cobertura social ni a la situación de los y las profesionales. Advierte de una “tendencia incesante hacia la desprofesionalización y la precariedad laboral” entre el personal de atención primaria de Servicios Sociales, al tiempo que critica la falta de contratos estables y la feminización de la profesión, que se agudiza en la atención directa y entre las profesionales más jóvenes.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, este estudio destaca que la comunidad autónoma se encuentra entre aquellas regiones donde los salarios de sus profesionales son inferiores a la media nacional, junto con Extremadura y Asturias.

El contexto de esta circunstancia viene marcado por las diferencias territoriales que se perciben también en este informe: la “infradotación” de recursos que soportan las zonas rurales. “Existe una tendencia a concentrar los servicios y los recursos en las áreas urbanas, mientras que hay una mayor dejación y se ofrece solo la atención básica indispensable para las zonas menos pobladas”.

Así, los salarios de las profesionales en el mundo rural son más bajos que la media nacional, especialmente en zonas interiores del sur de España y en las zonas más despobladas del norte. “Preocupa el caso de Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón, donde hay tasas significativas de profesionales que perciben salarios por debajo de los 1.500 euros mensuales”.

Además, precisa el estudio que existe una disparidad considerable en función del número de trabajadoras sociales por cada 10.000 habitantes y que carece de tendencia en función de agrupaciones territoriales, modelo de gestión o peso económico de los territorios. En este sentido, La Rioja y Navarra acumulan la mayor tasa de trabajadoras sociales, de 16 y 13 por cada 100.000 habitantes, respectivamente; frente a Castilla-La Mancha, con 5, y la Comunitat Valenciana, Illes Balears y Asturias con 7.

Estudio integral

Desde el 2014 el Consejo General del Trabajo Social elabora este informe bianual para conocer el estado de los Servicios Sociales en el país. Lo ha presentado de manera conjunta con investigadores e investigadoras de las facultades de Trabajo Social y de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y la cooperativa de investigación social Indaga. Ha contado con la colaboración de los 36 colegios profesionales de Trabajo Social que ha posibilitado obtener información precisa de los más de 43.000 trabajadores colegiados de toda España.

La investigación pone de manifiesto una creciente fragmentación de las relaciones laborales entre las profesionales de los Servicios Sociales –de manera más alarmante en algunas comunidades autónomas-, un movimiento que expresa un modelo “cada vez más heterogéneo, flexible, precarizado, desprofesionalizado y asentado en la práctica reiterada de no reconocer contractualmente la figura de trabajadora social”, sobre todo en el ámbito de la empresa privada y el Tercer Sector.

La mirada de género también está muy presente en este informe que fija la atención en las diferencias laborales entre mujeres y hombres. El 89% de las trabajadoras sociales son mujeres, sin embargo, son ellas las que siguen en puestos de atención directa, en la base de la intervención social frente a los trabajadores sociales hombres que “sí consiguen una mayor presencia en cargos de dirección, coordinación o posiciones acomodadas, especialmente en los tramos más altos de edad”.

Cambios en los perfiles de las personas usuarias de los Servicios Sociales                                             

Otro dato muy significativo es que el 90% de las trabajadoras sociales tratan con personas usuarias a diario, lo que permite realizar su radiografía. Se mantiene el perfil clásico de persona usuaria compuesto por mujeres (el 70% de las personas atendidas son mujeres), de nacionalidad española (70%), de edades adultas (39%) o avanzadas (33%), sin estudios o con bajos niveles educativos (78%) y sin empleo, pensionistas o dedicadas a labores del hogar (79%). El 46% de los casos las personas usuarias presentan algún tipo de discapacidad.

Además de este perfil tradicional, este IV Informe ISSE arroja nuevos elementos característicos en los perfiles de personas usuarias. Se incorporan personas trabajadoras con empleos precarios (11%), con niveles educativos de bachiller o superiores (23%) y cada vez más jóvenes (28%). La aparición de estos nuevos perfiles informa de la gravedad y la profundidad de la crisis social que la pandemia ha agudizado y cuyo efecto se advierte por parte de las trabajadoras sociales desde hace tiempo.

Para tratar de atajar las históricas desigualdades que impregnan el sistema de Servicios Sociales y con el fin de blindar lo público, el 84% de las trabajadoras sociales se muestra muy de acuerdo con la aprobación de la Ley Marco Estatal de Servicios Sociales que actualmente se encuentra en fase de elaboración por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

“Lo que parece evidente es que las políticas de ajuste de estos últimos años sumadas a los datos que arroja el IV Informe ISSE del Consejo General del Trabajo Social, indican la urgencia de reforzar y consolidar el sistema público de Servicios Sociales. Desestructurarlo a través de una progresiva mercantilización, cuando hay otra crisis que está en marcha, tendrá efectos muy negativos para la ciudadanía y la cohesión social”, concluye.