Todo empezó entre 2009 y 2010. Fue entonces cuando el Gobierno de España decidió realizar una convocatoria pública para seleccionar un municipio que albergase un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, lo que se ha conocido luego como el cementerio nuclear. Quien gobernaba el país era José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
Pero fue ya con el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando el pueblo conquense de Villar de Cañas fue elegido para ese emplazamiento. El 30 de diciembre de 2011 lo aprobó el Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado lo publicó el 20 de enero de 2012. La decisión se tomó “desde un punto de vista técnico”, entre los municipios de Zarra, Ascó y Yebra, que eran los más “idóneos” para el proyecto. La valoración técnica arrojaba “escasas diferencias”.
Empezaba entonces un proceso rodeado de dudas, polémicas y protestas ciudadana. Más de una década después, el Gobierno de España, también socialista pero ahora con Pedro Sánchez, ha decidido darle el carpetazo definitivo a esta iniciativa, que llenó la comarca de Villar de Cañas de promesas de trabajo y de avances, mientras, por otro lado, había una férrea oposición por parte de las organizaciones ecologistas, plataformas ciudadanas y otros partidos políticos. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear organizó varias convocatorias de protesta, a la que acudieron cientos de personas para mostrar su rechazo.
Repasamos aquí algunas de las razones por las que el proyecto del silo nuclear fue tan polémico en Castilla-La Mancha.
El marido de María Dolores de Cospedal
El proyecto del silo nuclear en la pequeña localidad conquense solo contaba con el apoyo explícito del PP, más concretamente de María Dolores de Cospedal mientras gobernaba en la región entre 2011 y 2015. Fue este el Ejecutivo que aprobó la ubicación del silo en la localidad de Villar de Cañas. El marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, llegó a ser denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, debido a que la empresa de la que era consejero en 2016, Iberinco, recibió hasta cinco contratos por valor de casi 37 millones de euros en adjudicaciones de Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos.
La plataforma también apuntaba a la relación cercana entre Cospedal y el que entonces era presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega. De hecho, señalaban que había una “sincronización” entre el nombramiento de Gil-Ortega para presidir la empresa pública y la entrada de López del Hierro en la empresa Iberinco. Finalmente, Gil-Ortega dimitió antes de adjudicarse la obra civil principal del silo.
Dudas sobre los terrenos
Aguas subterráneas, terremotos... Varios fueron los factores que pusieron en duda durante la última década si Villar de Cañas era realmente el emplazamiento adecuado para el proyecto. De hecho, Enresa sacó a concurso un nuevo informe para tener “un mejor conocimiento del comportamiento” de las aguas subterráneas de la zona en 2017. Un estudio encargado por Ecologistas en Acción en 2016 a la empresa de ingeniería y geología Ingema y firmado por el geólogo Manuel Bello ponía de manifiesto los “enormes riesgos geológicos” que supondría la ubicación en la localidad conquense.
Ecologistas en Acción también aseguró que sería una “aberración” la construcción del Almacén Temporal Centralizado, después de que se registrase en Ossa de Montiel un movimiento sísmico de más de 5 grados a menos de 90 kilómetros de los terrenos. Tras el episodio, se encargaron más estudios para analizar los suelos de la instalación, que estaban presupuestados por más de un millón de euros.
El mismo Colegio Oficial de Geólogos alertaba de que la instalación se ubicaría en terrenos “yesíferos y lutíticos que son solubles y expansivos respectivamente, lo que dificulta una correcta cimentación”, además de disparar la inversión económica que hubiera sido sería necesaria en la zona para que fueran apropiados para una infraestructura de este tipo. Por eso, pedían que se realizasen más estudios geológicos de “máxima fiabilidad” antes de decidir la construcción en Villar de Cañas.
Así lo señalaban tras un acta del Consejo de Seguridad Nuclear, que mostraba “deficiencias e incertidumbres geológicas” en el terreno. Dicha acta, señalaba que no se disponía de “procedimientos generales de ejecución de los trabajos de caracterización del emplazamiento”, tal como explicó el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Suárez. Los profesionales advertían de que la ausencia de estudios geológicos “contrastados” condicionaría la decisión final de ubicación del ATC “desde el punto de vista económico y de seguridad”. “Hay que hacer muchos más estudios o si no replantearse si merece la pena la ubicación elegida”, concluía Suárez.
La laguna del Hito
Cuando Emiliano García-Page asumió como presidente de la Junta de Comunidades, la posición del Gobierno regional cambió radicalmente. La nueva administración puso en marcha la ampliación de la protección de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito. De este modo, se ampliaba la protección en terrenos de ocho municipios, entre los que se encontraba Villar de Cañas. Y también se anunció que se pediría a la Comunidad Europea la protección de zona LIC, Lugar de Importancia Comunitaria, así como para incluir la zona dentro de la Red Natura. De este modo, se quería llegar a contar con tres figuras de máxima protección ambiental.
Pero la ampliación de esta protección inició una guerra judicial en la región, ya que el acuerdo fue suspendido cautelarmente. Una abogada llegó a acusar a la Junta de incurrir en un “fraude de ley”. Mientras, se iniciaba otro proceso judicial, relacionado con el Plan de Ordenación Municipal del municipio modificado para poder incluir los terrenos. La Junta de Castilla-La Mancha recurrió esta modificación.
El Ayuntamiento, firme en su defensa
El Ayuntamiento de Villar de Cañas ha mostrado desde sus inicios una férrea defensa del proyecto. Su anterior alcalde, José María Saiz, fue el principal portavoz a nivel local de los beneficios del ATC hasta que fue suspendido de militancia tras vejar a Irene Montero diciendo que “tiene llagas en la boca de chupársela al coletas”. En 2018, tras el cambio de gobierno motivado por la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, afirmó que “el ATC se va a hacer en Villar de Cañas, Villar de Cañas es la sede del ATC”.
También ha criticado duramente a Emiliano García-Page, después de iniciar las gestiones para evitar la construcción del silo nuclear. Llegó a decir, entre otras cosas, que el socialista no sabía “ni dónde estaba Cuenca” o que se fuma “una alpaca de marihuana por las mañanas”. Estuvo siete legislaturas al frente del Consistorio y afirmaba que con el ATC, la zona sería un nuevo 'Sillicon Valey'.
El nuevo edil, Alejandro Pernías, anunció en diciembre de 2023 que estudian la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra el carpetazo al ATC. “Si esto no lo arregla la política, lo tendrán que arreglar los tribunales”, advertía entonces y volvía a recordarlo esta misma semana. Paco Núñez, el líder del PP castellanomanchego, ha apoyado públicamente al edil.
Séptimo Plan de Residuos: la clave del carpetazo
Entre infinitos dimes y diretes durante los últimos años, finalmente ha sido un documento oficial el que ha acabado con el polémico proyecto. Al aprobarse el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos, que se publicó esta misma semana en el Boletín Oficial, no solo se descartaba su construcción, sino que también se dejaba sin efecto la designación de Villar de Cañas para albergar el silo.
Como alternativa, el plan contempla la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo que podría ser un Almacén Geológico Profundo (AGP). Estos almacenes estarán formados por un Almacén Temporal Individual y por una instalación complementaria, o por medidas adicionales.
Desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear han advertido ya de que estarán vigilantes para que se cumpla el séptimo plan y, eventualmente, para que se desmantelen las nucleares. El fin definitivo del proyecto ha sido una “enorme satisfacción del deber cumplido” para todas las organizaciones y las personas individuales que han protagonizado la movilización social para evitar que su comarca se convierta en un basurero nuclear.