El Colectivo Ágora Feminista Albacete ha denunciado ante la Fiscalía el “acoso” por parte de personas de un grupo ultracatólico y 'anti-elección' a la Clínica Iris, una de las dos acreditadas en Castilla-La Mancha para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
Y no sólo la clínica, apuntan, sino que el presunto acoso también se traslada a las mujeres que acuden al centro, como parte de la campaña '40 días por la vida' que se desarrolla actualmente en varios puntos del país. La Coordinadora 8M ha asegurado que registrará también una queja formal en la Subdelegación de Gobierno albaceteña para exigir que se tomen medidas y se cumpla con la ley “inmediatamente”.
Ágora Feminista recalca que se está llevando a cabo una “dejación de funciones intolerable de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, que lejos de intervenir para velar por el cumplimiento de la ley y defender los derechos de las mujeres, permanece de brazos cruzados permitiendo que las presiones y el hostigamiento siga”.
De hecho, en el documento presentado ante el Ministerio Fiscal, señalan que durante los últimos diez años se han dirigido a distintas instituciones, como la Subdelegación de Gobierno, el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento, o incluso la Comisaría Provincial de Policía de Albacete, así como a la Consejería de Sanidad. “Nada se ha puesto en práctica para evitar el acoso que denunciamos y exigir el cumplimiento de la legalidad”, recalcan.
“La situación es inadmisible”
A esto, apuntan que son “muchos los años” en los que el centro ha soportado acciones de intimidación, que incluyen concentraciones en la puerta o el encendido de velas, y que consideran que suponen la vulneración “intencionada e insistente” de derechos fundamentales para las mujeres, así como contra la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y otras normativas europeas.
“La situación descrita es inadmisible”, aseguran en la denuncia presentada ante la Fiscalía a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, “lo que nos obliga a instar a la actuación inmediata del Ministerio Fiscal, al objeto de tener una pronta respuesta acompañada de actuaciones que pasen, como no puede ser de otra forma, por la aplicación de la ley”, afirman.
Recuerdan de este modo que en 2022 se aprobó la Ley orgánica 4/2022, en la que el acoso de este tipo se “considera un delito y está penado”. De este modo, recalcan que no hay “ningún tipo de duda” para “perseguir y sancionar” este tipo de conductas. La ley, resaltan, “señala que quien obstaculizara el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.
Por otro lado, recalcan que no hace falta la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal. “Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”, describen.
A pesar de toda esta protección legal, lamentan que los hechos siguen ocurriendo. “Hemos sido testigo las firmantes de la denuncia ponen en entredicho la eficacia de esta ley y cuestionan la autoridad de quienes representan al gobierno en Albacete, y lo que es más preocupante hace que nos preguntemos para qué se aprueban las leyes si finalmente desde la Administración y las instituciones no se adoptan las medidas necesarias para su cumplimiento”, indica el colectivo.
Abortos en la sanidad pública
“Queremos recordar también que no es esta la única ley cuya efectividad cuestionamos, ya que seguimos demandando que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en los hospitales de la sanidad pública, puesto que en Castilla-La Mancha las mujeres sólo pueden hacerlo en las dos clínicas autorizadas, y de momento no tenemos constancia de que el Gobierno de García Page esté realizando gestión alguna para regular la libertad de conciencia que es el principal obstáculo”, afirman.
Por eso, quieren pedir a los “máximos responsables políticos” que para “defender la Igualdad no basta con decirlo, con poner una pancarta o con entregar un premio a una mujer. Para defender la Igualdad hay que demostrarlo con hechos y eso pasa por defender y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos en plena libertad”.
'40 días por la vida'
Desde '40 días por la vida', señalan que es “falso” el acoso a las mujeres que acuden a la Clínica Iris. “Los voluntarios de nuestra organización rezan de forma silenciosa y pacífica frente a la clínica sin acercarse ni acosar de manera alguna a cualquier persona relacionada con este centro”, aseguran. “Los voluntarios firmamos un documento en cada campaña de oración, con el que nos comprometemos a no acercarnos nunca a nadie, a no responder a las provocaciones que recibimos, y a dirigirnos únicamente a aquellas personas que se nos acercan y quieren hablar con nosotros de manera respetuosa”, señalan en un comunicado. “Es un sinsentido que un voluntario de '40 días por la vida' pueda acosar a las personas por cuyo bien estamos pidiendo a Dios”, concluyen.