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Un Comisionado de Accesibilidad en Castilla-La Mancha para cambiar una ley anclada en 1994

Personas mayores con un ordenador

Carmen Bachiller

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“La accesibilidad es un derecho. Lo ha recogido incluso el Anteproyecto de Ley de Discapacidad aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros”. El gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, habla de reivindicación “histórica” y lo une a la necesidad de actualizar la normativa autonómica actual, que data del año 1994. “Ha llovido ya mucho”, comenta.

Con estos mimbres, la noticia de la creación del nuevo Comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha esta misma semana se ha recibido con expectación en el seno del Tercer Sector Social de la comunidad autónoma. “Lo valoramos positivamente porque será una figura que debe coordinar los trabajos para la nueva Ley de Accesibilidad Universal”.

Romero es también presidente de la Mesa del Tercer Sector Social en esta región. “Las políticas de accesibilidad deben ser transversales”, asevera. “Si lo son aquellas que tienen que ver con la infancia, con las políticas de igualdad o con el aspecto medioambiental, entendemos que debe aplicarse también a la accesibilidad”.

De hecho, explica, “llevamos mucho tiempo proponiendo la creación de una figura, que puede ser desde una Dirección General de Accesibilidad a una Agencia de Accesibilidad en la comunidad autónoma y quizá hasta una Consejería”. Y es que resalta, el concepto ha cambiado mucho en los últimos años. “Ya no hablamos solo de barreras arquitectónicas físicas o de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Tenemos que ir a más”.

En el concepto accesibilidad ya no hablamos solo de barreras arquitectónicas físicas o de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Tenemos que ir a más

En la sociedad digital, “la accesibilidad deja mucho que desear”

En la hoja de ruta cree que la futura Ley de Accesibibilidad Universal de Castilla-La Mancha debe ser “ambiciosa”, a la hora de incluir cuestiones relacionadas con la accesibilidad al entorno digital, y no solo para las personas con discapacidad. “Estamos hasta el cuello en la sociedad digital, en la sociedad del conocimiento y de la inteligencia artificial, pero no podemos olvidarnos de que hay muchas personas mayores y cada vez habrá más”. Cree que pueden quedarse descolgados de los servicios (electrónicos) que ya prestan tanto el sector público como privado, a través de los bancos o el comercio, entre otros. “En estas cuestiones la accesibilidad deja mucho que desear y hay que solventarlo”.

Hay que mejorar incluso, dice, “el lenguaje que usan las administraciones públicas. No hablamos solo de la 'Lectura Fácil' sino de un lenguaje que todos entiendan. Todos debemos jugar en la misma liga cuando hablamos del acceso a los servicios. Es que nos ha pasado con las solicitudes para acceder al Ingreso Mínimo Vital. El mero procedimiento en sí, no era accesible”.

Incluso apunta la necesidad de “unos medios de comunicación que también deben ser más accesibles. No basta con los subtítulos. E incluso en los actos oficiales se echan en falta intérpretes en lengua de signos. Deberían estar incorporados desde el año 2007”.

Romero subraya también que deberá garantizarse el cumplimiento de la ley. “Desde 1994 no se ha sancionado a nadie por incumplir la normativa de accesibilidad. Es muy fuerte. En España hay más de 100.000 personas que están encerradas en su casa porque las viviendas no son accesibles en sus espacios comunes”.

Confía en que esta sea la legislatura para aprobar un nuevo marco normativo. “Este es un tema que ha estado siempre sobre la mesa de todos los gobiernos que han ido pasando. En 2015 se comenzó a trabajar en un plan director, pero se quedó en el tintero”. Ahora esperan un impulso real.

Los medios de comunicación también deben ser más accesibles. No basta con los subtítulos. En los actos oficiales se echan en falta intérpretes en lengua de signos. Deberían estar incorporados desde el año 2007

El primer comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha será José Luis Escudero. Hasta ahora ocupaba el puesto de delegado del Gobierno regional en Guadalajara. “Va a tener mucho trabajo”, bromea.

Desde la Mesa del Tercer Sector Social en la región no esperan que sea un cargo 'honorífico', sino que se le dote de contenido. “Valoramos su perfil. Es una persona que conoce el Tercer Sector Social, el movimiento asociativo”. Romero cree que puede ser una “garantía” de que todos los departamentos, “más allá de Bienestar Social o Fomento”, se lo tomen en serio y reclama “recursos”.

Mientras, desde el sector se ofrece su expertise, la experiencia acumulada. “Lo primero debe ser identificar cuánto antes dónde están las barreras sin olvidar que cada día que pasa sin solución de accesibilidad supone que una persona no pueda acceder en igualdad de condiciones a cuestiones relacionadas con la vida laboral o personal”.

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