La Audiencia Provincial de León ha condenado al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos a siete años de cárcel y al pago de una indemnización de 40.000 euros por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor del seminario de Toledo entre 2005 y 2007. El Arzobispado de Toledo ha informado, al hilo de conocerse la sentencia, adelantada por el diario El País, de que el condenado sigue apartado y el asunto bajo investigación eclesiástica.
La causa contra el sacerdote se reabrió hace más de dos años y el cura fue apartado al ser imputado por presuntos abusos sexuales, tras una denuncia judicial de la víctima. Se trata de un sacerdote del seminario menor Santo Tomás Villanueva de Toledo, ahora condenado por abusar de uno de los alumnos, que tenía 14 años y que lo denunció siendo ya mayor de edad.
La causa fue archivada inicialmente, pero la Audiencia Provincial leonesa la reactivó a petición de la Fiscalía al ver indicios de delito, para continuar con el proceso.
Tras publicarse la noticia de su condena, indica el Arzobispado de Toledo que respeta la sentencia de la autoridad judicial competente, “que aún no es firme” y prevé “ulteriores actuaciones judiciales, pues ambas partes manifestaron su voluntad de recurrir la sentencia en caso de que fuera desfavorable para su causa”.
Procedimiento canónico
“Desde la recepción de las noticias indirectas sobre esta acusación, se efectuaron los trámites prescritos por la ley vigente para indagar su verosimilitud. La misma justicia sobreseyó en cuatro ocasiones la causa”, precisa el Arzobispado en su comunicado, reparando además en que “en ningún momento el denunciante se ha dirigido a la autoridad eclesiástica diocesana para presentar acusación formal en sede canónica contra el sacerdote en cuestión”.
Con todo, añaden que el procedimiento canónico en estos momentos “está bajo supervisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aún no ha llegado a concluirse, por respeto a los tiempos de los tribunales”; además de que el sacerdote “está en situación de apartamiento del ministerio público desde que el tribunal estimó conveniente abrir juicio oral contra su persona”.
“Manifestamos nuestra solidaridad con la víctima y su entorno y quedamos a la espera de la resolución firme de la justicia para actuar en consecuencia. Igualmente esperamos la resolución del Dicasterio para Doctrina de la Fe. Reiteramos nuestra disposición a escuchar a la víctima y acoger su dolor y peticiones. Entre tanto, sigue adelante el procedimiento de esclarecimiento canónico y el apartamiento del ministerio público del sacerdote acusado”, rematan.