El pleno del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo.
Además, también ha aprobado por unanimidad, entre otros asuntos, el proyecto de Real Decreto de los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.
El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.
Se desconocen los argumentos de los consejeros. Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han explicado a elDiarioclm.es que están a la espera de conocer los detalles del informe jurídico. En todo caso, desde el Ejecutivo castellanomanchego se han mostrado “satisfechos de que se cumpla la ley y la palabra dada” al interpretarlo como una victoria de la posición castellanomanchega y creen que “supone un claro avance muy beneficioso para las posiciones de Castilla-La Mancha”.
Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución.
Así, una vez modificado el texto, los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.
En concreto, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.
El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.
El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al acueducto Tajo-Segura.
El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero.
El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García. Según explicaban en las últimas horas fuentes del Consejo de Estado, el proyecto de dictamen se debate en la Comisión Permanente y se aprueba el texto final por unanimidad entre los nueve consejeros y consejeras permanentes y la Presidencia del Consejo que ahora ostenta la exministra de Trabajo Magdalena Valerio quien, durante la celebración de la Comisión Permanente, ordena el debate y resume las conclusiones, pero “no decide”.
El dictamen final no es vinculante y “no da un 'sí' o un 'no' al conjunto, sino que aporta diversas consideraciones”, añade la misma fuente, y después se trasladan al Gobierno de España. Ahora, la última palabra está en su tejado.
Mientras, la Generalitat Valenciana ha dicho desconocer también el contenido del dictamen del Consejo de Estado en torno al caudal ecológico del río Tajo, pero en todo caso, fuentes del Consell han apuntado a EFE que usará “cualquier vía en defensa de los regantes de Alicante”, además de mantener “abiertas las vías de diálogo”.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha sido más explícito y cree que “se confirma que el Gobierno socialista mantiene su hoja de ruta para cerrar el trasvase Tajo-Segura, un camino iniciado en 2018 por Pedro Sánchez cuando anunció el fin de los trasvases”, según recoge EFE.
Asegura que habrá “un recorte del cincuenta por ciento del Trasvase Tajo-Segura, condenando al Levante en una medida sin precedentes” aunque lo aseguraba reconociendo que “desconocemos el contenido y el sentido de los comentarios de sus consejeros”.
(*) La información original ha sido modificada tras las matizaciones ofrecidas por el Consejo de Estado