Las cooperativas Colival y Vinícola de Valdepeñas han mostrado su rechazo al proyecto de tierras raras que promueve Quantum Minería en la provincia de Ciudad Real.
Las dos organizaciones, que agrupan a más de mil socios según aseguran, han presentado alegaciones ante la Administración regional contra el proyecto de explotación 'Neodimio' al considerar que puede causar “múltiples impactos negativos en las comarcas afectadas”.
Además, han pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que no autorice el proyecto “al comprometer el futuro de la actividad productiva”.
Tanto la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL) como la Cooperativa Vinícola de Valdepeñas (COOVIVAL) consideran que un plan extractivo de estas características, “en su día ya rechazado tanto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como por los tribunales de Justicia”, compromete “seriamente” la marca de calidad de sus productos y el producto mismo.
Se trata, afirman, de una actividad minera “tremendamente agresiva y contaminante -especialmente en las fases de concentración y refinado- sobre las actividades productivas, el medioambiente y la salud de la población”.
Además, desde las cooperativas resaltan que el proyecto otorgaría “determinados derechos a Quantum” y supone la “antesala” de un “proyecto de explotación de consecuencias imprevisibles”. “No solo para la zona afectada en Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Mudela, sino para buena parte de la provincia”, añaden.
Por eso, explican, “bajo ningún concepto” se puede asumir “el riesgo”. “Nos preocupa profundamente el impacto que este proyecto minero tendría en nuestra actividad productiva, comprometiendo la calidad y la sostenibilidad de nuestros productos”, aseguran y apuntan también al riesgo “para los ecosistemas”, así como “posibles conflictos sociales” que pueden derivar de la situación. Los riesgos rematan, “resultan sencillamente inaceptables”.
Las cooperativas también han apuntado a una “falta de credibilidad técnico-financiero y empresarial y el incumplimiento del requisito de solvencia establecido en la vigente Ley de Minas”. “Todas estas cuestiones confluyen y fundamentan la oposición del sector agropecuario, de colectivos sociales y fundaciones, de partidos políticos, de ayuntamientos y otras instituciones, y también de las entidades agroalimentarias a las que representamos”, afirman.
Finalmente, solicitan a la Consejería de Desarrollo Sostenible que se niegue “rotundamente” a aprobar el proyecto, que “claramente resta más que aporta”. “Es fundamental proteger nuestra producción agrícola y el equilibro social que tanto nos beneficia. Solo así podremos preservar nuestro entorno y unas actividades económicas tradicionales que aseguran un futuro sostenible para las generaciones venideras”, concluyen.