CSIF critica el nombramiento “de dudosa utilidad” de José Luis Escudero como Comisionado para la Accesibilidad
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la decisión de la Junta por el nombramiento de José Luis Escudero como Comisionado para la Accesibilidad. Escudero ejerció como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara y ahora ha sido elegido para este cargo que, desde este sindicato, califican de “dudosa utilidad y clara connotación política”.
El nombramiento, subraya CSIF, coincide además con la “grave situación de carencia de personal” por la que atraviesa la Administración regional. ¿El motivo? La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital “se niega a cubrir plazas esenciales” en un momento en el que “miles de ciudadanos ven cómo los servicios públicos están al borde del colapso por la falta de empleados públicos en sectores clave” y mientras “el Gobierno regional decide crear 'ex profeso' y asignar un cargo político sin un proceso de selección transparente ni criterios objetivos”, apuntan desde CSIF.
CSIF pone el foco en el gasto anual en el sueldo del alto cargo, con rango de viceconsejero, 77.000 euros anuales. Este sindicato cree que “la accesibilidad es un reto crucial que requiere compromiso real, recursos y planificación, no sólo la creación de cargos a medida”. Y en este sentido incide en que la ciudadanía de Castilla-La Mancha “merece una administración eficaz que priorice el refuerzo de su plantilla en lugar de destinar fondos a designaciones de dudosa utilidad y de clara connotación política”.
El nombramiento coincide con la “amenaza” de despido de 2.500 funcionarios
“Es más, este nombramiento coincide con la amenaza de Emiliano García-Page sobre el despido de 2.500 empleados públicos en la región si no se aprueba el techo de gasto por parte del Gobierno central. Para CSIF, es contradictorio, y demagógico, amenazar con destruir empleo público mientras se crean altos cargos a medida.
La central sindical exige a la Junta de Comunidades que revierta esta decisión y que priorice la cobertura de plazas esenciales para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, “en lugar de continuar con una política de nombramientos a dedo que mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.
Su posición contrasta con la expresada por el gerente de CERMI y presidente de la Mesa del Tercer Sector Social, José Antonio Romero, quien en declaraciones a elDiarioclm.es vio con buenos ojos el nombramiento, aunque pidió “ambición y agilidad” para renovar la ley de accesibilidad de Castilla-La Mancha que data de 1994.
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