La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este lunes en todas las provincias de Castilla-La Mancha en defensa de Muface y para exigir un nuevo acuerdo salarial y “el fin de los recortes que sufren los empleados públicos de la región”.
Tras la “masiva” manifestación llevada a cabo el pasado sábado en Madrid, que contó con la participación de más de 35.000 mutualistas, más de un millar de ellos llegados desde Castilla-La Mancha, CSIF ha vuelto a salir a la calle para reclamar la continuidad del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).
Unos 74.000 afectados en Castilla-La Mancha
Un modelo que, según el sindicato, durante 50 años ha demostrado su “eficacia”, tanto en ahorro a las arcas públicas como en descongestión de un servicio de salud que, “lamentablemente”, no cuenta con las fuerzas suficientes para hacer frente a todos los mutualistas sin tensionar el sistema, ha asegurado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, en la concentración que ha tenido lugar en Ciudad Real.
“Estamos a la espera de la última licitación del Gobierno y estamos pidiendo que lo hagan pronto para acabar con esta incertidumbre que sienten los empleados y empleadas públicas de toda España y por supuesto de Castilla-La Mancha que son unos 74.000”, ha dicho.
Asimismo, la Central Sindical también se ha concentrado para denunciar “la pérdida de poder salarial” del conjunto de empleados públicos, más de un 20% desde 2010 y dentro de una comunidad autónoma que “ha sufrido las tasas de inflación más altas de toda España”. En este sentido, se reclama tanto un nuevo acuerdo salarial plurianual vinculado al IPC como la convocatoria de la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha para abordar una subida retributiva.
Precisamente, en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados, que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010. “Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 suponen que los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan”.
CSIF también se ha concentrado en contra del “deterioro” de los servicios públicos de la región, y relacionado con el ámbito sanitario, el Sescam --asegura el sindicato-- está “impidiendo” la incorporación de profesionales para cubrir incapacidades temporales, vacaciones o ausencias. “Es una muestra de una política de recortes que provoca sobrecarga en la plantilla actual y demora en la atención a los pacientes, sin olvidar la paralización de la carrera profesional y el impago de la productividad variable”.
CSIF advierte que estas movilizaciones continuarán con medidas “más contundentes” si las diferentes administraciones siguen sin reaccionar.