Fracaso del biogás en Albacete tras dar carpetazo el Gobierno regional a una planta en su polígono industrial

Pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere hacer del biogás, mediante decreto, una apuesta firme en el despliegue de fuentes renovables en la región y aunque ha presumido de su amplia capacidad para la producción de este gas procedente de residuos orgánicos, la Administración regional ha decidido poner fin a un proyecto de biometano cuya promotora tenía planeado desarrollar en la ciudad de Albacete, la más poblada de Castilla-La Mancha.

Es el caso de la planta proyectada por Biogás Albacete S.L., filial de Aratel Energías Renovables, en el polígono industrial de Romica de Albacete. La Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional ha archivado los trámites de evaluación de impacto ambiental. Lo han comunicado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, quienes han manifestado que de esta forma, se pone fin a un procedimiento que comenzó hace dos años con el inicio del expediente.

La decisión de tumbar esta iniciativa, según informa el Gobierno regional, se realiza de conformidad de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, puesto que el informe urbanístico de compatibilidad urbanística ha sido negativo.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Albacete, gobernado por el PP, ya inició hace dos años su batalla contra este proyecto, arropado después por todos los grupos municipales. De hecho, en septiembre de 2023 cambió las normas urbanísticas de la ciudad para impedir la implantación en el término municipal de industrias que pudieran “generar molestias por olores”.

Concretamente, se introdujo en la regulación de los usos de las zonas industriales del suelo urbano la “prohibición expresa” de este tipo de industrias de producción de biogás a partir de residuos orgánicos de diversa procedencia.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento anunció la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en el mismo sentido. En un artículo de esta regulación municipal se incluyó que “las actividades susceptibles de provocar malos olores como consecuencia de la naturaleza de los materiales a procesar, como el caso de residuos orgánicos de distinta procedencia, o durante las etapas de producción, no podrán ser instaladas en polígonos industriales”.

El PSOE se alineó con el PP

Ante estas medidas, el PSOE albaceteño, en la oposición, ya tenía preparada también su ofensiva de rechazo, alineada con el alcalde y contra todo pronóstico, a la vista del desarrollo de varios de estos proyectos en la región con el visto bueno del Gobierno socialista. Presentó una moción que se aprobó por unanimidad (incluido Vox) en el pleno municipal tan solo un día después de que el alcalde del PP anunciara las medidas mencionadas.

En esta propuesta se pidió al Ayuntamiento que iniciativas como la planta de Aratel no puedan instalarse en suelos industriales. “Hemos mostrado unanimidad frente a la instalación de iniciativas empresariales que no estén bajo la premisa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”, resalta la concejala socialista Amparo Torres tras aprobarse la moción.

El PP y el PSOE unieron así sus fuerzas para presentar las alegaciones pertinentes al proyecto de la mercantil en el proceso de exposición pública, a través de su Servicio de Medio Ambiente y de la Gerencia de Urbanismo. La alianza de ambos partidos llamó la atención por tratarse de la ciudad más poblada de la comunidad autónoma.

A la oposición política se unió también la vecinal y social. Desde ACCEM-Ecologistas de la Manchuela y explicaron que este rechazo se debía a que “se están agitando las aguas” con los proyectos de biogás y ambos partidos se vieron “azuzados” por el rechazo social.

Hoy mismo, la portavoz de Stop Ganadería Industrial, Inma lozano, ha considerado un “alivio” que se archive el proyecto. Ha recordado que esta plataforma ayudó a redactar las alegaciones mostrando los “efectos nocivos” tanto para las personas de la urbanización cercana al polígono industrial como para los propios empresarios. “Estos proyectos no son mas que ponerle una tirita al problema de los purines”, ha dicho.

No obstante, ha mostrado su “gran preocupación” ante el plan de biometanización que prepara el Gobierno regional. “Es técnicamente deficiente y los datos son dudosos”, afirma Lozano, al tiempo que apunta que Castilla-La Mancha proyecta alrededor de 100 plantas de estas características. “Nosotros estaremos muy atentos, las valoraremos en su conjunto y presentaremos alegaciones en todos aquellos proyectos en los que veamos que no se cumpla la normativa y que tengan efectos tanto para el entorno como para la salud de las personas”.

La promotora defendió su proyecto

Poco después, Aratel Energías Renovables salía al paso de estas medidas para defender su proyecto. Argumentó que se trata de una empresa centrada en desarrollar proyectos de energía renovable de diferentes tecnologías en el marco de la transición energética, “con años de experiencia en el sector y sólida presencia en Castilla-La Mancha”. En ese comunicado, confirmaba que estaba desarrollando una planta de biometano en la ciudad, ubicada en el Polígono de Romica, a través de la filial Biogás Albacete.

Detallaron entonces que la inversión total del proyecto era de 13 millones de euros con la creación de 50 empleos durante su construcción y 10 puestos de trabajo durante la fase de operación y mantenimiento de la planta.

Según afirmó, el proyecto se hacía “en cumplimiento de las normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales vigentes en Castilla-La Mancha y el municipio de Albacete”, tras superar “minuciosos y exhaustivos requerimientos demandados por la Junta y el ayuntamiento en el proceso de autorización ambiental integrada (AAI).

Concluía afirmando que tenía la voluntad de continuar con sus planes de inversión, impulsando este proyecto “que aportará sostenibilidad, innovación y desarrollo económico a las empresas albaceteñas en una localidad de la que también forma parte”. No obstante, el Gobierno de Castilla-La Mancha hoy le ha dado carpetazo.