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El Gobierno de Page renueva su apuesta por facilitar la práctica de la caza a personas con pocos recursos, con dinero público

Varios cazadores buscan piezas en un coto de la localidad de Piedrabuena. Archivo EFE/Beldad

Carmen Bachiller

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El colectivo de personas cazadoras en Castilla-La Mancha suma unas 100.000 personas, según las estimaciones del Gobierno regional. Esta semana el Consejo de Gobierno ha vuelto a apostar por destinar dinero público a facilitar que puedan seguir cazando si, por razones económicas o de diversa índole, tienen dificultades para poder acceder a un coto privado.

De ahí que se haya aprobado renovar que la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la comunidad autónoma (GEACAM) se siga ocupando de gestionar los llamados 'cotos sociales' hasta el año 2027.

El Gobierno de Emiliano García-Page destina unos 400.000 euros anuales a gestionar y mantener estos 'cotos sociales'. Hay nueve en la comunidad autónoma y ocupan 13.000 hectáreas.

Fueron eliminados por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero el Ejecutivo de Emiliano García-Page los recuperó en el año 2015, alegando la necesidad de una herramienta para fomentar “la igualdad de oportunidades”.

Hoy se ofrecen 620 puestos de caza para las modalidades de recechos y monterías entre esos nueve cotos sociales. En 2024 hubo más de 5.300 solicitudes y el Gobierno regional asegura que el número crece cada año y que eso, “muestra el interés creciente en la población en esta actividad”, según el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha defendido hoy que el sector de la caza es una “actividad esencial” para la comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental porque da empleo a unas 14.000 personas y moviliza unos 600 millones de euros al año.

Cazar en ellos no es gratis, pero es más barato. Se paga por los permisos y hay cuotas dependiendo de tipo de actividad. Por ejemplo, los permisos de caza menor cuestan poco más de 58 euros.

Los nueve cotos sociales son los de Cañadillas y Solanillas, en los términos municipales de Sevilleja de la Jara y Puerto de San Vicente, en provincia de Toledo. En la provincia de Ciudad Real, los de El Gallego, Valdegracia y Caparroso, en Anchuras; Peñasnegrillas entre Almuradiel y Viso del Marqués, y el de Riofrío en La Puebla de Don Rodrigo. Por último, en la provincia de Albacete, el de Oriñuela en San Pedro y el de Cuarto Alarcón entre Ayna y Molinicos.

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