Es la crónica de una huelga anunciada. Este miércoles 11 de septiembre, más de 27.000 docentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar la jornada de protesta convocada por los sindicatos STE, CCOO y CSIF para exigir a la administración regional que se siente a negociar soluciones para la mejora del sector en la región. Las tres organizaciones habían puesto fecha a la huelga durante el verano y advertían: “Las clases empezarán sin profesorado”.
La movilización quiere reivindicar una educación “pública de calidad” y ha estado precedida por otras convocatorias de protesta como caceroladas que han pedido acabar con los “recortes estructurales que ya no achacan solo al Gobierno de Cospedal, entre 2011 y 2015, sino a los gobiernos posteriores de Emiliano García-Page”.
Las tres organizaciones sindicales aseguran aglutinar el 60% del profesorado de la región y entre las demandas que hacen al Gobierno castellanomanchego se encuentra la reducción del número de estudiantes por clase, la disminución de las horas lectivas a 18 para enseñanzas medias y 23 para maestros y maestras, así como la merma de la burocracia en los centros educativos. Por otro lado, también exigen el aumento de las horas dedicadas a actividades complementarias. En definitiva, la “reversión de los recortes en recursos y personal”.
“Hemos convocado a más de 27 000 docentes para la huelga del sector educativo el 11 de septiembre”, anunciaban los tres sindicatos este martes, en su valoración del inicio del presente curso escolar. Las organizaciones sindicales han recordado también que este miércoles habrá concentraciones a las 11:30 horas frente a las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, así como en el Pincho de la Feria de Albacete.
“Voluntad meridianamente clara” de diálogo del Gobierno regional
El Gobierno regional ha asegurado, ante la previsión de esta convocatoria de protesta, que la voluntad de la Consejería de Educación de sentarse es “meridianamente clara”. Así lo expresó el pasado 5 de septiembre el vicepresidente de Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, que también aprovechó para pedir a los tres sindicatos convocantes que se sumen al acuerdo suscrito por el Ejecutivo con ANPE y UGT. “Creo que nadie puede poner en duda el esfuerzo que estamos haciendo en recuperar todo lo que se perdió en el sistema educativo en la época del Gobierno de María Dolores de Cospedal y el esfuerzo que estamos haciendo”, afirmaba entonces el vicepresidente.
Las organizaciones convocantes respondían entonces a Martínez Guijarro: “El acuerdito que nos piden suscribir no recoge la mayoría ni ninguna de nuestras reivindicaciones, ni atiende a las demandas mayoritarias del colectivo de docentes”. Además, acusaron al vicepresidente de “poner en duda su inteligencia” y recordaron que dicho “acuerdito” no revierte los “gravísimos recortes” de la administración liderada por el PP. Recortes que, han recordado, “aún arrastramos pese a que ustedes se comprometieron a revertir cuando llegaran al Gobierno, ni responde a las necesidades presentes y futuras de la escuela pública” regional. Este martes han tachado dicho acuerdo de ser un “brindis al sol”.
La región, en los “últimos puestos”
Además de la respuesta enviada directamente a Martínez Guijarro, los sindicatos han querido destacar que Castilla-La Mancha ha caído a los “últimos puestos” en educación, según el último informe PISA y que esto es un “reflejo” de las dificultades que “arrastra el profesorado”. Y han recordado que la reducción de las horas lectivas se debe a que el profesorado, además de dar clase, ha de “preparar informes, proyectos, materiales didácticos, realizar registros y adaptar la enseñanza para impulsar la inclusión educativa”. Y todo esto, han resaltado, se hace “a coste cero”.
La “burocratización” de la labor docente tiene como consecuencia que el profesorado no puede dedicarse del todo a sus alumnos y alumnas, han advertido, algo que es “insostenible” y que “cada vez merma más” a los profesionales.
A todas las reivindicaciones han añadido la “amenaza” de la “grave” caída de la natalidad, que puede traducirse en cierres de colegios y en una reducción de la plantilla en centros públicos. “Esperamos que no sea el personal docente del modelo público quien asuma todas las consecuencias de la caída de la natalidad”, han añadido este martes. Finalmente, los convocantes han asegurado que destinar “12.000 millones de euros” a la consejería de Educación “no soluciona las problemáticas que vive el profesorado”. Lo que sí soluciona la situación, a su juicio, es “una negociación colectiva real sobre las condiciones laborales del profesorado para que puedan empezar el curso sin retos pendientes a los que enfrentarse”.
ANPE y UGT reivindican el acuerdo firmado con la Junta
El sindicato UGT anunció que no secundaría la convocatoria de protesta, tras haber firmado el acuerdo con la consejería de Educación, en el que, consideran, se “recogen gran parte de las peticiones por las que los sindicatos no firmantes de ese acuerdo han convocado la huelga”.
Se trata de “avances fundamentales”, como la bajada de horas lectivas en Secundaria y Primaria respectivamente, bajadas de ratios, y mejoras económicas y de conciliación para el personal interino, incluyendo también amplias ofertas de empleo durante 5 años, que contribuirán a reducir la interinidad en el sector, tal como describen en un comunicado. “Nos encontramos en la primera mitad del periodo acordado para realizar estas mejoras laborales, habiendo conseguido ya, la menor carga lectiva en catorce años para todos los docentes, ratios más bajas que antes de los recortes en Infantil y Bachillerato, la mayor oferta de empleo público en 15 años, un sistema de sustituciones que facilita la conciliación, el reconocimiento del verano para personal interino contratado en septiembre y octubre hasta final de curso, además de un día adicional de libre disposición, la posibilidad de reuniones telemáticas, y la puesta en marcha de medidas encaminadas a la reducción de la burocracia, algo indispensable para la mejora de las actuales condiciones laborales”, han resaltado.
El sindicato ha considerado que estas medidas se han producido a un ritmo que “no se había producido antes del acuerdo firmado” y han advertido de que vigilarán el cumplimiento “íntegro” por parte de la administración. Eso sí, han advertido de que hay “reclamaciones recurrentes” del sindicato que no se han cerrado, como la “eliminación de la contratación precaria por parte de la administración” o la “reducción retribuida para mayores de 55 años”, así como la “sobrecarga” de trabajo para el profesorado de la FP Dual, entre otros. Sin embargo, han destacado que mantendrán su propia hoja de ruta.
Nuevo calendario de negociación
Por su parte, el presidente regional de ANPE en Castilla-La Mancha, Martín Navarro, ha afirmado respetar a los sindicatos convocantes y ha defendido que hay un calendario de aplicación del acuerdo para la mejora educativa con el Gobierno regional que se está llevando a cabo y “en el que además está abierta la negociación en la que se puede adelantar mejoras de este acuerdo”, según recoge Europa Press.
Navarro ha explicado también que durante este curso escolar se prevé la apertura de un calendario de negociación para aportar medidas al segundo bloque de este acuerdo, porque, según ha recordado, el primer bloque del acuerdo de mejoras que firmaron ANPE y UGT termina este curso 2024/2025, con las últimas medidas que se están implementando y las que se van a implementar en los próximos meses. Así, se abrirá también el periodo de negociación, como así ha sido trasladado por la Consejería, para llevar a cabo las medidas que debe contemplar ese segundo bloque.
“Entendemos que la huelga es la última herramienta, el último mecanismo que un sindicato tiene de presión contra una administración”, ha enfatizado el presidente regional de ANPE, quien ha vuelto a defender que se están llevando a cabo medidas de mejora, y hay una orden que recientemente se publicó con la bajada de horas lectivas para los docentes de enseñanza media y otras medidas que llevan aparejadas y que se van a poner en marcha este curso.
Servicios mínimos
La resolución que establece los servicios mínimos para la huelga explica que se han tenido en cuenta los criterios jurisprudenciales, tales como extensión territorial y personal de la huelga, su duración y demás circunstancias concurrentes. De este modo, se pretende procurar “una razonable proporción entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales”.
En concreto, la edad, el número y las características especiales del alumnado, de manera que el profesorado afectado sea el imprescindible para atender al alumnado que asista al centro. De esta manera, se ha priorizado el derecho a la educación al alumnado o el derecho de los padres del alumnado menor de edad al ejercicio de su actividad laboral, al coincidir la jornada de huelga con un día laborable y también el derecho al trabajo del personal de los centros docentes que no secunde la huelga y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de convivencia.
Serán los responsables de la dirección de los centros los que deben garantizar la apertura de los mimsos y determinar a las personas cuyas funciones se establezcan como servicios mínimos, en caso de que no haya consenso.
Para fijar esos servicios mínimos, tendrán que tener en cuenta las ratios máximas de alumnado por aula contemplas en las Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos, que establecen 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de Educación infantil; 25 en Educación Primaria; 30 en Educación Secundaria Obligatoria, 15 en Programa de Diversificación Curricular; 32 en Bachillerato y 30 en Formación Profesional.
En los colegios rurales agrupados de Educación Infantil y Primaria habrá un docente por cada sección. En la cabecera lo será el director/a. En los colegios de Educación Infantil y Primaria y Colegios de Educación Primaria habrá un docente por cada tres unidades. A efectos del cómputo, tanto el director/a como el jefe/a de estudios computan como un docente más.
En institutos de Educación Secundaria, la edad del alumnado escolarizado en estos centros, a partir de 12 años, exige unos servicios mínimos que permitan garantizar una atención básica al alumnado que acuda al centro. Por ello, habrá un docente por cada seis grupos/unidades. A efectos del cómputo, tanto el director/a como el jefe de estudios computan como un docente más.
En conservatorios, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas, el horario de apertura de estos centros y la edad del alumnado escolarizado en ellos requieren unos servicios mínimos al único objeto de garantizar con carácter básico la organización en el centro. Por ello tendrá que haber un jefe/a de estudios.
En los centros de educación especial, el alto nivel de dependencia del alumnado de estos centros requiere unos servicios mínimos que permitan garantizar una atención especial. Por ello, habrá un docente de PT por cada tres unidades o fracción.