La portavoz del Gobierno y consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha valorado hoy las palabras del sacerdote de Albacete que tilda de “nazis” y “genocidas” a las mujeres que deciden abortar. El párroco Francisco José Sevilla Calixto no ve como un derecho la posibilidad que la ley abre a las mujeres para interrumpir el embarazo. “¿Aún piensas que el aborto puede ser un derecho? ¿Aún piensas que el aborto es salud reproductiva? ¿Aún piensas que el aborto es una ley de progreso?”, publicaba en su cuenta personal en una red social para rematar con una pregunta: “¿No es más bien algo propio del más radical nazismo que fomenta un genocidio?”.
Blanca Fernández ha pedido al cura “caridad cristina” en sus declaraciones ya que sostiene que “solo con empatía y respeto será más fácil convivir y no ahondar en el daño a muchas mujeres que toman la decisión más difícil de su vida”.
La Junta espera “romper la dinámica” y que los abortos puedan practicarse en centros públicos
Fernández ha dicho hoy durante la comparecencia ante la prensa que espera que el registro de médicos objetores de conciencia que plantea la futura ley del aborto sirva en la región para “ordenar los recursos humanos del SESCAM” y “romper la dinámica” existente hasta ahora de cara a poder prestar la atención sanitaria a las mujeres que así lo requieran en centros públicos. Hay que recordar que solo dos clínicas privadas de la comunidad autónoma ofrecen este servicio. No hay ningún centro sanitario público que realice una interrupción del embarazo regulada por ley desde hace más de una década y que ahora está en vías de ser modificada.
La también consejera de Igualdad ha aseverado que con la medida se podrá “romper la inercia” actual, y ahora se trabaja con el objetivo de poder empezar a prestar esa atención a las mujeres en hospitales públicos, según recoge Europa Press. Un objetivo que, si bien admite que no pasa por poder prestar esa atención en todos los hospitales públicos por el momento, sí se pretende llevar a cabo “poco a poco” en algún hospital para así “ir creciendo”.
La portavoz da así marcha atrás sobre el planteamiento del Gobierno castellanomanchego. En mayo del año pasado la propia Fernández aseguraba que obligar a que los abortos se hagan en sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. En aquel momento se pronunciaba así sobre la ley del Aborto a nivel estatal aludiendo a las “aristas” de la norma, como el hecho de “hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción”.