Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha celebrado que la Ley del Aborto evitará que las mujeres de Castilla-La Mancha tengan que desplazarse a otras comunidades a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. La vicecoordinadora de la formación en la región, Isabel Álvarez explica que “con la aprobación de esta norma se va a garantizar que los profesionales de la Sanidad Pública tengan formación reglada, impartida en los centros formación, sobre la interrupción voluntaria del embarazo tanto por medios farmacológicos como quirúrgicos”.
Blanca Fernández, consejera de Igualdad de la región, ya afirmaba en mayo de este año que la ley estatal tiene “aristas” que podrían llegar a “complicar” la gestión a nivel autonómico. En concreto, se refería a la obligación a practicar las interrupciones del embarazo en el sistema público, “sin ninguna excepción”. En este sentido, señalaba que era “incompatible” con el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. “A las mujeres hay que protegerlas de cualquier polémica, quizá merezca la pena reflexionar un poco sobre un tema tan delicado, porque un derecho se tiene que ejercer con garantías e intimidad”, apuntaba entonces.
De hecho, la consejera aseguraba que en la región “no encontraban la fórmula” para garantizar el derecho al aborto en los centros sanitarios públicos de la región, debido a la objeción “generalizada” de conciencia que existe. La nueva ley, eso sí, señala que debe existir un registro de objetores y al menos un profesional por cada hospital dispuesto a realizar las intervenciones.
Desde Izquierda Unida han señalado que la nueva normativa avanza sobre las “demandas del colectivo feminista” y de las mujeres que llevan “años pidiendo” que se modifique la anterior norma. Álvarez ha señalado que la aprobación de la Ley permitirá saber “quiénes y dónde se encuentran los médicos objetores, esos que se niegan a que ellos y su equipo realicen las interrupciones voluntarias del embarazo a pesar de estar recogido en la cartera de prestaciones sanitarias del SESCAM”.
Y es que, con la nueva ley, se va a “garantizar” que los profesionales de la sanidad pública tengan “formación reglada, impartida en los centros formación, sobre la interrupción voluntaria del embarazo tanto por medios farmacológicos como quirúrgicos”. Además, desde IU, recuerdan que se incluirá como un tema propuesto en los temarios para estudiar las oposiciones.
“Las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo no tendrán que desplazarse desde Castilla-La Mancha a comunidades limítrofes”, ha señalado Álvarez, que se ha mostrado “decepcionada” con el PSOE. “Nos gustaría que hubiese sido más ambicioso a la hora de suprimir el IVA de los productos menstruales”, resaltó.
En Castilla-La Mancha, la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo es prácticamente generalizada en todo el sistema público de la comunidad autónoma. Actualmente solo hay dos centros privados que realizan esta práctica, en la ciudad de Albacete y en la localidad de Miguelturra (Ciudad Real).