Un programa de Activación por el Empleo de Castilla-La Mancha, que va a sustituir a los tradicionales planes de empleo; modelar un servicio público de empleo participado por agentes sociales y Gobierno regional; que el jurado arbitral pueda también atender cuestiones y problemas entre empresas y trabajadores o crear un Instituto de Seguridad y Salud para abordar la sangrante siniestralidad laboral en la región, son algunos de los retos que el Gobierno regional y los agentes sociales se han comprometido a afrontar en los próximos cuatro años.
Así lo han ratificado este jueves en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, el presidente regional, Emiliano García-Page, con el presidente de la patronal castellanomancehga, Ángel Nicolás, y los secretarios regionales de CCOO, Paco de la Rosa, y UGT, Luis Manuel Monforte, respectivamente.
Un arranque de curso político, ha defendido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa posterior a este encuentro, con el que el Gobierno regional ha querido revalidar su “compromiso con el diálogo y la concertación social” con los principales agentes económicos y sociales en la región.
En este primer encuentro, que da el pistoletazo de salida a la legislatura, Gobierno regional y agentes sociales se han comprometido, a través del Consejo de Diálogo Social, a seguir dando continuidad y a renovar el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, vigente hasta el 2024.
Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales
“Ya estamos trabajando en lo que van a ser las comisiones y las reuniones de seguimiento que se celebrarán el próximo mes de octubre”, ha avanzado la consejera, que ha destacado que, a fecha de junio del 2023, se habían ejecutado el 42,8% de las medidas contempladas en dicho pacto, -ya hay 438 en ejecución, 37 ejecutadas y 49 pendientes de inicio-. El presupuesto se encuentra ejecutado en un 62,3%, esto es, 4.678 millones de euros.
De igual modo, se han comprometido a revisar y redefinir la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha, que está ahora mismo en ejecución pero que también llegará a su fin. “Nos plantearemos también el dar pasos juntos en la creación o en la fortaleza de herramientas que nos permitan avanzar tanto en el ámbito del empleo como en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo”.
Franco ha avanzado un nuevo programa de Activación por el Empleo de Castilla-La Mancha, que va a sustituir a los tradicionales planes de empleo. “En las próximas semanas llevaremos a cabo reuniones con los agentes sociales y con las cinco diputaciones provinciales y la FEMP, para plantear un nuevo escenario de políticas de empleo, en este caso de planes de empleo”.
Esta nueva herramienta, ha detallado, ha de incorporar en un mayor grado la formación de los trabajadores que se acogen a este tipo de políticas y, a su vez, también, especialmente en grandes municipios, dar participación al tejido empresarial local “para intentar avanzar hacia la estabilidad en el empleo de las personas que son beneficiarias de estos planes”.
La reedición del plan Adelante, en 2024, adaptándolo al contexto económico y a las necesidades del tejido productivo y a los avances del IV Plan de Formación Profesional, es otra de las tareas que tanto Gobierno como agentes sociales han marcado en su agenda a cuatro años.
“Un reto por delante”
“Castilla-La Mancha tiene un reto por delante, para los próximos cuatro años, y es ser un ejemplo de consenso, de diálogo, de acuerdo y de progreso en un escenario nacional donde, más allá de las controversias que puedan surgir en los diferentes territorios, los pactos y los acuerdos, Castilla-La Mancha tiene muy definida la estructura de diálogo social sobre la que ha basado sus políticas en los últimos años. Lo haremos sobre la base del Consejo de Diálogo Social”, ha terminado reafirmando Franco.
Por su parte, el líder de la patronal se ha mostrado orgulloso de que el diálogo social sea el elemento que distingue a Castilla-La Mancha de otras comunidades, que se diferencia del resto “por la manera en la que está haciendo las cosas”. De ahí la necesidad de preservar ese consenso en el nuevo Estatuto de Autonomía que está por redactarse en la región.
Mientras, el líder regional de CCOO, que ha calificado de “simbólico” que la primera reunión de legislatura del presidente regional haya sido con los agentes sociales, ha celebrado que el Ejecutivo autonómico se haya avenido a que el jurado arbitral, además de resolver conflictos en el seno de las empresas, pueda también atender cuestiones y problemas entre empresas y trabajadores, algo que evitará la judicialización.
Por último, Monforte, que interpreta el encuentro de este jueves como “una muestra más de la apuesta que hay en Castilla-La Mancha por el diálogo social y por seguir avanzando”, ha celebrado, de igual modo, la voluntad del Ejecutivo regional de crear ese Instituto de Seguridad y Salud. “Es un paso más allá y poder atajar esa sinestralidad laboral en nuestra región”.