La ciudadanía castellanomanchega pagará un nuevo impuesto del agua en 2025. Se trata del denominado “canon medioambiental” que el Gobierno regional aplica en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado definitivamente su puesta en marcha, con el rechazo de PP y Vox, tras un complejo y polémico trámite administrativo: el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya aprobó este canon hace dos años, después lo derogó debido a la crisis derivada de la inflación por la guerra de Ucrania, y ahora ha vuelto a recuperarlo incluyéndolo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales de 2024.
Este nuevo impuesto, que ha defendido en las Cortes el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, entrará en vigor el 1 de enero de 2025, ya que debe desarrollarse en futuro reglamento, y supondrá alrededor de “un euro y algo” en el recibo del agua. Además, habrá bonificaciones y exenciones, de tal manera que habrá hogares que “ni siquiera lleguen a pagar” esta tasa, según el Gobierno autonómico.
La recaudación de este canon estará destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha. Según ha insistido en reiteradas ocasiones el Ejecutivo, se trata de un impuesta que se cobra prácticamente en todas las comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha lo va a aplicar “con el menor coste para los ciudadanos”. “Un euro y poco” en el recibo del agua, ha detallado.
Se establecerá un sistema de pago por tramos de consumo mensual de manera que pague más quien más consuma ya que lo que se pretende es inducir al ahorro de consumo de agua.
Estarán exentos del canon del agua los primeros 10.000 litros consumidos cada mes, sea en una vivienda o en un establecimiento. Teniendo en cuenta que este consumo, por las estimaciones hechas, en algunos casos va a superar los 10.000 litros al mes, habrá bonificaciones sociales que pueden llegar hasta el 100% en algunos casos.
Estas bonificaciones serán para familias numerosas, para víctimas de violencia de género, para personas vulnerables, y también se aplicarán en zonas escasamente pobladas. También habrá excepciones a la industria agroalimentaria. Y en lo que tiene que ver con las infraestructuras destinadas al uso deportivo, como por ejemplo piscinas municipales, también estarán exentos de este pago.
Asimismo, el Gobierno regional ha establecido que cuando se aplique el canon, el 25% de lo percibido irá destinado a los ayuntamientos para que con este dinero puedan ejecutar inversiones en las infraestructuras del ciclo integral del agua que sean de su competencia.
Para la implantación de este nuevo impuesto se modificará la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha aprobada hace dos años. Para la aplicación de las actuaciones a las que va destinada su recaudación se creará un fondo de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región, que se financiará con los ingresos obtenidos del canon medioambiental.
Manifestación de alcaldes del PP
“No se pueden gestionar tributos sin saber. No se puede gestionar tan mal”, lamentaba el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que fue uno de los convocados por el PP para exhibir músculo municipal y exigir al Gobierno regional de Emiliano García-Page que abandonen el polémico cánon del agua. Se han concentrado a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Junta, pese a que otras comunidades gobernadas por este partido ya aplican este canon.
“Se nos quiere pegar un sablazo con un impuesto irreal”, afirmaba Cañizares, acompañado por decenas de alcaldes y alcaldesas de toda la región. “Este sobrecoste que se quiere aplicar es fruto de las carencias del gobierno de Page. Saben que está mal hecho. Las cantidades no responden a un criterio lógico y nos tenemos que manifestar en defensa de nuestros vecinos”, afirmó Cañizares. “Parece que a Page lo único que le importa es cobrar dinero”, resaltó.
Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara, reprochó al Gobierno regional el haber “abandonado el diálogo” y el acuerdo con el municipalismo. “Ha decidido aprobar un impuesto que no es necesario y que sean los Ayuntamientos que lo cobren y lo paguen. Pero es innecesario, porque ya pagamos por el agua”, afirmó la ‘popular’.
Guarinos lamentó que se va a pegar un “sablazo monumental” a los ayuntamientos y que esto va a generar un agravio “comparativo” con otras regiones, como Madrid “que no cobran el impuesto”. “Es recaudatorio. No tiene finalidad de prestar servicios ni de depurar el agua. La Junta ni nos suministra ni nos depura el agua”, resaltó.
Además, ha asegurado que es “muy grave” que se haya decidido los ayuntamientos sean “recaudadores de impuestos para la Junta”. “Si quieren cobrar impuestos contra los ciudadanos, que tengan la valentía de cobrarlo directamente”, indicó. “Decimos que no a prestarnos como servidores de Emiliano García-Page”, remató la alcaldesa.
El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha explicado que en el caso de municipios medianos como el suyo, de unos 30.000 habitantes, “no es ético” cobrar un impuesto que no repercuta en beneficio de la ciudadanía. “Tenemos depuración de agua con nuestra toma en el río Mundo y el agua que depuramos la usamos para regadíos, cumplimos con la economía circular. Lo estamos haciendo bien y ya pagamos la tasa de amortización”, señaló Serena.
“Tenemos serias dudas de que la voluntad sea contener el consumo de agua”, criticó por su parte el alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, que pidió al Gobierno regional que si de verdad quieren colaborar “que colaboren con nosotros en gestión de depuradoras”. “Vamos a tener que incrementar el consumo de agua que se utiliza también para baldeado de calles o cuando alguien se ducha tras una actividad deportiva. Lo único que van a conseguir es poner las cosas más difíciles a los comercios”.
El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha calculado que el impuesto supondrá para su ciudadanía, unos casi 50.0000 habitantes, un total de cerca de un millón de euros al año. “Es algo inasumible. No tenemos por qué sangrar a nuestros vecinos”. Finalmente, Alberto Lara, alcalde de Puerto Muñoz, ha resaltado que este cánon se unirá al que la localidad ya paga por la infraestructura de la tubería manchega, a lo que se añadirá el impuesto que tendrán que pagar por una depuradora nueva cuando ésta infraestructura se construya. “Vamos a pagar a precio de oro un bien esencial”, concluyó.
El debate: un careo entre PP y PSOE
El debate parlamentario de esta medida ha sido sobre todo un careo entre PP Y PSOE, con una breve intervención de Vox. El diputado de la extrema derecha sostiene que “no es un canon sino un nuevo impuesto”. Ha acusado al PSOE de estar “muy sometido” a la Agenda 2030 y ha pedido derogarlo. “Expliquen en cuánto se va incrementar la factura cuando abran el grifo. ¿Cuánto es el agua no registrada? Hay 44.900 millones de litros que se pierden por fugas, por falta de mantenimiento y de innovación. Un 21%”, ha comentado Francisco José Cobo.
Desde el PP, Santiago Serrano lo ha calificado de “impuestazo” y ha mostrado sus dudas sobre la fecha de su entrada en vigor. “Si se va a cobrar en 2025… ¿Por qué en los presupuestos de este año figuran 38 millones de euros procedentes del canon?”. La pregunta no ha tenido respuesta. También se ha mostrado descreído con el argumento de que se cumple con el mandato de la Directiva Marco del Agua (DMA) que data del año 2000. “Dicen que, si no, habrá sanciones, pero en 24 años no ha habido ni una”.
Ha puesto algunos ejemplos de la repercusión en el bolsillo de los ciudadanos. “Serán 96 euros por año y familia. Para una bodega media, 1.965 euros al año, para un lavadero de coches 1.493,52 euros, para un bar 572 euros más cada año”. Y además sostiene que es “un lastre para los recursos municipales”.
El diputado socialista Fernando Mora ha acusado al PP de “engañar a la gente” porque este canon lo aplican todas las comunidades autónomas y también se ha referido a la concentración de alcaldes convocada por el PP a las puertas del Parlamento.
“Si ha estado el alcalde de Los Navalucillos hoy en la concentración de alcaldes a las puertas de las Cortes regionales, pregúntele por su notificación a la Mancomunidad del río Pusa para cobrarles 35.592,48 euros porque la tubería de abastecimiento a la mancomunidad pasa por sus terrenos municipales. No sé si es justo o no. Pero eso repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Esa es la política del agua del PP?”, preguntaba.
Hacia el final de esta parte del debate parlamentario, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha subido a la tribuna de las Cortes. Lo hacía durante la fijación de posiciones políticas sobre el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, la citada ‘ley de acompañamiento’.
De paso, ha aprovechado para hablar sobre la ley de amnistía y acusar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de facilitar que “Puigdemont pueda llegar a ser candidato en las elecciones catalanas” por no obligar a los ocho diputados socialistas en el Congreso a votar ‘No’ a la amnistía.
De poco le ha servido al ‘popular’ que el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Juan Alfonso Ruiz Molina acusase al PP de “campaña de desinformación” o que dijese que una enmienda socialista permitirá “transferir los a ayuntamientos un 25% de la recaudación del canon para inversiones en materia de agua que sean de su competencia”.
Y es que Núñez cree que el canon es “un plan maquiavélico para que los ayuntamientos metan mano al bolsillo de los ciudadanos y después lo manden [la recaudación] a una hucha del Gobierno de Page”. Ha asegurado que la Junta “no ha realizado las infraestructuras hidráulicas que merecen los ciudadanos” y que hay “dejación de funciones”. También sostiene que el canon del agua ya se viene pagando en la comunidad autónoma desde que en 2002 se aprobase la Ley regional del Ciclo Integral del Agua.
Este canon del agua no lo es para toda la población
“Este canon del agua no lo es para toda la población. Hay exenciones muy importantes que ustedes se niegan a decir”, le replicaba el diputado socialista Fernando Mora que ha criticado que Núñez haya asegurado que “Page se va a llevar los cuartos del canon. ¿A dónde? Puede no estar de acuerdo, pero sin insultar a nadie”.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital cerraba el debate cargando también contra Paco Núñez. “Se ha rodeado usted hoy de muchos alcaldes para protestar contra el canon del agua. No sé si estaba la alcaldesa de Guadalajara que ha incrementado el IBI en un 20% y la tasa de la basura en un 15%. No sé si estaba el alcalde de Toledo que ha incrementado el recibo del agua de Toledo en un 30% o el de Talavera, que lo ha hecho en un 25”, le respondía Juan Alfonso Ruiz Molina.
“Núñez nos dio ya lecciones como alcalde de Almansa subiendo todos los tributos. Hay que tener cierta caradura para decirnos que metemos mano al bolsillo”, decía el consejero quien ha tildado de “sorprendente” que cuando se hable del canon del agua “se ponga como ejemplo a la Comunidad de Madrid, sin hablar de Aragón, Murcia, Cantabria, Canarias, Extremadura, Galicia… Ninguna lo ha derogado. La Comunidad Valenciana que lo había suspendido lo va a poner en marcha en este 2024”.