El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado y la empresa Reciclados del Marquesado SL, que gestiona el mayor vertedero privado de España en esta localidad conquense, ha llegado a los tribunales. En concreto a la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
La razón es la negativa del alcalde, Álvaro Martínez Chana, a facilitar el documento con los detalles del acuerdo que permite a esta empresa, dependiente del Grupo Griñó, explotar la instalación.
Ecologistas en Acción de Cuenca ya solicitó información en agosto de 2018 sobre los trámites de autorización del macrovertedero de la localidad. No hubo respuesta.
En 2021 la planta entró en funcionamiento en una superficie de casi 69 hectáreas, con 60 empleos y una inversión de más de 15 millones de euros. Ese año la organización ecologista volvió a pedir información, esta vez de forma explícita sobre el convenio, para conocer la compensación que ofrece la empresa “por los perjuicios causados por este macrovertedero tan impactante”.
En octubre de 2023, la respuesta llegó mediante un decreto de Alcaldía en el que no se admitió a trámite la solicitud presentada por Antonio Jorge San Vicente, de Ecologistas en Acción la Manchuela.
En sus argumentos, el alcalde explicó que el solicitante, Antonio Jorge, no había acompañado “documento alguno que acredite la representación que dice ostentar”. Además, dio por hecho que “la Asociación Ecologistas en Acción fue parte en la tramitación ambiental del expediente sin que entonces ”formulara alegaciones y que, por haber sido parte, dicha asociación dispone ya de la documentación que ahora se solicita“.
También aducía el alcalde la imposibilidad de facilitarla “visto el volumen de la información solicitada, los medios limitados con los que cuenta este ayuntamiento y que atender a la solicitud en los términos tan amplios en los que se formula, supondría paralizar cualquier otra actividad municipal durante días”. Y finalmente alegaba que esta misma petición “ya ha sido formulada en otras ocasiones” y que el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado ya había resuelto sobre la cuestión.
“Lo que nos ha sucedido es kafkiano desde que decidimos continuar con un tema que viene de largo”, explica Antonio Jorge quien dice estar sorprendido por las formas. “Poco menos que nos dijeron que estábamos abusando y que como son un ayuntamiento pequeño no pueden dedicarse a esos trámites”. En su opinión, se trata de “maniobras dilatorias cuya única finalidad era la de marear la perdiz”.
El siguiente paso fue recurrir al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. “Contestamos en tiempo y forma al decreto para que no nos dejasen fuera de juego. Tuvimos que recurrir al Consejo Regional de Transparencia que dictó a nuestro favor. Tenemos derecho porque es información pública y además a tenerla en el plazo de diez días”, resalta el ecologista.
El Consejo Regional de Transparencia había dado la razón a Ecologistas en Acción en una resolución fechada en abril de 2024 en la que dicta “que se proceda a la revocación o rectificación de la Resolución por decreto de Alcaldía” y que se facilite “en concepto de información pública” una copia íntegra del convenio firmado entre Reciclados del Marquesado, S.L. y el ayuntamiento, así como el expediente completo relacionado con dicho convenio.
Sin embargo, se dejó abierta la puerta para que, en el plazo de dos meses, el Ayuntamiento pudiera interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Y así lo hizo. El consistorio lo presentó. Fue notificado a Ecologistas en Acción con fecha 19 de junio de 2024 en una nueva resolución del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, emplazando a los interesados a personarse en el proceso en el plazo de nueve días. “Nuestra sorpresa fue la notificación, ya tiempo después, por parte del propio Consejo Regional de Transparencia de que el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, relata Antonio Jorge.
La Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el ayuntamiento, según han confirmado fuentes judiciales. La Sala solicitó el expediente relativo al acuerdo que se ha recurrido y dicho documento ya obra en su poder, según las mismas fuentes.
La Asociación Ecologistas en Acción de la Manchuela se ha personado en el proceso. “Estamos a la espera de saber qué argumentos esgrime el ayuntamiento. Hasta ahora solo conocemos los argumentos formales que ya nos comunicó. No conocemos ninguna razón de fondo”, explica Antonio Jorge San Vicente, quien sostiene que “tenemos meridianamente claro que se trata de información de acceso público: hablamos del convenio de un ayuntamiento con una institución privada”.
A la organización ecologista le asalta la sospecha ante la insistencia por parte del ayuntamiento de no facilitar los datos. “Nos da una idea de la gravedad del asunto y esto es un intento de ocultación de información. ¿A qué se debe? Si no tienes nada de esconder, la das a conocer y ya está. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento le ponga un contencioso al Consejo de Transparencia?”, se pregunta.
Un polémico macrovertedero
Este “complejo medioambiental de gestión de residuos”, como consta en todas las resoluciones por parte de las administraciones públicas cuenta con autorización ambiental integrada desde febrero de 2016, que se renovó en 2020, y la primera autorización por parte del Gobierno regional para las operaciones de gestión y tratamiento de residuos se remonta a agosto de 2019.
En abril de este año 2024, Ecologistas en Acción de Cuenca anunció su intención de denunciar la gestión de un macrovertedero en Cuenca por presuntas irregularidades en la infraestructura, porque aseguran que se están recibiendo residuos “ilegales”, aunque todavía no se ha concretado ninguna denuncia.
La organización ecologista ya había pedido en 2021 el cierre cautelar de la planta tras registrarse un incendio. En 2022, la Guardia Civil detuvo a cinco trabajadores por traficar con tabaco decomisado en estas instalaciones. La empresa aseguró entonces en un comunicado que “nunca antes habían tenido ningún indicio de anormalidad en el tratamiento de este tabaco decomisado y siempre habían establecido el seguimiento estricto que establece la ley para estos casos”.
Según la última inspección por parte de la Junta de Castilla-La Mancha a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es sobre el grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación, la empresa realiza un cumplimiento “muy bajo” en tres cuestiones “muy relevantes” de los permisos y otras cuatro más en las que el cumplimento es “bajo”. Se refiere en concreto a aspectos administrativos y prescripciones generales, al vertido de aguas o a las prescripciones como gestor de residuos. En el informe fechado el 5 de abril se insta a la empresa a solventarlo.
A la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal castellanomanchego, este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado y con el Grupo Griñó para conocer su versión en todas estas cuestiones. Sin respuesta por el momento.