El mayor vertedero privado de España, en el punto de mira por presunto tráfico ilegal de residuos procedentes de Italia

Tras años de denuncias de las asociaciones ecologistas por falta de transparencia y actividades ilegales, el vertedero de Almonacid del Marquesado, en Cuenca, que opera desde 2019, ya se encuentra en el punto de mira de la Guardia Civil. Esta semana, en el marco de la Operación “Rifiuti”, ha detenido e investigado a 15 personas físicas y siete jurídicas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada supuestamente al tráfico ilícito de residuos de origen urbano.

Según el Instituto Armado, eran depositados “de forma descontrolada” toneladas de residuos urbanos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, en localidades de Tarragona y Cuenca procedentes de Italia.

Las personas investigadas habían cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los residuos. A estas personas se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización delictiva, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental.

La Guardia Civil informa de que las investigaciones comenzaron tras detectarse la entrada de residuos en España cuya documentación podría estar falsificada y que serían destinados a vertederos sin haber sido tratados previamente. 

Las primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y con sede en Cataluña y Castilla-La Mancha que comerciaban a grandes niveles con residuos italianos.

Se pudo verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a vertederos. Estas cantidades de residuos urbanos de origen italiano arrojados ilegalmente en vertederos españoles habrían superado las 40.000 toneladas al año desde el 2021. 

Precios más bajos en España para la gestión de residuos

A pesar de que las empresas italianas eran contratadas para la gestión de residuo urbano, estas derivaban su eliminación a España para ahorrar costes, lo que habría reportado unos ingresos millonarios a costa de la hacienda italiana. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años.

“Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada país se haga cargo de sus residuos”. España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos, siendo obligación de las autoridades italianas la gestión y eliminación de residuos generados en núcleo urbano. 

El resultado es que diariamente se enterraban en vertederos situados en las provincias de Tarragona y Cuenca toneladas de residuos urbanos de todo tipo provenientes de Italia, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, “lo que puede generar un daño en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes”.

La Guardia Civil ha practicado cinco entradas y registros en sedes de personas jurídicas de Lleida, Constantí y Riba Roja D´Ebre, en Tarragona, y Almonacid del Marquesado, en Cuenca, donde se ha intervenido diverso material informático y realizado toma de muestras de los residuos trasladados, que ayudarán a continuar con el esclarecimiento de los ilícitos. La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a los investigados que forman parte del patrimonio obtenido mediante la actividad ilícita, de cara a una futura restitución del daño generado.

Con motivo de esta operación, el alcalde de Almonacid del Marquesado, que también es presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha manifestado “su respeto” y ha pedido “cautela” y ha detallado hasta el momento no se han producido detenciones ni hay investigados entre el personal de la planta.

Ha comentado que “no es del agrado” que el nombre de una empresa que opera en la población esté implicada en una operación de esta índole y ha destacado que se trata de una operación internacional que se ha desarrollado en distintos puntos de la geografía española, “no enmarcada solo en Almonacid e Italia” y que habrá que analizar “el alcance final que tiene la misma en cada uno de los lugares afectados.

De hecho, Martínez Chana dice que, tras la intervención de la Guardia Civil, los operarios trabajan con normalidad en las instalaciones del vertedero y ha asegurado que lo que más le importa es el futuro de las 40 personas de Almonacid y de pueblos de alrededor que viven de la planta. El alcalde espera que los responsables que hayan cometido delito, “si son condenados, respondan ante la justicia”.

“El gran negocio del tráfico ilegal”

Por su parte, Ecologistas en Acción, que lleva años denunciando esta situación, ha exigido cerrar del macrovertedero. Esta organización inició el seguimiento de las actividades de la planta un año antes del inicio de sus operaciones ante “la constatación de la enorme dimensión del proyecto en un entorno despoblado y sin industria”.

“El gran negocio del tráfico ilegal de residuos se basa en las enormes diferencias de las tasas en función de los países e incluso según las comunidades autónomas. Así, en Italia el vertido de una tonelada de residuos peligrosos puede estar gravado por una tasa de 400 euros. Desde la implantación de la Ley 7/2022, se instauró un impuesto de vertido de residuos a nivel estatal de 30 euros por tonelada de rechazos municipales. Sin embargo, cada comunidad autónoma ha dispuesto de una tasa o tributo adicional: en Catalunya es de 53 Euros, 31 en Aragón y, para el caso de Castilla-La Mancha, no existe tasa autonómica, por lo que es el 'destino deseado' de los residuos industriales”, indican.

Según la organización proteccionista, el macrovertedero, a día de hoy, sigue recibiendo residuos a pesar de que la Guardia Civil ha constatado que parte de ellos podrían ser “residuos peligrosos”, con lo que conlleva de riesgo para las personas y el medio ambiente. Por ello, solicita el cese inmediato de actividad de la instalación.

Los ecologistas señalan que desde que empezó su funcionamiento, han observado reiterados incumplimientos de la normativa, como el de la autorización ambiental integrada (AAI) y vertido de residuos no autorizados que han llevado a sanciones. Una de ellas asciende a los 200.000 euros y ha sido recurrida por la empresa propietaria, el grupo Griñó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En enero de 2024, Ecologistas en Acción interpuso una queja ante el Consejo Regional de Transparencia (CRT), dada la negativa del alcalde Almonacid del Marquesado a facilitar el convenio del Ayuntamiento con los propietarios del macrovertedero. El procedimiento culminó con la admisión de dicha queja. Sin embargo, la organización ecologista afirma que el edil no ha seguido las indicaciones del CRT y, lejos de facilitar la información solicitada, ha demandado a este organismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción se personó en julio de 2024 en el procedimiento como codemandado.

“Llevamos años preocupados por un macrovertedero que ha funcionado desde el inicio con numerosas irregularidades. Pero ahora la preocupación se ha transformado en desasosiego, al constatar lo que temíamos: que están llegando a Almonacid del Marquesado residuos entre los que podría haber residuos peligrosos, para los que no está preparada la instalación, con el tremendo riesgo que supone para personas y entorno”, ha indicado el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Villeta.

Por ello, la organización ecologista ha reiterado su intención de conseguir la suspensión inmediata de la actividad, hasta que se garantice que no existen riesgos de contaminación al suelo, el agua o el aire.

“También estamos estudiando la personación en el procedimiento penal abierto en el juzgado de Tarragona para que se depuren responsabilidades, tanto de los actores materiales de los presuntos delitos como de los responsables políticos que han actuado, al menos, de forma negligente”, ha concluido Villeta.