Si hay un conflicto laboral sostenido en el tiempo en Castilla-La Mancha es el existente en la Empresa Pública de Gestión Ambiental, GEACAM. Sus trabajadores y trabajadoras mantienen un pulso constante con la Administración que preside Emiliano García-Page desde que su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, acometiera grandes recortes en su plantilla y medios operativos. Desde entonces, aunque se han cosido algunos de estos 'tijeretazos', no han faltado huelgas, manifestaciones, encierros, continuas negociaciones y muchos 'tira y afloja'.
En una entrevista con elDiarioclm.es y respecto a las últimas protestas, diez años después de esos recortes, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, dice estar convencida de que existen soluciones. “Estamos trabajando sobre ellas”.
Recuerda que el Ejecutivo regional actual partía de una situación “muy mala”. “De ser una gran empresa desde el punto de vista de la gestión forestal sostenible y de la extinción de incendios, nos encontramos con una empresa en 2015 totalmente desvencijada, sin medios y sin personal. Eso ha conllevado a que durante estos años hayamos intentando dotar a la empresa de medios y personas necesarios para atender la demanda que existe en Castilla-La Mancha”.
Reconoce que debido a ello, ha habido “desajustes” en la empresa pública, lo que ha conllevado se haya puesto encima de la mesa un plan de viabilidad y medidas para intentar “encajar el personal con las nuevas situaciones laborales” y con las modificaciones del tipo de contratos que ha establecido el Gobierno central para todas las empresas, incluidas las empresas públicas.
Del mismo modo, la Junta de Castilla-La Mancha, señala la consejera, está buscando el encaje con la normativa que próximamente aprobará el Gobierno de España sobre bomberos forestales. “La categoría de bombero forestal se puso encima de la mesa con una modificación sustancial de las funciones de los trabajadores de GEACAM para avanzar. Estamos trabajando en ello desde hace dos años”.
Tenemos contratos laborales que permiten la eventualidad de esos trabajadores y por lo tanto se les contrata cuando hay una necesidad
“Es una empresa que se está adaptando a todas esas necesidades y lógicamente puede haber alguna distorsión o problema, pero niego la mayor, porque no ha habido despidos. Tenemos contratos laborales que permiten la eventualidad de esos trabajadores y por lo tanto se les contrata cuando hay una necesidad. Si no la hay, se mantienen los servicios con el personal de plantilla. Finalizar su contrato no significa que se vayan a la calle y no se les vuelva a llamar, sino que van a la bolsa de trabajo correspondiente dentro de la empresa y se les reconoce la antigüedad para volver a contratarlos. Luego no es un despido”, argumenta.
Respecto al último encierro de tres representantes de CCOO de los agentes medioambientales, que reclamaban que se atendiesen reivindicaciones sobre su categoría laboral, Mercedes Gómez confía en que próximamente se puedan aprobar esos cambios. “Lo que plantean es lícito y espero que podamos solucionarlo en breve”.
También ha valorado la consejera la resolución de la Inspección de Trabajo que concluyó que la empresa pública había cometido una infracción administrativa en materia de seguridad laboral al no realizar una medición de agentes químicos y cancerígenos. La denuncia se basaba en la posibilidad de que los residuos que se generan en un incendio y que se depositan con las cenizas en la ropa de las personas que atienden el fuego, puedan ser contaminantes.
En busca de un protocolo estatal sobre las cenizas de los incendios
“Esto no se ha demostrado que sea así. Hay estudios que están siendo analizados a nivel nacional para ver ese tipo de sustancias. Es una medida que se tiene que tomar a nivel nacional: qué hacer con ese tipo de vestuario, cómo descontaminarlo y cuáles deben ser los procedimientos homologados, porque en este momento no hay un sistema estatal”.
Admite que algunos estudios sí que hablan de sustancias cancerígenas, pero “tendrían que estar a unos niveles muy superiores y en exposición directa, algo que no se da en los incendios forestales”. Por eso insiste en que hay que tener medidas y protocolos. Y en que eso debe determinarlo el Gobierno central.
Finalmente, sobre el hackeo que sufrió GEACAM a finales del pasado mes de septiembre, la consejera de Desarrollo Sostenible señala que con ello se vio que “teníamos un sistema débil desde el punto de vista de la posible incursión de hackers”. Pero añade que esto ha motivado una inversión en la mejora de la seguridad informática de la empresa pública y también en cuanto a los sistemas de copias de seguridad para blindar los datos sensibles.
“Perdimos muchos datos y facturas. Algunos ha habido que rehacerlos y otros no se han podido recuperar, pero nos ha permitido detectar esa brecha que ahora se ha blindado y equipado para evitar estas situaciones”, concluye.