El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que el Ejecutivo no puede ir en contra de lo que dicta la justicia sobre el trasvase Tajo-Segura y le sorprende que haya gobiernos autonómicos que estén solicitando a la Administración General del Estado “que vaya en contra de las sentencias de los tribunales de justicia”.
Así lo ha indicado Morán, a preguntas de los periodistas, durante una visita que ha realizado a las obras de emergencia en la presa del embalse de Gasset, en la localidad ciudadrealeña de Fernán Caballero.
Preguntado por la petición de algunos gobiernos autonómicos, entre los que se encuentran el valenciano, el murciano y el andaluz, de no modificar las reglas de explotación del trasvase, Morán ha asegurado que “la postura del Gobierno de España es la de respetar las sentencias que desde los tribunales de justicia se emiten”, recordando que fueron cinco las sentencias que anularon, “en una parte importante, el Plan Hidrológico del Tajo del 2015 por no incorporar un régimen de caudales ecológicos”.
En este sentido, ha señalado que “las administraciones estamos obligadas al cumplimiento de estas sentencias” y, por ello, “se ha elaborado el plan de la cuenca, incorporando caudales ecológicos que nos obliga a tener un régimen de gestión adecuado a la nueva dimensión que establece la planificación hidrológica”.
“Lo que me sorprende es que haya quien solicite a la Administración General del Estado que vaya en contra de las sentencias de los tribunales de justicia, que es lo que parece que algunos están pidiendo”, ha concluido el secretario de Estado.
Pide colaboración para evitar robos de agua
Moran ha pedido durante su visita la colaboración de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) para evitar los “robos de agua” y que no se produzcan competencias desleales en las explotaciones agrícolas.
Tras la alerta lanzada hace unas semanas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que advertía del incremento de robos de agua en el Alto Guadiana, el secretario de Estado ha sido contundente y ha señalado que el robo del agua es “un delito grave” y que quienes practican este fraude “incurren en una competencia desleal para quienes comparten la actividad en el territorio”.
“Quien roba agua, primero, se la está robando a quien tiene la concesión y, en segundo lugar, al no pagar un canon por esa agua que está usando en exceso o usando sin concesión, no tiene un impacto de costes y, por lo tanto, tiene la posibilidad de entrar en el mercado en mejores condiciones que aquel que tiene que imputar en sus costes de producción lo que le cuesta el agua”, ha remarcado Morán.
Según el secretario de Estado, las CUAS tienen esa “corresponsabilidad” para que no se produzcan competencias desleales, pidiendo su colaboración para “dar una respuesta” a las necesidades del conjunto del sector.