El movimiento contra las macrogranjas exige en el Congreso la supresión de las ayudas europeas a la ganadería intensiva

No más ayudas a la ganadería intensiva. Sí a la extensiva. Es el mensaje principal que la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, que integra a más de 70 movimientos vecinales en diez comunidades autónomas, ha querido llevar recientemente hasta el Congreso de los Diputados de cara a la elaboración del Decálogo Europeo por la Naturaleza y en una Jornada en Defensa de los Derechos de la Tierra.

Lo hizo a través de la intervención de Pepi Cavero, que pertenece al movimiento social que impidió la construcción de una macrogranja en Quintanar del Rey (Cuenca) a través de la asociación Quintaverde Pueblo Vivo.

Precisamente, hoy está convocada el Luxemburgo la segunda reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, encabezada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. A este encuentro acude la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, en representación de las comunidades autónomas españolas y dentro de la delegación española.

Uno de los frentes que el Ejecutivo castellanomanchego tiene abierto con el Gobierno estatal es la gestión del agua. Esta es una de las cuestiones a las que se ha referido en el Congreso Pepi Cavero. “Es un bien escaso y de utilización deficiente en sectores como la agricultura y la ganadería intensiva”.

“Aprovechándose de la España olvidada, empresas sin escrúpulos se instalan en pueblos pequeños de nuestro país donde, debido a su escasa población, suelen encontrar muy poca o nula resistencia. Todo ello unido a una deficiente política de permisos concedidos por las administraciones, justificadas con muy dudoso fundamento”, argumenta.

Es en este punto cuando ha pedido la eliminación de todo tipo de ayudas europeas a la ganadería intensiva y que se propicie la extensiva, cosechando los aplausos de los movimientos asociativos y plataformas presentes en el evento.

Dicho esto, ha recordado que Quintanar del Rey, coincidiendo con la pandemia de COVID-19, fue protagonista de un proceso de construcción de una macrogranja porcina a escasos 250 metros del pozo de agua que abastece a la población, con el consiguiente riesgo de contaminación del acuífero, debido a los purines generados por dicha industria.

La moratoria, una “torticera treta”

“La masiva y persistente movilización vecinal forzó la paralización de la obra logando que se anulara su instalación”, ha destacado. También ha recordado que la organización y movilización de otros pueblos consiguió una moratoria de ley en Castilla-La Mancha que sin embargo “contempla permisos en base a actuaciones no sustanciales”, una “torticera treta para continuar con la implantación de dichas implantaciones”.

Por todo ello, y “siendo el agua el motor de la vida y la economía”, ha remarcado Cavero que “debería ser una obligación de la clase política establecer estrategias de apoyo a la conservación y buen uso de dicho recurso”. “Pedimos a los representantes políticos del congreso que su voz sea la voz de nosotros, los ciudadanos para defender nuestra naturaleza, que a su vez es la suya propia. No a las macrogranjas, ni en tu pueblo y ni en el mío”, ha concluido.