El año 2023 cerró con más casos de violencia de género, mientras caen las órdenes de protección. Es una de las primeras conclusiones de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, según declaró el fiscal Emilio Manuel Fernández, quien resaltó que el año pasado se cerró con dos mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, una en Ciudad Real y otra en Toledo, mismo dato que ya se ha alcanzado en este 2024, “una cifra pequeña pero incesante” que hace necesario “seguir luchando”, porque “toda actuación pública es poca”.
“Hay que proteger más y acabar en la medida de lo posible con mayor urgencia”, ha añadido, alertando de que la violencia de género digital también está al alza, “con más acoso, amenazas e insultos” a través de mensajería instantánea. De este modo, también ha querido resaltar los “problemas” que ha supuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416, al respecto de la posibilidad de dispensa para que las mujeres no declaren contra su pareja o ex pareja, retoque legislativo que “no está produciendo los resultados esperados”.
Así, aunque la víctima ahora “no pueda retractarse” de lo declarado en un inicio, las declaraciones “se vuelven vagas e imprecisas y en ocasiones producen una sentencia absolutoria”, algo que ocurre “cuanto más tiempo pasa” desde que se producen los hechos hasta que llega el proceso judicial. Fernández advirtió de que, a más tiempo, “más fácil que la mujer tienda a perdonar o tratar de hacer borrón y cuenta nueva, y evitar en la medida de lo posible una sentencia”.
Por eso, desde la Fiscalía piden abundar en la especialización de los juzgados, toda vez que en Castilla-La Mancha solo hay dos específicos para violencia machista, uno en Albacete y otro más en Toledo para los partidos judiciales de la capital, Illescas y Orgaz.
Las declaraciones de Fernández se realizaban a la vez que comenzaba el año judicial en la región, este lunes 23 de septiembre. Y con el inicio de año, se ha hecho pública también la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la región, en la que se señalan otras carencias respecto a la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Los datos de la memoria señalan que en las oficinas de atención a las víctimas de Albacete se ha atendido durante 2023 a un total de 362 víctimas de violencia de género, nueve de ellas menores de edad. En Ciudad Real, han sido 533, 11 de ellas menores. En la provincia conquense, el total ha sido de 290, y ninguna menor de edad. En Guadalajara, se ha atendido a 410 víctimas, 7 de ellas, menores de edad. Y finalmente, en Toledo, han sido 192 las víctimas, y 85 eran menores de edad.
Salas de espera que deben ser adaptadas
La memoria del Tribunal señala que existe todavía un “catálogo de necesidades” en las dependencias judiciales de la región, que van desde adaptar las salas de espera para la protección de las víctimas de violencia de género, hasta ampliar el número de abogados de oficio, “en especial” para las mujeres que sufran violencia de género.
En este sentido, explican que en las salas de espera de las dependencias judiciales de Ciudad Real resulta “casi imposible evitar la confrontación entre las víctimas y sus agresores”. En la memoria también explican que es necesaria la ampliación de abogados y abogadas de oficio, también en la provincia ciudadrealeña, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género. En el informe se señala que se han iniciado conversaciones al respecto con la Junta de Comunidades, para obtener un nuevo convenio de asistencia letrada en materia de violencia de género, “que por el momento se encuentra en estudio, sin que al día de fecha se haya alcanzado solución alguna”. Actualmente, solo hay presupuesto para cuatro letrados de guardia para toda una provincia, que asisten tanto a las víctimas como a los agresores.
En cuanto a Guadalajara, explican que persiste la “problemática” del Juzgado de instrucción 2, que tiene la competencia en materia de violencia de género, siendo “también importante la carga del resto de los Juzgados de instrucción”. Por eso, señalan que es necesario la creación de un nuevo juzgado de instrucción, con especialización exclusiva. En la misma línea se expresa la memoria, en relación con Toledo, donde también se explica la “necesidad de especializar” un juzgado de instrucción en violencia de género.