La “patada” de las administraciones a cinco telefonistas con discapacidad tras 20 años de trabajo en emergencias

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado. También buscan su integración en el mercado ordinario de trabajo. Con esa función se creó Eboratel S.L.L., que desde hace casi 20 años ha prestado sus servicios en el Parque de Bomberos de Talavera de la Reina. Lo ha hecho atendiendo las llamadas de teléfono de emergencias. Dos décadas dando ese servicio hasta el pasado 31 de diciembre, cuando les “cerraron las puertas”.

La “absorción” del parque de bomberos por parte del Consorcio Provincial (CPEIS), dependiente de la Diputación de Toledo, no ha conllevado la subrogación de los cinco trabajadores con discapacidad (cuatro socios-empleados y un empleado) de Eboratel que realizaban su trabajo como operadores telefónicos.

El acuerdo para la “unificación del servicio” del parque local con el Consorcio Provincial se oficializó en septiembre de 2022 cuando tanto en el Ayuntamiento talaverano como en la Diputación gobernaba el PSOE. Ambas instituciones cambiaron de signo político en las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y ahora están en manos de PP y Vox.

Ninguno de estos partidos políticos ni administraciones abordó la subrogación de estos cinco trabajadores y ahora mismo están “en la calle”, inmersos en un proceso judicial y “sin soluciones”, denuncia César Barquín del Mazo, uno de estos empleados y socio del Centro Especial de Empleo. Explica que una vez que se aprobó que el Consorcio Provincial “absorbería” la gestión del parque talaverano de bomberos, la empresa ya tenía la licitación de la gestión de llamadas telefónicas, que era de un año de contrato prorrogable por un año más.

De la búsqueda de soluciones al “cierre de puertas”

Así, desde principios de 2022, estos trabajadores comenzaron a reunirse tanto con el equipo de Gobierno municipal de entonces, que era del PSOE, como con el oficial de bomberos. Entonces, según los trabajadores, les prometieron que buscarían una solución a su situación. Sindicatos y partidos de la oposición también lo plantearon y finalmente se consiguió otra prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022.

Tras ello, los cinco trabajadores pidieron directamente al gerente del Consorcio Provincial, Ángel Galán, y a la concejala socialista Flora Bellón que se les subrogaran en la absorción, como establece la ley, al ser personal de un Centro Especial de Empleo.

“No estuvieron de acuerdo con la subrogación, por lo que solicitamos mantener nuestro puesto en Talavera y con el mismo horario (jornadas de 24 horas, como los bomberos) porque consideramos que es necesario para el servicio y perfectamente compatible con la nueva organización”, detalla César Barquín.

No obstante, en la Diputación les exigieron que, de aceptar la subrogación, el trabajo debía desempeñarse en Toledo y a turnos de ocho horas, y les pidieron que lo decidieran “cuanto antes” puesto que iban a sacar la licitación del servicio y “dependiendo de los que estuviéramos dispuestos a aceptar, así la sacarían y porque tenían que dar la formación laboral oportuna”. 

El 22 de diciembre de 2022, los cinco aceptaron trasladarse a Toledo con el turno de ocho horas y optar a la licitación si el pliego de condiciones se lo permitía. Pero finalmente no licitaron porque en el pliego se incluía la subrogación de los seis empleados del Consorcio Provincial, “pero no la nuestra”. Entre tanto se dio a Eboratel una nueva prórroga hasta el 30 de abril de 2023. 

En marzo de 2023, hace un año, estos cinco trabajadores todavía no habían recibido la formación prometida para incorporarse al Consorcio Provincial y el día 31 de ese mes les notificaron que rescindían el contrato puesto que a fecha 1 de abril se producía la incorporación al CPEIS.

Es en este punto cuando se vieron obligados a recurrir a la justicia, solicitando medidas cautelares para mantener su puesto. Se las concedió un juzgado de Toledo hace un año. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina “decidió no pagar” y hasta el pasado 31 de diciembre (elecciones municipales y cambio de gobierno mediante) la empresa ha estado prestando el servicio. La última factura que se pagó a Eboratel fue la de abril de 2023. La última nómina que pudo pagar la empresa a sus empleados fue la de noviembre pasado.

Estamos en una situación económica límite, tanto empresarial como personal

El pasado 31 de diciembre, el gerente les impidió el acceso al puesto de trabajo ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había anulado las medidas cautelares. Desde entonces están en la calle, con facturas impagadas, sin cobrar y sin soluciones por parte del actual alcalde, José Julián Gregorio, o del Consorcio Provincial. 

Juan Carlos Trujillo, diputado provincial y presidente de ese Consorcio, explica a elDiarioclm.es que cuando tomó el acta de diputado, esta situación ya se encontraba en un procedimiento judicial, en medidas cautelares. “Nos encontramos con una empresa  que había estado contratada por el Ayuntamiento de Talavera pero esa vinculación laboral ya había finalizado, por decisión del anterior equipo de Gobierno. Por lo tanto nunca ha llegado a haber un vínculo laboral con el Consorcio ni con la Diputación”.

Explica el diputado que decidió mantenerlos en su puesto hasta el pasado 31 de diciembre, fecha en que decayeron las medidas cautelares y el juzgado remitió la cuestión a un proceso contencioso-administrativo. “Es el momento en el que tuvimos que notificarles que tenían que dejar su puesto de trabajo al no tener vínculo con la Diputación”.

“Es un problema que se nos escapa de las manos”, alega la Diputación

Trujillo precisa que la Administración provincial no podía subrogarlos porque el contrato con el Ayuntamiento de Talavera ya había finalizado y además “tampoco se puede hacer con empresas externas”, ni siquiera con un Centro Especial de Empleo.

Lamenta que el anterior equipo de gobierno talaverano, que aprobó la absorción, no adoptara ningún acuerdo para que estos trabajadores se mantuvieran en su puesto de trabajo. “Es un problema que se nos escapa de las manos. Me duele porque he hablado con ellos personalmente, pero este procedimiento ya nos lo encontramos en un juzgado, que es ahora quien tiene que decidir. Tenemos las manos atadas y no podemos actuar de manera arbitraria”, concluye. 

A día de hoy, los trabajadores han presentado recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia que anuló las medidas cautelares, que ha sido estimado. Además, los cinco trabajadores solicitaron a principios de febrero un ERTE a la espera de que se notifique la resolución de la cautelar. Todavía no se ha aprobado, por lo que no están recibiendo ningún tipo de retribución ni prestación. “Estamos en una situación económica límite, tanto empresarial como personal”, lamenta César Barquín.

Esta situación también la ha relatado Fernando Berrendo, otro de estos trabajadores, en un vídeo en el que denuncia la “patada” recibida por parte de las administraciones, tanto del PSOE como del PP, desde el inicio del conflicto, y detalla cómo este servicio ha “empeorado” tras la “cesión de soberanía”. También lamenta que “todos se solidarizan con nosotros y no entienden cómo hemos llegado a esta situación pero al final todo queda en buenas palabras”. “Han pasado de nosotros”:

El acuerdo de septiembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Consorcio provincial de Bomberos, entonces con gobiernos socialistas, se llevó a cabo para la “unificación” de la prestación del servicio de extinción de incendios, una medida para reducir tiempos, ganar en medios personales y materiales y “ser más eficaces”.

Con ello, por su localización geográfica, desde el parque de Talavera se atienden localidades que están más cerca y con las que existen mejores comunicaciones que desde otros parques consorciados, como el de Belvís o el de Santa Olalla, como son las comarcas talaveranas de la Sierra de San Vicente o la Campana de Oropesa. En total, un área de influencia de 127.000 personas.

Durante la precampaña electoral de los comicios locales del pasado mes de mayo, el candidato del PP (y ahora alcalde), José Julián Gregorio, pidió que Talavera tuviera una segunda central operativa que atendiera las llamadas del servicio de extinción de incendios desde la ciudad, “y que lo hagan los cinco trabajadores discapacitados que lo hacían hasta ahora y que no pueden desplazarse a Toledo”.

Acusó a la entonces alcaldesa, Tita García Élez, de “falta de sensibilidad” al permitir que se “desmantelara” un servicio fundamental que durante 25 años “ha captado las llamadas de alerta y de socorro de los talaveranos y que ha sido regentada por un plantel de personas con discapacidad de nuestra ciudad”. Por todo ello, pidió la subrogación de los trabajadores de Eboratel, una medida que no ha propiciado ni llevado a cabo siendo ya alcalde de la ciudad.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre si se están buscando soluciones para el problema de estos cinco trabajadores, sin empleo y sin recursos tras 20 años de trabajo.