Hace ya un año y medio que venció el plazo para que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes aprobaran una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según la Ley de Cambio Climático, estas localidades deben establecer un perímetro en el que se restrinja el uso de vehículos contaminantes y se fomente el cambio modal a alternativas más limpias. En total, son 149 las ciudades españolas que tenían hacerlo antes del 2 de enero de 2023.
Pasado este tiempo, las que han llevado a cabo la habilitación y puesta en marcha de estos espacios no llegan ni a la cuarta parte. Y además, mucho de lo que se ha hecho no se ha hecho bien: operaciones de maquillaje, proyectos aprobados rápidamente y sin participación ciudadana, falta de información y señalizaciones, además de otras iniciativas “sin sentido”.
Este último es el caso de Ciudad Real, donde gobiernan PP y Vox desde las elecciones municipales de mayo de 2023. El proyecto para la creación de la ZBE de esta ciudad ya lo llevó a cabo el PSOE cuando gobernaba con Ciudadanos en la anterior legislatura, pero los socialistas vieron caer sus planes ante el pacto de las derechas para gobernar la capital provincial.
Durante la campaña electoral para los citados comicios municipales, Vox no dudó en proclamar por toda la provincia de Ciudad Real su rechazo a la Agenda 2030 y su intención de no desarrollar estas zonas de bajas emisiones que Europa marca como obligatorias.
Aunque esto al final no ha sido así y el Ayuntamiento, por iniciativa del PP, ha decidido sacar adelante el proyecto, lo cierto es que lo que ha anunciado el equipo de Gobierno municipal “dista mucho, por no decir todo” del objetivo de la creación de estas áreas, según la oposición socialista.
Concretamente, hace tan solo unos días, el portavoz del Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, concretaba que la ZBE de Ciudad Real se limitará “exclusivamente” a las calles peatonales ya existentes y a las nuevas vías del centro que se peatonalizarán, cuyas obras están a punto de ser adjudicadas.
Según dijo, el borrador de la nueva ordenanza que regulará la ZBE en la capital de la provincia está ya listo y será presentado ante el Consejo de Movilidad el próximo mes de septiembre.
Reconocía el portavoz, del PP, que se trata de una nueva delimitación de la ZBE, ya que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos contemplaba que la zona de bajas emisiones afectara a todo el interior perimetrado por la Ronda de Calatrava. Es decir, el anterior equipo de Gobierno iba a declarar no contaminante toda la ‘almendra’ central.
Ahora, PP y Vox han decidido otra cosa. Se restringirá el tráfico en zonas peatonales. Es decir, en calles por donde ya está prohibido (salvo garajes o permisos especiales). Y esto “no tiene sentido” para la oposición socialista.
Pasaron de decir que no iban implantar la ZBE a hacer esto que están haciendo y que nadie sabe muy bien lo que es
Sara Martínez, portavoz del PSOE, tacha “incongruente” todo lo relacionado con esta iniciativa desde que gobiernan las derechas. Pero sobre todo no entiende que se vayan a “limitar a restringir el tráfico donde no hay tráfico, a prohibir coches donde no hay coches”. “Es totalmente ridículo”, afirma.
Recuerda que el Gobierno municipal ha realizado en un año varios anuncios diferentes en este sentido. “Pasaron de decir que no iban implantar la ZBE a hacer esto que están haciendo y que nadie sabe muy bien lo que es”. Pone como ejemplo el hecho de que se hayan instalado cámaras en todo el perímetro de la Ronda de Calatrava, conforme al proyecto de la legislatura anterior, y que “ni siquiera sabemos si están funcionando” o “si han pedido su modificación”.
Según Sara Martínez, ni PP ni Vox tienen “un modelo claro de ciudad” y “no paran de improvisar”. Al estar Ciudad Real fuera de plazo, considera que el Ayuntamiento trata de ganar tiempo pero lo hace mediante medidas “opacas” que, apunta, no se han debatido ni el Consejo municipal de Movilidad.
“Nada de lo que hacen genera confianza. Nosotros teníamos un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto que incluía todo el perímetro de la ronda principal. Y ahora no tiene sentido lo que dicen. Hacer la zona de bajas emisiones en calles peatonales es ridículo: no pasan coches”, insiste.
El Grupo Socialista esperará al inicio del curso político en septiembre para reclamar toda la información al respecto de este proyecto y para conocer al detalle lo que PP y Vox quieren hacer. Pero la concejala es “escéptica” porque “ni siquiera se creen la Agenda 2030”.
La cuestión es que, por si esto fuera poco, el Grupo Municipal de Vox ha asegurado que “negocia” con el PP que la zona no contaminante “tenga el menor impacto negativo para los vecinos y sea un ejemplo para toda España” y además se llame 'Zona Ciudad Real Saludable', una denominación que se aleja de la identificación reconocible para la ciudadanía.
El partido de extrema derecha ha defendido la reducción de su perímetro rechazando el “fanatismo climático”. “Somos una ciudad familiar, cómoda, saludable, sin contaminación, y por lo tanto no se entiende una política restrictiva a la accesibilidad bajo premisas eco-radicales fuera de la realidad, que supongan un problema en la vida de los vecinos”, afirma Ricardo Chamorro, primer teniente de alcalde de la capital.
Directrices del Ministerio de Transición Ecológica
Lo que no han tenido en cuenta las derechas son las directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece en ellas que sin bien esta medidas deben implementarse únicamente en una parte del suelo urbano, es necesario que la elección estratégica de las áreas “permita extender sus beneficios a la totalidad del municipio o área metropolitana, enmarcadas en estrategias más amplias de cambio de la movilidad”.
“La liberación de espacio público que puede derivar de la reducción del tráfico y de los aparcamientos abre una oportunidad a realizar intervenciones urbanísticas que mejoren la habitabilidad de los barrios, faciliten la renaturalización urbana y reduzcan el efecto isla de calor que va a afectar de manera creciente a nuestras ciudades”, apunta.
Hace casi un año, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió al respecto de los proyectos que se aprueban sin cumplir con la normativa. En declaraciones a la Cadena Ser, avisó a los ayuntamientos que recorten o retrasen estas zonificaciones de que deberán devolver las inversiones previstas para este objetivo que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y no descartaba acudir a los tribunales si no se cumplía la ley.
Recordó que el Gobierno ha movilizado más de 2.000 millones de euros a través de distintas instituciones con programas para “facilitar a los ayuntamientos estas inversiones” sobre movilidad y agenda urbana. La primera consecuencia de no hacerlo, afirmó, es “devolver el dinero”.
PP y Vox preguntan a los vecinos en Toledo si lo ven “importante”
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Toledo, también gobernado por PP y Vox y con retraso en su aplicación, acaba de publicar el inicio de la consulta pública para la elaboración de su ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones. En ella plantea a la ciudadanía la siguiente cuestión: “¿Consideras importante, en virtud de lo que establece la Ley, implantar una ZBE que regule el tráfico rodado y el estacionamiento en el casco urbano de nuestra ciudad, con el fin de mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de las personas?”.
El equipo de Gobierno ha informado de que una vez finalizado el plazo, recabadas y estudiadas todas las aportaciones de la ciudadanía, se procederá a la elaboración del proyecto de ordenanza, “siguiendo los trámites legalmente previstos”.