Varios trabajadores y trabajadoras sociales de la región han firmado un manifiesto con motivo de la constitución de los ayuntamientos de la región en los que el PP ha permitido la entrada de Vox en los gobiernos municipales. En este documento, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, defienden las concejalías de servicios sociales “frente a los discursos del odio” de la extrema derecha.
En el texto, recuerdan que las competencias del Sistema Público de Servicios Sociales son propias de las comunidades autónomas, pero que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover actividades y prestar los servicios públicos “que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.
Concretamente, ejercen como competencia propia la “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, tal y como establece la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
Las concejalías de Servicios Sociales garantizan por tanto, el ejercicio de esta competencia municipal, a través de los servicios sociales municipales como “instrumento del que se dota el municipio para materializar los derechos sociales y garantizarlos al conjunto de la ciudadanía a través de la acción de los profesionales”.
Tenemos la responsabilidad de promover la justicia social entre las personas de nuestra comunidad y entre la población en general
Por su parte, destacan estos profesionales que las concejalías de Igualdad tienen la competencia de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y proyectos de los ayuntamientos con el fin de contribuir desde todas las áreas a promover la igualdad de mujeres y hombres y a garantizar la no discriminación por razón de sexo.
“Como profesionales del Trabajo Social que vamos a desarrollar una labor política a nivel municipal durante la legislatura que acaba de comenzar y amparados por los principios éticos y valores de nuestra profesión tenemos la responsabilidad de promover la justicia social entre las personas de nuestra comunidad y entre la población en general, y defender el respeto inherente al valor y la dignidad de la vida humana, de todas las personas y a los derechos individuales y sociales que se derivan de los mismos”.
Por ello, en las circunstancias políticas actuales, “donde la derecha y ultraderecha con representación municipal atacan directamente la existencia de estas concejalías”, consideran “más necesario que nunca” que los municipios con gobiernos comprometidos con los derechos humanos visibilicen estos departamentos.
El objetivo, concluyen, es “combatir la propaganda de ideas basadas en la superioridad de un grupo de personas en contra de otras por su orientación, identidad, expresión de género, raza, color u origen étnico, justificando a su vez el odio o discriminación”.