La promotora de la playa artificial de Guadalajara amenaza con acciones legales por “irregularidades” en su rechazo

La empresa Rayet Medio Ambiente, la compañía promotora del proyecto de macroplaya artifical Alovera Beach, defiende su proyecto como “actuación estratégica clave” para el desarrollo socioeconómico tanto de esta localidad como del propio Corredor del Henares. Por ello, amenaza con acciones legales por “graves irregularidades” en el procedimiento de licitación. Señala con ello a los técnicos de la Mesa de Contratación, quienes han propuesto dejar desierta la adjudicación del proyecto debido a que la empresa no cumple los requisitos establecidos.

Rayet subraya que es la única compañía que ha participado en el proceso de licitación pública para la concesión de este parque de ocio, que va a esperar a conocer formalmente cuál es la decisión final (debe pasar ahora por el pleno municipal) y adoptará “si es preciso” las medidas legales “que sean oportunas y en la jurisdicción que corresponda”.

Dicho esto, ofrece una cronología del procedimiento de licitación, explicando que el pliego del contrato se publicó en 2022 y que en octubre de ese año la Mesa acordó admitir a la empresa como única licitadora “tras constatar que cumplía con los requisitos exigidos”. Después remitió a los servicios técnicos la documentación “no observándose ningún defecto”.

“Los servicios técnicos municipales emitieron un informe en el que realizaron diversas observaciones a la propuesta, de acuerdo con su criterio, valorando la oferta en 16,66 puntos sobre 40 posibles y concluyendo que debían solicitarse una serie de aclaraciones y compromisos al licitador”.

Dictamen jurídico encargado por la empresa

Sin embargo, la compañía promotora afirma que estas aclaraciones y compromisos nunca se solicitaron, y que además, el pasado 23 de marzo la licitadora presentó una serie de alegaciones a dicho informe, aportando un dictamen jurídico de expertos en derecho público y contratación administrativa, cuestionando las observaciones del informe técnico y “corroborando que la oferta presentada se ajustaba a las condiciones que rigen la licitación”.

Alega a que en la Plataforma de Contratación no constan ni las alegaciones ni el dictamen jurídico mencionado, por lo que al licitador “no le consta que hayan sido valorados debidamente por la Mesa de Contratación”. 

Con todo, continúa Rayet, la Mesa de Contratación dio por válida la oferta técnica al no encontrar “ninguna irregularidad en la misma”, procediendo a convocarse nuevamente para la  apertura del sobre C (oferta económica). Dicha oferta económica se puntuó con 60 puntos sobre 60. Por tanto, la oferta de la empresa obtuvo un total de 76,66 puntos sobre 100 posibles, por lo que la Mesa de Contratación “debería haber propuesto la adjudicación automática al único licitador presentado”. 

Apunta que en ese momento algunos integrantes de la Mesa alegaron que la licitación se debía declarar desierta, afirmando que no cumplía el pliego técnico, y decidieron pedir un informe al secretario del Ayuntamiento antes de tomar una decisión definitiva.

El informe emitido por el secretario corroboró el criterio de dejar desierta la adjudicación, sin hacer mención alguna a las alegaciones del licitador ni al dictamen jurídico presentado ni, sobre todo, a la advertencia 'ad cautelam que había planteado la propia compañía en dichas alegaciones sobre la improcedencia de declarar desierta dicha licitación. 

El pasado 21 de julio, la Mesa propuso formalmente al Órgano de Contratación declarar desierta la licitación. En este sentido, la empresa señala que pese a que sus representantes fueron convocados a la misma, el Interventor municipal les impidió acceder a la reunión, “por lo que no pudieron conocer lo que se trató, ni poner de manifiesto las irregularidades que se estaban cometiendo”. 

En definitiva, el licitador considera que esta forma de actuar constituye “una grave irregularidad” en el expediente de contratación, pues, una vez abierto el sobre C, no procede volver sobre la documentación del sobre B (documentación técnica, que ya ha quedado valorado por la Administración “con efectos vinculantes, al tratarse de un acto con efectos favorables para el mismo”.

No hay “defectos” en la documentación técnica

“Con independencia de que esta forma de actuar invalidaría automáticamente una eventual resolución orientada a declarar desierto el concurso, la compañía considera que, además, los supuestos defectos en la documentación técnica resultan inexistentes”.

Igualmente, señala que los miembros de la Mesa de Contratación interpretan los requisitos técnicos de forma “totalmente opuesta” a lo recogido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que es el documento que rige la licitación y al que debe ajustarse el órgano de contratación. Así, consideran que las dotaciones auxiliares de Alovera Beach resultan obligatorias, “cuando en los pliegos se señala que tenían carácter orientativo”. 

Los representantes de Rayet Medio Ambiente dicen lamentar “profundamente” que esta “falta de rigor” en la forma de actuar por parte de una serie de servidores públicos “ponga en peligro una inversión tan relevante y necesaria para el municipio y sus ciudadanos”. Una inversión que, según destaca, está “dispuesta a acometer, pues cree firmemente en el proyecto y en su viabilidad”. 

“Desde 2017, la compañía ha realizado una inversión muy relevante, tanto en términos económicos como en tiempo para sacar adelante este proyecto, incorporando al mismo a muchos profesionales externos. Por ese motivo, y en defensa tanto de sus derechos como de todos los profesionales involucrados en el proyecto, se reserva iniciar las medidas legales que estime oportunas, tanto en la vía contencioso-administrativa como por las posibles derivaciones de responsabilidad a título personal”, concluye.