Junio de 2023. Cuatro personas son detenidas por su supuesto vínculo con un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de personas migrantes. Los afectados vivían en “viviendas precarias”, eran “estafados” y “explotados laboralmente”, según relataba la Policía Nacional. Se conoce el número de personas que fueron detenidas en este entramado, pero cuántas fueron las víctimas. “Finalizada su jornada laboral, regresaban a domicilios que los propios detenidos les facilitaban, generalmente viviendas en estados muy precarios y conviviendo en situaciones de insalubridad”, detallaban fuentes de la investigación.
Julio de 2023. La Policía Nacional desarticula dos redes criminales que se dedicaban presuntamente a la explotación laboral en los sectores de la construcción y agrícola. Los agentes del cuerpo localizaron durante la investigación una bodega en la que vivían hacinadas unas 40 personas. Las víctimas pasaban la noche en un lugar que tenía un baño “prefabricado e insalubre” y “sin las mínimas condiciones de higiene”, según el relato hecho público por el cuerpo policial. Se trataba de una red empresarial del sector agrícola que mantenía a trabajadores en condiciones infrahumanas. Los hechos ocurrían en Cuenca. 23 personas fueron detenidas, entre la provincia conquense y Málaga.
Son sólo dos ejemplos de la trata de personas en el ámbito laboral. Un problema del que alerta la Fiscalía de Castilla-La Mancha en su última memoria anual, haciendo especial énfasis en la “vulnerabilidad” de la población extranjera. La región, junto a Murcia y Andalucía, fue donde más víctimas de trata laboral se detectaron en el año 2022. Cuando se habla del concepto de trata, se hace referencia al “reclutamiento”, y también al transporte, albergue o recepción de personas, a través de la amenaza o el uso de la fuerza para lograr el “propósito de explotación”. Aunque el concepto se conoce más en referencia a la trata de personas con fines de explotación sexual, pero la laboral también existe.
Como un ejemplo de este tipo de delitos, el Ministerio Fiscal recuerda el caso de un vecino de Socuéllamos, en Ciudad Real, a quien se le acusaba de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores contra un ciudadano marroquí, al mantuvo trabajando para sí durante unos tres años “sin abonarle ningún salario, ni firmar contrato de trabajo alguno ni darle de alta en la Seguridad Social”. Los sindicatos como CCOO han hecho referencia a casos de explotación laboral en Castilla-La Mancha, especialmente en el caso del sector agrícola. “Es el único sector en el que denunciamos explotación laboral. Esto es algo insoportable. Para que nadie piense que criminalizamos al sector, este tiene que sentarse y establecer reglas del juego para evitar que haya explotadores”, lamentaba el secretario general del sindicato, Paco de la Rosa. Por eso ha propuesto que quien no garantice condiciones laborales dignas no pueda optar a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Futuro protocolo
En la memoria de la Fiscalía se señala que en Castilla-La Mancha “no se ha elaborado ningún protocolo específico” en materia de trata de seres humanos ligados al ámbito laboral. Eso sí, puntualiza que la problemática se aborda desde las reuniones anuales previstas en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos. La Consejería de Economía, Empresa y Empleo de Castilla-La Mancha explica que, efectivamente, no existe ningún protocolo en esta materia, aunque el departamento de Igualdad del Ejecutivo regional ha anunciado recientemente que se creará una Mesa contra la Trata y que se elaborará un protocolo para ayudar a las mujeres a salir “de la espiral de dolor, de chantajes y de violencia”.
De todos modos, desde la Junta de Comunidades afirman que la inexistencia de un protocolo concreto para abordar este problema “no significa que no se vele, desde el Gobierno regional, ante un posible caso de trata laboral”. La Administración autonómica subraya que hay varios marcos de actuación contra “esta lacra del mercado de trabajo” como el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre de 2021; o el Convenio 2023 firmado entre el Ministerio de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Trabajamos de manera intensa y constante con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, competente en esta materia, para velar por el correcto funcionamiento de nuestro mercado de trabajo”, resaltan fuentes de la consejería que afirman que si se conoce algún caso se pone “inmediatamente” en conocimiento de la Inspección y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Competentes en esta materia, junto con la Fiscalía”, añaden. La misma memoria de la Fiscalía explica que efectivamente se atribuye “casi en exclusiva” la identificación formal de las víctimas de trata “sin que exista colaboración de otras entidades” y que tampoco se suple por las Oficinas de atención a la Víctima, “por problemas de personal y presupuestarios”. La última información el Ministerio de Defensa en relación a estas oficinas señala que en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha hay un psicólogo o psicóloga, así como un gestor procesal y administrativo/a. En el caso de Ciudad Real hay también una funcionaria del cuerpo de tramitación procesal.
La identificación de las personas que son víctimas de trata laboral, al igual todos los otros tipos de trata, es fundamental para que puedan acceder a sus derechos reconocidos y también a ser protegidos.
“Hay serios problemas en la acogida de las víctimas para su asistencia inmediata”
Entonces, ¿qué ocurre con estas víctimas? La Fiscalía advierte de una serie de consecuencias, como por ejemplo, que hay “serios problemas en la acogida de las víctimas para su asistencia inmediata”. Y este problema se vincula esencialmente a la trata laboral, ya que, son “decenas de personas” las que suelen necesitar de asistencia a la vez. Existen trabas, como que la Guardia Civil tiene “prohibido” transportar particulares en sus vehículos y la situación pasa a depender de los medios de ayuntamientos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o la misma Junta de Comunidades.
La cuestión se plantea esencialmente en la trata laboral, pues a veces son decenas de personas las que requieren asistencia, observando la Guardia Civil que ellos tienen prohibido transportar particulares en los vehículos oficiales de modo que diversas instituciones tales como ayuntamientos, ONG y Junta de Comunidades aportan sus medios para subvenir estas necesidades inmediatas hasta su retorno al país de origen. Normalmente las víctimas “desean volver rápidamente”, pero también se puede optar por la investigación del delito de trata, lo que le permitiría obtener también autorización de residencia y trabajo, por razones “excepcionales”.
A diferencia de las víctimas de trata sexual, no siempre optan por la protección de su identidad, aunque algunas sí piden permanecer en el anonimato, puesto que temen las “perniciosas consecuencias” que su actuación en el ámbito judicial pueda tener sobre sus familiares. Cuando no lo hacen, explican desde la Fiscalía, es porque no suelen ser víctimas individuales, sino que suelen ser grupos de personas que iniciaron el viaje “convencidos por la oferta de unas supuestas buenas condiciones de trabajo” y cuentan entonces con una sensación de seguridad personal “mayor”.
Finalmente, el Ministerio Fiscal también apunta a que la Audiencia Provincial de Albacete es “reacia” a aplicar el artículo 177 bis del Código Penal en materia de trata laboral. De esta forma, se “reconduce de ordinario” este tipo de conductas al ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores.
¿Existen medidas que se tomarán en un futuro?
El Gobierno de Castilla-La Mancha explica que ya existe un anteproyecto de ley orgánica contra la trata y explotación de seres humanos, que está en desarrollo. “Esta herramienta, que esperemos que pueda ver la luz pronto y con el mayor consenso posible, debe mejorar y amplificar la cobertura, prevención y persecución de este tipo de delitos en un marco nacional, que aplicaremos desde luego en las comunidades autónomas en el marco de nuestras competencias o en la colaboración que realizamos con la Inspección”, señala. Además, advierten de que ya hay algunas herramientas para luchar contra este tipo de “lacra”.
“Apoyaremos el desarrollo de la ley, para contar con un marco más definido y potente para combatir la trata laboral. Esa ley tendrá un carácter transversal, que aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y prevé combatir todas las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata, como el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y otras formas de explotación”, aseguran las fuentes del departamento. Y también han añadido que “si se considera la necesidad” de diseñar un protocolo específico para nuestra región“ colaborarán para su diseño e implementación. Desde la Junta advierten de que no se han detectado casos a través de los sistemas de orientación e intermediación del servicio de empleo de la región, porque ”suelen producirse al margen de los cauces normalizados“. Si ocurriera, ”se pondrían inmediatamente en conocimiento tanto de la Inspección de Trabajo como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“.