El rechazo social obliga a PP y PSOE a alianzas locales contra el biogás mientras se promueve a nivel estatal y europeo
Amenazas ambientales, malos olores y trámites administrativos opacos son algunas de las sombras que se ciernen sobre los grandes proyectos de biogás que se planean sobre Castilla-La Mancha. El gas procedente de la descomposición de materia orgánica, como son los restos de comida y los deshechos animales, que comenzó como una alternativa a la red gasista tradicional dentro de la transición energética, lleva tiempo en el punto de mira de colectivos ecologistas y sociales de toda España. Pero hasta ahora apenas había pisado el terreno político. En el último mes ha entrado de lleno.
Ni el Gobierno socialista de Emiliano García-Page ni el Partido Popular a nivel estatal o autonómico han mostrado hasta ahora rechazo alguno hacia este tipo de gas ni las consecuencias de su forma de extracción de los deshechos, que es el factor que ha provocado las principales críticas ciudadanas.
A nivel local, tanto el PP en Fuentealbilla como el PSOE en Chinchilla de Montearagón (ambos en la provincia de Albacete) sí que se han mostrado contrarios, desde los ayuntamientos donde gobiernan, a las iniciativas de extracción de biometano en ambos municipios, pero no había supuesto ningún debate ni polémica en los dos partidos.
Pero la burbuja albaceteña ha terminado por estallar. Tras conocerse que la empresa Aratel Energías Renovables quiere instalar una planta de biogás en el polígono industrial albaceteño conocido como Romica, en la capital provincial, diferentes colectivos sociales, Ecologistas en Acción o la Comunidad de Vecinos de la urbanización Pinares del Júcar (próxima a ese polígono) han mostrado de forma conjunta el rechazo a la instalación.
Consideran que no se trata de un proyecto de la “llamada economía circular” porque va a recibir residuos que se producen a decenas o cientos de kilómetros de distancia, además de ocasionar molestias, ruidos, olores, tráfico y demás perjuicios que se sufrirían no sólo en el propio polígono de Romica sino también en la ciudad de Albacete. Los colectivos han instado al Gobierno regional a paralizarlo.
Esto ha hecho virar las tornas políticas. El nuevo ayuntamiento albaceteño, ahora en manos del PP, antes del PSOE, anunció por sorpresa que cambiaba las normas urbanísticas de la ciudad para impedir la implantación en el término municipal de industrias que “puedan generar molestias por olores”.
El alcalde, Manuel Serrano, lo detallaba así tras aprobarse la paralización de la concesión de licencias dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Concretamente, se ha introducido en la regulación de los usos de las zonas industriales del suelo urbano la “prohibición expresa” de este tipo de industrias de producción de biogás a partir de residuos orgánicos de diversa procedencia.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento anunciaba la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en el mismo sentido. En un artículo de esta regulación municipal se incluirá que “las actividades susceptibles de provocar malos olores como consecuencia de la naturaleza de los materiales a procesar, como el caso de residuos orgánicos de distinta procedencia, o durante las etapas de producción, no podrán ser instaladas en polígonos industriales”.
La unión de PP y PSOE en Albacete
El Ayuntamiento de Albacete quiere clarificar la normativa urbanística y medioambiental con el objetivo de impedir su implantación en zonas próximas a núcleos habitados o con gran número de trabajadores.
Ante estas medidas, el PSOE albaceteño, ahora en la oposición, ya tenía preparada también su ofensiva de rechazo, alineada con el alcalde y contra todo pronóstico, a la vista del desarrollo de varios de estos proyectos en la región con el visto bueno del Gobierno socialista. Presentó una moción que se aprobó por unanimidad (incluido Vox) en el pleno municipal tan solo un día después de que el alcalde del PP anunciara las medidas mencionadas.
En esta propuesta se pide al Ayuntamiento que iniciativas como la planta de Aratel no puedan instalarse en suelos industriales. “Hemos mostrado unanimidad frente a la instalación de iniciativas empresariales que no estén bajo la premisa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”, resalta la concejala socialista Amparo Torres tras aprobarse la moción.
El PP y el PSOE han unido así sus fuerzas para presentar las alegaciones pertinentes al proyecto de la mercantil en el proceso de exposición pública, a través de su Servicio de Medio Ambiente y de la Gerencia de Urbanismo. La alianza de ambos partidos es nueva y llama la atención por tratarse de la ciudad más poblada de la comunidad autónoma.
Por separado, a nivel local y sin mucha repercusión mediática, populares y socialistas sí que habían manifestado su rechazo a estas factorías de biometano. En Fuentealbilla, donde gobernaba el PP antes de las elecciones de mayo, el Ayuntamiento negó la licencia municipal al proyecto que allí quiere desarrollar la empresa Biogás Manchuela. Según los colectivos ecologistas y la plataforma Stop Ganadería Industrial, que rechazaron la iniciativa desde el principio, este proyecto ya no saldrá adelante.
Y en Chinchilla de Montearagón, donde gobierna el PSOE, se ha dado una situación similar, aunque en este caso, detrás del proyecto se encuentra una empresa ligada a Enagás, que “seguirá peleando por el proyecto, aunque no reciba subvenciones”.
Desde ACCEM-Ecologistas de la Manchuela explican a elDiarioclm.es que el caso actual en la ciudad de Albacete se debe principalmente a que “se están agitando las aguas” con los proyectos de biogás y ambos partidos “se han visto azuzados por el rechazo social”. “Los políticos son volubles con estas cuestiones. Tanto unos como otros conocen estos proyectos, pero en cuanto ven que se agitan un poco las aguas rápidamente dan marcha atrás”, destaca Antonio Jorge San Vicente, portavoz del colectivo.
Es un tema muy nuevo y a los ayuntamientos les pilla de sorpresa. Dicen que sí y luego se dan cuenta de que han metido la pata
“Nos parece fenomenal, cualquier alianza es buena en estos casos. En Albacete, el rechazo social ha hecho que viren las posturas, al igual que sucedió cuando nosotros explicamos a los ayuntamientos los proyectos de Chinchilla y Fuentealbilla. Es un tema muy nuevo y a los ayuntamientos les pilla de sorpresa, porque llegan ahí unos señores de una multinacional, prometiendo oro, anunciando inversiones y enseñando dispositivas alucinantes. Si los ayuntamientos no saben de las molestias que generan a las poblaciones ni sus consecuencias, dicen que sí y luego se dan cuenta de que han metido la pata”, subraya.
La cuestión es que el Gobierno de Emiliano García-Page ha promovido estas factorías de biogás. Al menos hasta ahora. Hace un año dio luz verde a un nuevo proyecto “prioritario” (una figura creada por el Ejecutivo autonómico para agilizar procesos administrativos, acelerar inversiones y fijar población) de este tipo en la localidad toledana de Noez. Supone una inversión más de 8,4 millones de euros y la creación de una decena de puestos de trabajo directos. Se estima que lleguen a reutilizar 50.000 toneladas estiércol de vacuno de carne al año, 30.000 de purines y 20.000 de lodos y residuos agroalimentarios. Desde entonces, no ha vuelto a declarar ningún otro proyecto “prioritario”. Las dos empresas que quieren operar en Chinchilla y Fuentealbilla lo solicitaron pero el Gobierno regional rechazó las solicitudes a través de Comisión Provincial de Urbanismo.
Mientras, este mismo verano, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aprobaba más de tres millones de euros para la construcción de una planta de biometano en Villaluenga de la Sagra (Toledo), donde ya hay una cementera con polémica. Forma parte de su lote de ayudas para “instalaciones singulares de biogás”. El Ministerio recalcaba además que se trata de uno de los proyectos “mejor valorados” de toda España
Con motivo de hacer pública esta ayuda, el MITECO resaltaba que el despliegue del biogás “contribuye a fijar población, vertebrando el territorio y dando impulso al desarrollo económico de las zonas rurales”. “La posibilidad de generación de biogás de forma deslocalizada ayuda a evitar la despoblación rural y plantea además sinergias con las necesidades de reactivación económica de las zonas en proceso de transición justa”, argumentaba el Gobierno central .
De cualquier forma, los ecologistas consideran que “esto es solo el principio” y que la unión de PP y PSOE en Albacete puede haber “visibilizado” más el problema pero no supondrá un varapalo. “Van a llegar más proyectos y no sé si lo podremos parar porque llegan con mucho dinero y cada vez con más cantidad de purines y deshechos”, concluyen.
“No lo entendemos”: la empresa se defiende
En paralelo, la empresa que quiere construir su factoría en la ciudad de Albacete y que ha provocado esta alianza inesperada, defiende su proyecto. Aratel tiene su sede y “arraigo” en esta ciudad y afirma haber recibido con “mucha sorpresa” este rechazo en bloque por parte del Ayuntamiento. “No lo entendemos”. Fuentes de la compañía precisan a elDiarioclm.es que el proyecto lleva tramitándose desde 2021, con 600.000 euros ya invertidos y una previsión de diez empleos durante toda la vida útil de la planta
“Tenemos el apoyo de la Administración regional y con el Ayuntamiento llevamos intentando contactar desde que se formó el nuevo equipo de gobierno, pero no nos han dado la ocasión ni de explicar el proyecto”. Ante todo, defienden que su iniciativa es “buena en todos los sentidos” y que generará gas biometano renovable y libre de emisiones. “Será la planta más avanzada tecnológicamente de nuestro país, una tecnología ya probada y eficiente que avanza con el tiempo. En Europa existen más de 1.300 instalaciones de este tipo”, argumeta Aratel.
Esta empresa considera “estratégica” su futura planta y alega que está enmarcada dentro del Pacto Verde Europeo (que el Ayuntamiento de Albacete firmó mediante la Red de Ciudades Verdes), siendo el el biometano “un vector energético clave en la descarbonización del sector gasista y por lo tanto en la lucha contra el cambio climático”. Por ello, afirma que las acusaciones de “falsa” economía circular “no tienen ningún fundamento”. La Unión Europea, y España como estado miembro, tiene “objetivos vinculantes en cuanto a la producción de biometano”.
De igual forma argumenta que el polígono de Romica es la ubicación “óptima” para la planta. “La dinámica industrial de este tipo de espacios, diseñados específicamente para actividades de este y otros tipos, encaja a la perfección con los flujos de la planta. Además, actualmente existen en el polígono empresas que generan residuos, residuos que la planta de biometano podrá convertir en gas renovable, un gas que a su vez podrá ser consumido por las propias empresas del polígono, en un exponente perfecto de economía circular”.
Finalmente, niegan cualquier asociación con macrogranjas o “macroplantas” y afirman que la factoría no emitirá ningún gas perjudicial para la salud y cuenta con sistemas para garantizar la “máxima limpieza olfativa del aire” y prevenir los malos olores. Concluye señalando que el próximo paso es esperar a que la Junta de Castilla-La Mancha reciba todas las alegaciones: “Se les darán las correspondientes respuestas, incorporando las mejoras al proyecto que sean necesarias”.
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