El riesgo de “despido” a 2.500 funcionarios y la Ley de Simplificación Administrativa chirrían a CCOO Castilla-La Mancha

El Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha ha criticado hoy las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que hace unos días pedía al Gobierno de España aprobar el techo de gasto para evitar el riesgo de tener que despedir a 2.500 funcionarios en la comunidad autónoma.

Al sindicato le chirrían sus palabras y también la tramitación del proyecto de la futura Ley de Simplificación Administrativa, actualmente en manos del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y que según CCOO “tiene un trasfondo privatizador”.

Por un lado, las palabras del presidente del Ejecutivo regional, el pasado día 13 de febrero, en las que advertía sobre el riesgo para 2.500 puestos de empleo en la Administración de no aprobarse el techo de gasto han generado un “clima de incertidumbre”.

Pedimos una rectificación del presidente de Castilla-La Mancha, así como "una apuesta clara por los servicios públicos y el reconocimiento a su personal

Por este motivo, han solicitado “una rectificación”, así como “una apuesta clara por los servicios públicos y el reconocimiento a su personal” al jefe del Gobierno autonómico.

Una ley de simplificación administrativa con “trasfondo privatizador”

Por otro lado, CCOO ha reiterado su rechazo al anteproyecto la Ley de Simplificación Administrativa, recordando que las Juntas de Personal Funcionario han convocado el próximo 26 movilizaciones en las cinco provincias de la regió por el “trasfondo privatizador” que implica el título IV de la norma, que da luz verde a la figura de las 'Entidades Colaboradoras', por ejemplo para agilizar trámites urbanísticos, como ya se anunciase hace ahora un año.

El sindicato critica las declaraciones del vicepresidente Primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, que aludió a la ausencia de rechazo por parte de los agentes sociales al anteproyecto de ley, y aseguró que la futura ley estaba siendo “muy participada”. CCOO recuerda que presentó alegaciones al Consejo de Diálogo Social y entre ellas la que tiene que ver con las entidades colaboradoras que rechazan en su totalidad.

La central sindical ha reclamado “responsabilidad” al Ejecutivo ante esta ley y ha pedido la paralización de su tramitación.

El Consejo de Gobierno remitió el Anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha al Consejo Consultivo a finales del mes de enero, de cara a que elabore el informe preceptivo para su posterior remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha a lo largo del mes de marzo.

Así lo ha trasladado el vicepresidente primero del Ejecutivo Autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha destacado que la futura norma y el conjunto de medidas que la componen  buscan “incrementar las cotas de agilidad en los expedientes y simplificar la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración regional”.

Entre las principales novedades, se establece que el silencio administrativo pasa a ser positivo en términos generales y se regula también un doble silencio positivo ante un recurso de un ciudadano afectado sin resolver en plazo. Además, se establece que los plazos de resolución de los procedimientos competencia de la Administración regional sean de tres meses y el plazo de emisión de informes internos se reduce a diez días.

Sobre las entidades colaboradoras, el vicepresidente primero lo incluía entre las novedades legislativas y defendía la colaboración publico-privada como un instrumento que se viene utilizando desde hace años en la administración. “Lo hemos hecho y lo haremos, no tenemos ningún problema en ir implementando fórmulas que mejoren la prestación de los servicios”. En este sentido insistía en que la resolución de expedientes la llevarán a cabo los órganos administrativos de las Comunidad Autónomas y la titularidad de los servicios “será siempre pública”.

Estas entidades colaboradoras, incidía, tienen que estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y la propia comunidad autónoma para poder ejercer y participarán en los procedimientos administrativos que se prevea en la normativa sectorial de la de la región. En la Ley se han previsto un total de once competencias en las que podrán intervenir estas 'entidades colaboradoras', en concreto, en materia de Urbanismo, Gestión forestal, Calidad ambiental, Economía circular, Actividad cinegética, Patrimonio cultural, Sanidad Servicios sociales, Promoción empresarial, Trabajo, empleo y formación profesional en el ámbito laboral, Turismo, comercio y artesanía y cualquier otra materia competencia de la Administración regional, cuando se regule en la correspondiente normativa sectorial. 

Uso de la IA en la tramitación de expedientes

 Otra de las grandes novedades de la futura Ley es la digitalización de los procedimientos y la incorporación de nuevas herramientas para conseguir esa agilización administrativa que se pretende.

Para ello, se ha incluido el uso de la Inteligencia Artificial para la tramitación de expedientes, dentro del marco de las directivas de la Unión Europea en esta materia, dando plenas garantías jurídicas tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía. Estamos -ha dicho- ante una regulación novedosa puesto que “somos la primera Comunidad Autónoma que incorpora esta regulación en una Ley”. 

Y, por último, se incorpora la herramienta del ‘Espacio Ciudadano’, un espacio digital que permitirá a los castellanomanchegos acceder a los distintos servicios que ofrece el Gobierno de Castilla-La Mancha de forma sencilla y sin necesidad de hacer trámites de manera física, con el que el Ejecutivo autonómico quiere hacer de la Administración un agente proactivo. Dentro del propio ‘Espacio Ciudadano’ se incluye el ‘Canal Empresa’ “donde estará toda la batería de ofertas que dirigimos a los empresarios, también incorporando aquí la proactividad en función de los datos que tenemos”, ha sentenciado.