La Sección Local en Albacete del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha condenado hoy “rotundamente” cualquier acción que suponga “quebrantar los principios constitucionales de acceso a la función pública, de mérito, capacidad, igualdad y publicidad” después de que hace una semana se detectase una presunta filtración en el examen de acceso a la Policía local de Albacete.
El sindicato policial se pronuncia por primera vez sobre este caso, que ya está en manos de la Fiscalía y que investiga el Ayuntamiento de Albacete para pedir que “se actúe con contundencia y ejemplaridad para para dejar fuera de cualquier duda” en torno a “las actuaciones conjuntas y de forma general de forma correcta realizan los tribunales de las oposiciones”. Y lo hace para pedir el cese de la concejala de Recursos Humanos, María José López.
También reclaman estudiar fórmulas para mejorar “la trasparencia en los nombramientos y actuaciones de los tribunales de las oposiciones, que den a los opositores mayores garantías, sin por ello poner en duda, las actuaciones generales de los tribunales”.
El SPL en Castilla-La Mancha ha mantenido en las últimas horas reuniones con el alcalde de Albacete Emilio Sáez, con la concejala de Recursos Humanos María José López y con el concejal del Partido Popular Manuel Serrano que el jueves anunciaba que llevaría el caso ante la Fiscalía, en una opción a la que se ha sumado Ciudadanos, en plena investigación interna por parte del Consistorio.
El sindicato policial lamenta el “daño institucional tanto a la Administración pública, por un lado, en este caso con mayor impacto al Cuerpo de la Policía Local, y especialmente a los aspirantes, que se preparan durante años con un gran esfuerzo que ahora pueden ver truncadas sus ilusiones y creencias, y a los empleados públicos en general”, derivado de este caso.
Piden “celeridad” en la resolución del caso “pensando en los aspirantes”
En un comunicado remitido a los medios este sábado dicen “compartir” la decisión de la suspensión cautelar de las pruebas adoptada por el Ayuntamiento de Albacete, hasta que se aclaren los hechos. Además, y “pensando en los aspirantes”, solicitan “la mayor celeridad posible, dentro de cautela y prudencia que la situación requiere, para salvaguardar los principios constitucionales de acceso a la función pública”.
En su opinión, y pese a reconocer la “gravedad” del caso, cree el sindicato que “hubiera sido oportuno que se hubiera puesto al corriente de la situación desde el primer momento a la representación sindical, y no esperar una semana” para disponer de información oficial, ademán, lamentan, “y no enterarnos por los medios de comunicación”.
Es algo que han trasladado al alcalde de Albacete. A Emilio Sáez también le han afeado que ante los “indicios de alguna actuación ilícito penal, lo debería haber puesto en conocimiento inmediato de la Policía Nacional, Juzgado o Fiscalía, independientemente de las actuaciones internas del Ayuntamiento”. Una investigación interna que, en su opinión, “deberían haber llevado a cabo por personal municipal totalmente ajeno al tribunal, no por desconfianza, sino por transparencia procesal”.
El sindicato ha desvelado la intención del alcalde de que, “una vez concluido el informe que se estaba confeccionado por el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento se presentaría en Fiscalía, previsiblemente durante el día de ayer. Esperamos que se aclaren los hechos hasta sus últimas consecuencias”.
Además, se ha traslado al alcalde lo que tildan de “inaceptables declaraciones sus declaraciones, más allá de que los hechos estaban bajo investigación, que es donde se debería de haber quedado, a la espera de sus conclusiones”.
En su lugar, le afean, se dejó caer en los medios de comunicación declaraciones sobre “tramas” o acceso a documentación “sin autorización”. En este sentido critican que “sin esperar a las conclusiones de las averiguaciones oportunas, extiende la sombra de la duda de forma injusta a todos los componentes de la Policía Local, y trabajadores del Cuerpo de Seguridad”.
En su opinión, más allá de si se han producido “injustificables” actuaciones individuales, rechazan las “declaraciones generalistas, que en nada ayudan, ni al esclarecimiento de los hechos, ni a los empleados públicos en general ni a la Policía Local en particular” y por eso han pedido al alcalde que rectifique públicamente o aclare sus palabras.
Según la versión de este sindicato, el alcalde les ha informado de que “aunque entendían que los nuevos hechos denunciados por el Partido Popular, no tenían nada que ver en este caso, se había dado de baja tanto como personal en el Ayuntamiento, como en el Partido Socialista a la persona que salía en los Whatsapps, una vez contrastada la información”, en referencia a una asesora vinculada al PSOE.
El sindicato ha sido emplazado a una nueva reunión la próxima semana para conocer nuevos pormenores del caso y “teniendo en cuenta la cautela existente al estar las actuaciones en Fiscalía”.
Piden la destitución de la concejala de Recursos Humanos
También han mantenido una reunión con el concejal del PP y su equipo Manuel Serrano. Allí han recibido información sobre la documentación que el PP ha facilitado a la Fiscalía.
Al PP le han pedido que “ante la gravedad de los hechos” se actúe “con total trasparencia, contundencia y se llegara hasta las últimas consecuencias”. Y es que, añaden, “los documentos que se aportan, nos dejan una gran preocupación, y queremos conocer cuanto antes, los detalles de las conversaciones aportadas, respecto a qué, quién y cómo hace esas afirmaciones, y donde está el origen de esas posibles filtraciones, como apuntan las conversaciones”.
En este aspecto, consideran que las actuaciones del alcalde dando de baja a la asesora y las explicaciones dadas no son suficientes y le reclaman la dimisión de la concejala de Recursos Humanos. “No puede seguir ni un minuto más en el equipo de Gobierno”.
Finalmente, el sindicado aclara que no se ha pronunciado en toda la semana hasta tener la información “oficial” sobre este caso.