La Justicia tumba el reglamento de caza de Castilla-La Mancha por faltar un informe preceptivo
La sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado nulo el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, debido a “la ausencia del informe del Consejo Regional de Caza”, que aunque no es vinculante, “sí es preceptivo”, señala.
Así consta en una sentencia que responde al recurso interpuesto por Ecologistas en Acción Toledo en la que el Alto Tribunal “no se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas en esta instancia ante las serias dudas jurídicas planteadas” y en la que se deja abierta la puerta al recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, o ante la Sala Especial del TSJ, en el plazo de 30 días desde el día siguiente a la notificación de la citada sentencia.
El magistrado acepta en su fallo los argumentos de Ecologistas en Acción en lo que consideran “una sentencia de notoria relevancia” ya que entiende que el Gobierno de Castilla-La Mancha “incumplió un requisito formal esencial en la tramitación del Reglamento, cual es, el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza según lo establecido en la Ley de Caza regional”, recuerda la organización ecologista.
Según Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y de las ONG ambientales que tienen presencia el Consejo Regional de Caza, “el Gobierno regional lo que ha pretendido con el Reglamento de Caza es beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente de Castilla-La Mancha”.
La sentencia demuestra el poco respeto a la legalidad que el Gobierno regional expresa en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación
La organización ecologista resalta que la sentencia viene a demostrar “el poco respeto a la legalidad que el Gobierno regional expresa en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación”.
Las razones del recurso, como el “intento de facilitar la caza en Cabañeros”
En este sentido, se apunta a las modificaciones introducidas en la ley, a través de su desarrollo reglamentario y que llevaron a la interposición del recurso judicial. Entre ellas, el hecho de que, pese al “mal estado” de las poblaciones de la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada, no se hubiera procedido a su exclusión del listado de especies de caza.
Se recurrió también lo que Ecologistas en Acción califica de “intento de facilitar la práctica encubierta de la caza en el Parque Nacional de Cabañeros, permitiendo a cazadores realizar controles de población”. Después, Ecologistas en Acción cita, en su valoración de la sentencia, otros apartados como aquellos que “permiten generalizar las sueltas de perdices de granja en todos los cotos y que facilitan los cerramientos secundarios y los capturaderos para ciervos”.
Tras esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia lo que califica de “procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general”.
Recuerdan que este tipo de procedimientos se está aplicando a otras cuestiones que este colectivo también viene denunciando. Cita el hecho de que facilite la caza en caminos y vías públicas, algo que el Ejecutivo regional defiende como una manera de garantizar la seguridad, mediante su ordenación y reglamentación, o el hecho, señalan los ecologistas de que se permitan “transformaciones de cultivo que dañan Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) o para promover la instalación de macrogranjas y de plantas de biogás”.
Ecologistas en Acción dice apostar por “la participación social” en la aprobación de todo tipo de normativas y por ello reclama al Gobierno regional, y singularmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que “confronte abiertamente su elaboración con todas las partes interesadas y no solo con los sectores económicamente interesados”.
Asimismo reclama que “no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan y señala que si estas fueran atendidas mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales”.
La Junta ya ha recurrido la sentencia: “No tiene relevancia, no es firme”
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha confirmado a elDiarioclm.es que la sentencia ya ha sido recurrida en casación y se está a la espera de decidir qué medidas tomar jurídicamente, según confirman fuentes del departamento.
Este departamento explica que se trata de un “defecto formal”, durante el proceso de elaboración del reglamento consistente en la ausencia de informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Pesca Fluvial, considerando que estos informes eran preceptivos“.
“De acuerdo a nuestro servicio jurídico, en el caso que nos ocupa, la ausencia del informe del Consejo Asesor del Medio Ambiente y del Consejo Regional de Pesca de Castilla-La Mancha no tienen relevancia decisiva para poder considerar su ausencia como determinante de la nulidad del Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de Caza”, señalan las mismas fuentes.
A efectos prácticos, añaden, “consideramos que la decisión no tiene mucha transcendencia porque no es una sentencia firme”. En todo caso, creen que si lo termina siendo, se remitirían al anterior reglamento de caza que entraría en vigor de nuevo para regular toda la actividad cinegética en lo que no contradiga a la Ley 3/2015. “Sí se diera algún caso concreto de contradicción, se aplicaría la Ley sin reglamento, aunque consideramos que es una posibilidad remota”, aseguran.
No obstante, han querido puntualizar que llevan “tiempo” trabajando en mejorar el Reglamento impugnado, “tanto con representantes del sector de la caza, como con los grupos conservacionistas”.
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