Un informe elaborado por el sindicato UGT constata que existe “incumplimiento” de los plazos legales en el ámbito de la jurisdicción social ya que la duración media en la resolución de procedimientos judiciales urgentes se alarga en Castilla-La Mancha hasta siete meses, y la de los ordinarios es todavía mayor, y llega a dilatarse hasta 13 meses.
Es una situación que, dice el sindicato, “menoscaba el derecho a la protección judicial de las personas trabajadoras”.
Según los datos aportados por este informe, hay una gran diferencia de los plazos entre unas comunidades autónomas y otras, e incluso entre provincias, independientemente de su población. La mayor duración para la resolución de procedimientos se produce en Andalucía, Baleares y Murcia, si bien Castilla-La Mancha se encuentra por encima de la media nacional, que es de 5,8 meses para los procedimientos urgentes y de 11 meses para los ordinarios.
La duración media de procedimientos judiciales urgentes se alarga en Castilla-La Mancha hasta siete meses, y la de los ordinarios hasta los 13 meses.
UGT insta a adoptar “medidas urgentes que solucionen este atasco judicial”. Recuerda su reivindicación para recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2012. En su opinión es algo que “ayudaría a que los trabajadores y trabajadoras puedan obtener una reparación material de las dilaciones indebidas que se produzcan en los juzgados y no tengan que soportar un menor peso de negociación en conciliaciones y mediaciones previas”.
Impulsar la resolución de conflictos extrajudiciales
El sindicato defiende impulsar los medios de solución de conflictos extrajudiciales, como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización, algo que deben promover las Administraciones Públicas.
Las propuestas para paliar los retrasos
UGT denuncia que los retrasos en la resolución de los procedimientos se estén alargando hasta situaciones no aceptables en un Estado democrático. Para solucionar esto propone varias medidas, entre ellas, aprobar el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos; aumentar el número de recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia; incrementar las posibilidades de dictar sentencias in voce u orales y la creación de más tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales; y que, una vez que se renueve, el Consejo General del Poder Judicial fomente y vigile la tutela judicial social para que llegue efectivamente a las personas trabajadoras y a las empresas.
UGT también muestra su preocupación por la parálisis del Consejo General del Poder Judicial. En su opinión “repercute también en las personas trabajadoras” porque recuerda que “gran parte de los conflictos laborales se terminan dirimiendo en los juzgados de lo Social y aquellas cuestiones de la reforma laboral susceptibles de interpretación van a terminar siendo unificadas por el Tribunal Supremo”.
Así, con la parálisis en el Consejo General del Poder Judicial, la reforma laboral llegará al Supremo para 2026, añade el sindicato. “Es decir, los plazos de resolución de los juzgados de lo social (ya de por sí muy largos) pueden alargarse un año más si hay recurso al Tribunal Superior de Justicia y dos años si va al Supremo, esto es hasta 2026”.
40 detenidos por fraude laboral en varias provincias, como Toledo
Precisamente, y sin dejar el aspecto laboral, la Policía Nacional ha detenido a 40 personas en las provincias de Madrid, Murcia, Alicante, Toledo y Almería en una operación por un fraude laboral en el que el entramado criminal se servía de documentación de ciudadanos nigerianos residentes en España.
Las detenciones se han practicado por los delitos de falsedad, usurpación y fraude a la Seguridad Social debido a que prestaban su documentación a personas en situación irregular para realizar actividad laboral y, a cambio, obtenían un beneficio directo a través del salario percibido por estos trabajadores.
Los investigadores tuvieron conocimiento de que ciudadanos de origen nigeriano, residentes en nuestro país, estarían presuntamente prestando su documentación o documentos falsos a terceros en situación irregular, para realizar actividad laboral suplantando la identidad del titular.
Los titulares legítimos obtenían beneficio directo a través de parte del salario por los trabajadores así como un lucro indirecto a través del cobro de subsidio de desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social, según ha informado la Policía Nacional.
Las gestiones policiales y el análisis de documentación tanto de empresas de contratación como de diversos estamentos administrativos permitieron a los agentes identificar a múltiples implicados, procediéndose a la detención de 40 personas en Madrid, Alicante, Almería, Murcia y Toledo.