Luis Montes Mieza, anestesista del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, fue víctima de la caza de brujas que el gobierno de la Comunidad de Madrid realizó contra las sedaciones paliativas que, además de ser legales, constituían una buena praxis médica. Así que, por una cosa o por otra (por su militancia o por experiencia personal tras sufrir acusaciones de homicidio), sabe bien de lo que habla.
En los meses de Mayo y Junio, DMD ha organizado varias actividades en la región (Talavera de la Reina, Ciudad Real, Sonseca, Toledo). Se pueden consultar en la página web de la asociación. Impacientes, hemos hablado con él para que nos dé un adelanto.
Cuando se habla de una “buena muerte” generalmente se hace referencia a la dignidad humana ¿qué relación hay entre ellas?
Aunque en ocasiones se emplean los términos “buena muerte” y “muerte digna” como sinónimos, son conceptos diferentes. En un sentido amplio, por buena muerte se entiende en general una muerte a su tiempo, con un proyecto vital cumplido, y sin sufrimiento. Lo cierto es que sólo en ocasiones las personas tienen la fortuna de una muerte así. En general el proceso de muerte entraña no poco sufrimiento tanto físico como psíquico; para quien muere y para su entorno afectivo. En otro sentido, como traducción del término griego “eutanasia”, que significa precisamente “buena muerte”, se emplea desde hace siglos para denominar la muerte “a petición” dirigida a terminar con el sufrimiento asociado al final de la vida. Es en este sentido de la voluntariedad donde entra en juego el concepto de dignidad personal entendida como consustancial al ser humano y directamente relacionada con su libertad, su autonomía para decidir su historia personal. El respeto a la dignidad personal exige, a mi juicio y al de la mayoría de las personas a quienes se pregunta por ello, la libertad de decidir cuándo la vida ya no es un bien y a elegir ponerle fin, con ayuda si es precisa. Para quienes militamos en DMD no se puede hablar de dignidad en la muerte –ni en la vida- si no se tiene la libertad de decidir. Es en este sentido en el que empleamos el término “muerte digna”. Como resultado, en las sociedades evolucionadas que tienen regulado el proceso de decisión personal respecto a la muerte, la eutanasia o el suicidio asistido, la muerte se acerca más a una “buena muerte” gracias a que la asistencia médica al final evita el sufrimiento último.
Las ciencias de la salud siempre han tendido a luchar a toda costa por la vida humana. Cuando ya no hay ninguna esperanza de curación ¿qué pueden ofrecer estas ciencias a esas personas cuyo pronóstico es la inminente e irreversible evolución hacia la muerte?
En realidad, hace muy poco que la medicina ha permitido realmente torcer el curso de las enfermedades y, en demasiadas ocasiones, las posibilidades técnicas mal empleadas han servido para prolongar no tanto la vida como el proceso de muerte. Nos encontramos en pleno cambio de enfoque de la práctica de la medicina; “el paciente” no es ya sólo el “objeto” del quehacer médico sino que se convierte en el “sujeto” que, ayudado por los profesionales, toma sus propias decisiones. Este cambio en la sociología del ejercicio médico y la evidencia de que no somos capaces de curarlo todo, está dando lugar a un nuevo humanismo sanitario en que el objeto de la medicina no es ya la enfermedad sino el ser humano enfermo. De este enfoque nace “la medicina paliativa”, aquella que no se empeña en una curación imposible sino en conseguir un final con el mínimo de sufrimiento y el máximo de acompañamiento y respeto a la dignidad de la persona enferma. En este sentido, la ayuda a morir, sea eutanasia sea suicidio asistido, es un recurso paliativo más aunque no todos los paliativistas en nuestro país lo entiendan así.
La experiencia en países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, o Suiza ha sido que a la vez que se aprobaba una ley de eutanasia, se aprobaba una de cuidados paliativos; abarcando el ideario del “buen morir” un mayor abanico de posibilidades. Tras varios años de experiencia en los mismos, recientes estudios científicos han demostrado que en estos países ni han aumentado las solicitudes de eutanasia, ni se ha llevado a cabo el temido “genocidio de los no válidos” dando lugar a la llamada “pendiente resbaladiza”. ¿Qué opinión te merece esta situación?
Que la experiencia ha venido a demostrar cómo toda la propaganda sobre los males que la aprobación de la eutanasia traería para las sociedades que la legalizaban era sólo un recurso al miedo para evitar el avance. Los elementos reaccionarios siempre recurren al miedo para dirigir las conciencias. Cuando el miedo al “más allá” pierde fuerza, se dedican a meter miedo con el “más acá”. No es ya que se condenarán, es que te “liquidarán” si no sirves.
La famosa “pendiente resbaladiza” tiene la misma función que ha tenido durante siglos el infierno: meter miedo. La evidencia demuestra que la eutanasia se despenaliza precisamente en sociedades avanzadas que, por cierto, no se desestructuran ni se despueblan. La aprobación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido lo que ha supuesto es un mayor y mejor control. La desregulación supone siempre menos seguridad de una correcta aplicación. Respecto al desarrollo simultáneo de los cuidados paliativos hay que verlo como una exigencia ética para que nadie se vea obligado a pedir la muerte porque no tenga acceso al alivio del sufrimiento. Asegurar el acceso a los cuidados paliativos es hoy en día una obligación de los responsables políticos, con eutanasia aprobada o sin ella. Otra cosa es que algunos emplean el insuficiente desarrollo de los paliativos como una coartada para frenar el avance de la eutanasia.
El CIS realiza encuestas de opinión con el fin de orientar las estrategias políticas y acercarlas a los ciudadanos. En el tema que nos atañe, el ministro de sanidad Bernat Soria encargó en el año 2009 una sobre la eutanasia y la ayuda que los profesionales sanitarios pueden prestar para poder tener una buena muerte. En la misma, se reflejaba que el 64% estaba de acuerdo con que lo correcto sería que los médicos ayudasen a morir a aquellas personas en situación de sufrimiento. ¿Por qué crees que el estado español no ha dispuesto a sus ciudadanos de esta posibilidad?
No sólo esa encuesta que promovió el ministro Bernat Soria, todas las que se han hecho al respecto en nuestro país han manifestado que la población española está por la libre disposición de la propia vida y considera perfectamente ética la ayuda médica a quien sólo tiene un horizonte de sufrimiento y decide libremente ponerle fin. Lo que pasa es que las leyes no las promueven los ciudadanos directamente sino a través de sus políticos que, como está sobradamente comprobado, no siempre están a la altura de sus votantes. El PP es la voz de los obispos y el PSOE no ha mostrado coherencia política respecto al tema: desde prometer iniciar el proceso hasta pretender que la sociedad española no está preparada...
En las últimas legislaturas, la mayoría PP y PSOE han rechazado sistemáticamente todas las iniciativas de grupos minoritarios, especialmente IU, sobre despenalización de la eutanasia.
Las comunidades de Andalucía, Navarra y Aragón aprobaron hace unos años (estando gobernando Jose Luis Rodríguez Zapatero) sendas leyes de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna. ¿Cómo quedan estas leyes sin el amparo de una legislación estatal? ¿Qué sucedió con el proyecto de ley de Muerte Digna que quedó en el tintero en Septiembre de 2011?
Andalucía primero, Navarra y Aragón después, mejoraron la legislación relativa al final de la vida hasta donde lo permitía su capacidad legislativa; fundamentalmente aclarando derechos reconocidos de quienes se enfrentan a su proceso de muerte y las obligaciones correlativas de quienes trabajan para el sistema sanitario. Tras estas leyes, se produce un cierto agravio entre comunidades. Incluso con casos concretos producidos recientemente, se demuestra que está más garantizada la dignidad en el morir en Andalucía que en Madrid, por ejemplo. Esta situación llevó al gobierno de Zapatero a presentar, sin siquiera posibilidad de tramitación parlamentaria, un proyecto de ley de aplicación a todo el Estado que se limitaba a copiar la ley andaluza. En lugar de promover una reforma legal de calado que sí estaba al alcance del parlamento. El artículo 143 del Código Penal sigue poniendo de manifiesto la falta de coraje de algunos políticos. O peor, la falta de ideas claras al respecto y de desentendimiento respecto del sentir popular. Cuando los políticos van por detrás de sus representados, algo falla en la democracia representativa.
Parece claro que tanto la posibilidad de los ciudadanos de elegir cómo y cuándo morir en circunstancias de sufrimiento intenso como el legislar este asunto tienen una relación directa con las libertades individuales; es decir, afectan directamente al implicado pero no al resto de la sociedad. ¿Podrías describirnos la situación legal actual del estado español en relación al “buen morir” o eutanasia? ¿Y en relación a los cuidados paliativos? ¿Crees que esta situación es ilustrativa de la que se pueda vivir en la calle?
En este momento vivimos una contradicción legislativa evidente: por un lado, la Constitución proclama la libertad y autonomía individual como pilar del estado democrático y por otro, el Código Penal sigue penalizando, aunque atenuadamente respecto a versiones previas, la ayuda prestada a una persona sometida a padecimientos que considera inaceptables y que pide ayuda para morir. Para más absurdo, son precisamente las personas más necesitadas, las que no pueden procurarse la muerte –como Ramón Sampedro- las más indefensas porque está prohibida precisamente la ayuda necesaria. La realidad es que la pretendida defensa de la vida se convierte en muchos casos en una condena a vivir una vida que resulta indeseable para quien la padece.
Respecto a los cuidados paliativos, tras planes, leyes, organizaciones y estructuras a medio desarrollar, la realidad es que no todos los españoles tienen acceso real a los cuidados paliativos. En buena medida porque se insiste en la visión de los cuidados paliativos como una especialidad médica que, para desarrollarse hasta llegara todos, tiene que crecer desmesuradamente –todos, más tarde o más temprano, padeceremos una enfermedad terminal- en lugar de promover los paliativos como parte de la formación y actuación de todo el sistema sanitario. A veces, los intereses profesionales priman sobre los de los ciudadanos. “La calle” va claramente por otro lado.
¿Qué tiene que hacer la ciudadanía para poder hacer de esta necesidad una posibilidad?
La experiencia demuestra que cuando un derecho no se pelea, no se consigue y cuando no se defiende una vez conseguido, se pierde. Las ciudadanas y ciudadanos tienen la obligación de influir en los grupos políticos para que se comprometan seriamente con este avance en los “derechos de salida”, los que se conocen como derechos del siglo XXI. Quienes forman parte de partidos o simplemente participan en actos electorales deben reclamar este compromiso y no deberían votar a partidos que rechazan incluir estos derechos en su programa. Deben, además, conocer y reivindicar los derechos sanitarios sobre el final de la vida que ya tenemos reconocidos: renuncia al tratamiento, incluida la alimentación e hidratación, sedación terminal, testamento vital... Si, además, un número importante de ciudadanos y ciudadanas se suman a la reivindicación pública de estos derechos a través de nuestra Asociación DMD, antes se conseguirá esta parcela de la libertad individual que todavía permanece secuestrada: la de dirigir también el final de nuestras vidas.
¿Por qué nace DMD? ¿En qué circunstancias?
Todas las asociaciones pro-eutanasia del mundo surgen, en los países desarrollados, de la confluencia de dos circunstancias: por una parte, la ampliación de la edad alcanzada por la mayoría de la población y la consiguiente aparición de enfermedades degenerativas que colocan a las personas en situaciones vitales que la mayoría considera indignas. A ello se suman los avances en las técnicas de mantenimiento vital que, aplicadas sin criterio y abusivamente, prolongan dichas situaciones. Esta realidad de empobrecimiento del periodo final de la vida coincide con la asunción por extensas capas de la población de la propiedad de la vida. Las personas, reivindicando su autonomía, rechazan ser meros objetos en manos del estado que, con la excusa de proteger la vida obliga a las personas a vivir un final indigno. Las asociaciones pro-eutanasia nacen así, reivindicando el reconocimiento de la libre disponibilidad de la propia vida.
En concreto, la asociación Derecho a Morir Dignamente de España nació en 1984 por iniciativa de Miguel Ángel Lerna que era profesor de matemáticas y pertenecía a la asociación inglesa The Voluntary Euthanasia Society que contaba con medio siglo de existencia. El mismo medio siglo de retraso que supuso la dictadura franquista en todos los ámbitos de la sociedad española. En nuestro país, con una gran carga religiosa y un fuerte tabú de la muerte, no había debate sobre la eutanasia. Incluso, ya en democracia, se denegó inicialmente el registro como asociación “por ilicitud de fines”. Tras el reconocimiento internacional en el Congreso de Asociaciones pro-eutanasia de Niza, se rectificó la negativa inicial y se legalizó finalmente. Los primeros años de la asociación se desarrollaron con poca proyección pública. Hasta que el caso de Ramón Sampedro y su muerte en 1998 cobraron relevancia social, no se inició abierta y extensamente el debate sobre la muerte voluntaria en nuestro país.