A principios de semana, la Asociación de Vecinos El Tajo de Toledo, perteneciente al barrio del Polígono de esta ciudad, denunció las diferentes situaciones de conflicto que se están produciendo en las 148 viviendas sociales en régimen de alquiler ubicadas en la calle Río Yedra. Según apuntó, los hechos van desde viviendas ocupadas hasta enganches eléctricos ilegales y vandalismo. Sus declaraciones han provocado la reacción tanto de la empresa pública GICAMAN, encargada de su gestión, como del concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, aunque con posiciones al respecto muy diferentes.
En declaraciones a la Cadena Ser, Javier Barrado, presidente del Consejo de Administración de GICAMAN, ha dicho conocer la situación de estas viviendas porque actualmente esta empresa ha puesto en marcha una experiencia piloto de intervención social para diagnosticar los problemas en inmuebles de su propiedad. Ha dicho estar sorprendido por las declaraciones “catastrofistas” de la asociación vecinal. Admite que hay problemas pero no en el grado en el que se han denunciado.
A este respecto, Barrado afirma que tan solo hay una vivienda ocupada sobre la que ya se han realizado los trámites oportunos y asegura no tener datos concretos de enganches ilegales de electricidad. Además, luego ha añadido que de cualquier forma estas cuestiones “escapan” de las competencias de la empresa“. Por ejemplo, ha precisado que el vandalismo es un problema diario del parque viviendas públicas tanto de GICAMAN como del Gobierno regional, porque ”siempre hay algún vecino que genera problemas de convivencia“. Por eso ha vuelto a remitir a los estudios de diagnóstico que están realizando para remitirlos a los servicios sociales.
“A la empresa no le corresponde la labor de intermediación social, para eso están los servicios sociales de cercanía, que son competencia de los ayuntamientos y los de bienestar social de la Junta. El equipo técnico que trabaja día a día con las familias sabe cuáles son sus problemas y en ese espíritu de querer ayudar se han puesto en marcha los diagnósticos de intervención social”, ha argumentado. Después, ha añadido que el papel de GICAMAN en realidad es el de “un casero”.
También se ha referido a las polémicas cartas remitidas a los inquilinos que no han pagado sus mensualidades. “No podemos obviar la morosidad, está reglado en el acceso a las viviendas”, ha dicho, recordando que son 380 euros al mes con la comunidad y el IBI incluidos. Ha concluido que con esas misivas tan solo piden a las familias con deuda que acudan a la empresa pública para solucionar el problema mediante pagos individualizados y adaptados a las circunstancias de cada situación, pero reconoce que no en todos los casos se ha llegado a un acuerdo.
Estas declaraciones han indignado al concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Javier Mateo: “Es una estupidez. Lo que no puede pretender la Junta es endosar al Ayuntamiento una problemática que ellos mismos han generado”. “¿Qué quiere, que nos hagamos cargo de deudas que han provocado por la propia desidia de la Junta al no abordar el problema?”, se ha preguntado.
Mateo ha apuntado directamente a la Dirección General de Vivienda como causante de la situación y ha recordado que a principios de legislatura, él mismo ofreció que el Ayuntamiento gestionara a medias con la Junta esas viviendas, obteniendo la “callada por respuesta”. Tras ello, ha añadido, el problema “se ha ido abandonando” y ahora hay personas que deben afrontar casi 400 euros de alquiler, cuando ese es el importe que tienen como subsidio, por lo que “no llegan”. “La Junta tiene que asumir esta cuestión, porque el Ayuntamiento no va a permitir un solo desahucio en la ciudad y menos por parte de la Administración pública”, ha resaltado.
Para el concejal, GICAMAN, que según ha dicho se utiliza como “parapeto” de la Consejería de Fomento, debería “hablar con los vecinos en vez de mandar abogados” y ha señalado que es “muy poco responsable” que la Administración se considere “un casero”. “Un poco de seriedad, la Administración es mucho más que eso, porque si son viviendas públicas, requieren un seguimiento y políticas sociales”.
Finalmente, Javier Mateo ha achacado este problema al hecho de que no existe una política regional de vivienda pública “en condiciones” lo que provoca que haya “problemas serios” de convivencia y gente sin recursos “a los que todos los días atendemos desde los servicios públicos municipales”. “No tiene sentido construir bloques enteros para un solo perfil de persona. Pero esa excusa tampoco le vale al vecino mientras que nadie le da una solución. La Junta debe bajar a la arena y poner en marcha un programa específico para cada una de las viviendas con las particularidades de cada uno”.