La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, firmada a 11 de abril, establece en sus conclusiones que se estima el recurso interpuesto por la concejala Tejado Alberca, para transformar la empresa municipal en una sociedad de economía mixta. Con esto se anula todo el procedimiento de licitación, por lo que si el Gobierno Municipal y la Unión de Empresas entre Aqulia y Transia, deberán reiniciar el procedimiento al completo, corrigiendo los motivos de nulidad estimados por el Tribunal.
El Tribunal ha admitido la “falta de aptitud para contratar” que, según se señala en el recurso interpuesto por el POSE, se recoge en los pliegos de las empresas, además de la falta de solvencia de la sociedad a constituir, ya que no existe constancia de sus condiciones de solvencia económicas, financieras, técnicas y profesionales. Se estima también lo detallado en el recurso impuesto por el grupo Municipal del PSOE en Alcázar de San Juan, que indica que los licitadores, en este caso Aqualia y TRAINASA, no acreditan la capacidad económica y solvencia técnica que se exige en la legislación de contratos y el propio pliego de cláusulas.
Rosa Melchor, del grupo municipal del PSOE en Alcázar, único grupo político con representación municipal como oposición ha señalado que, contrario a lo que el Gobierno Municipal aseguraba, la paralización se ha vuelto definitiva con lo “que se deja claro que teníamos razón, las aguas deben seguir públicas”. Por parte de la Plataforma en Contra de la Privatización de las Aguas en Alcázar, la valoración del coordinador de Izquierda Unida en Alcázar, Antonio Jesús García, “sólo puede ser positiva”. Pero, han señalado, esperan a las declaraciones oficiales, ya que cuentan con el que el equipo de Gobierno recapitule y no intente iniciar de nuevo el proceso de venta. “Creemos que la sentencia supera los trámites administrativos, y reconoce las reivindicaciones desde la Plataforma: mantener el agua en gestión pública”, ha señalado.
Por parte del Gobierno Municipal, el portavoz Ángel Puente ha anunciado que los Servicios Jurídicos están analizando la resolución para determinar el alcance de la misma. Ha asegurado que si, en efecto, sería necesario comenzar con el nuevo procedimiento de licitación se tendría que disolver la empresa de Aguas de Alcázar, ya que, al encontrarse en quiebra, está en causa legal de disolución. Puente ha declarado también que la concesión de las aguas a una empresa privada es “lo que quería el PSOE de Alcázar de San Juan”, señalando que el anterior alcalde sabía a 31 de diciembre de 2009 que la empresa estaba en quiebra. Por su parte, Diego Ortega, alcalde de la localidad, no ha querido hacer comentar nada al respecto, y su oficina señala que tampoco tiene intención de realizar rueda de prensa o declaraciones públicas.