El principio fue la autorización para las primeras investigaciones y el terreno cuando todavía gobernaba María Dolores de Cospedal. Tras cambiar el Gobierno y ser investido Emiliano García-Page como presidente, el punto final todavía no se ha puesto. Desde que se hizo público que la empresa Quantum Minería estaba realizando estudios sobre diferentes zonas del Campo de Montiel para llevar cabo un procedimiento de extracción minera de tierras raras como la monacita, utilizada para fabricación de nuevas tecnologías, el pueblo dijo que no. Hace justo un año se constituyó la Plataforma Sí a la Tierra Viva para liderar esa oposición y a la misma se han ido sumando plataformas ecologistas, partidos políticos, entidades locales y expertos de todo tipo.
Consiguieron hacerse con la documentación necesaria para alertar de las consecuencias de un proceso minero de estas características y empezó el ‘ruido’. El procedimiento es la concesión de permisos previos de explotación desde el año 2013 y que competen a las comarcas de La Mancha, Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, y en concreto a los municipios de Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad, abarcando, según los expertos, más de 30.000 hectáreas.
El primero riesgo al que se refirieron sus opositores fue el tema del agua. Aseguraron que Quantum quiere una toma de agua de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas. Además, la planta de tratamiento (la misma para los 10 proyectos) estaría a 8 kilómetros del embalse, al igual que el almacenaje de aguas desechadas. Ahí estaría el riesgo de contaminación química y radiactiva “bien por tratamiento rutinario o por fuga accidental”, con afección a la agricultura vitivinícola.
¿Y en cuanto al riesgo para la salud? La Plataforma argumentó que la monacita gris y amarilla están asociadas a elementos radiactivos como el torio y el uranio. Creen que esa radiactividad puede ser transportada en las partículas aéreas de las nubes de polvo que se crean en los yacimientos y la planta de tratamiento, afectando a las poblaciones y cultivos cercanos, pero también más lejanos en situaciones de vientos fuertes.
En cuanto al patrimonio natural y cultural, alegan los ecologistas la posible afectación en zonas de importancia para el buitre negro, el águila imperial ibérica y el lince ibérico. Y los detractores del proyecto tampoco salvan al propio procedimiento administrativo. Afirman que se ha dividido en varias piezas y piden que todos los expedientes se agrupen en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “parezca que hay un menor impacto ambiental”. Por último, parte de la batalla de los ciudadanos que no quieren el proyecto fue apuntar a intereses estratégicos que acaben imponiéndose al medio ambiente.
El argumentario del Gobierno de Castilla-La Mancha con esta cuestión se fue transformando. Desde la Consejería de Economía, el director general de Minas, José Luis Cabezas, avisó de que el proyecto no saldría adelante si contaba con la oposición popular de la comarca. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quiso garantizar en todo momento que las exigencias a la empresa pasarían por cada uno de estos riesgos y que la declaración de impacto ambiental sería muy rigurosa en ese sentido.
Meses después, con motivo de la masiva manifestación que convocó la Plataforma en el mes de mayo contra el proyecto, la portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, admitió que el proyecto no les gustaba. El consejero de Medio Ambiente también admitió en una entrevista con eldiarioclm.es: “si tuviéramos que decidir ahora, no habría explotación de tierras raras”.
El punto álgido llegó tras sumarse los ayuntamientos, muchos socialistas, con mociones y alegaciones, a la oposición al proyecto. Después comenzaron a hacerse públicos algunos informes demoledores. El primero de ellos fue el de la Confederación Hidrográfica del Guadiana: estipuló que no había agua suficiente para llevar a cabo el proyecto. Al mismo le siguió el del Consejo de Seguridad Nuclear: había impacto radiológico. El Ministerio de Medio Ambiente señaló por su parte total “inviabilidad ambiental”. El último de ellos, el de la Oficina del Defensor del Pueblo llevó a la Plataforma a realizar una rueda de prensa multitudinaria en Toledo. Pedía directamente a la Junta el archivo del procedimiento.
El “documento de alcance” de la Junta y el galimatías argumental
Podo después, Emiliano García-Page anunciaba que el Consejo de Gobierno aprobaría un informe que impediría que las iniciativas empresariales relacionadas con las explotaciones de de las llamadas 'tierras raras' puedan desarrollarse en la comarca del Campo de Montiel. Dicho y hecho, el Ejecutivo aprobaba posteriormente “documento de alcance” en el que desgranaba los impedimentos para la realización del proyecto pero se iniciaba así un galimatías argumental: la Junta no paraliza el proyecto sino que avisa de que Quantum no cumple con los requisitos ambientales y da a la empresa un plazo de tres meses, que culminaría en marzo, para que realice su propia evaluación ambiental.
Desde el Gobierno cuentan con que la empresa no supere este trámite, y entonces sí puedan paralizar el proyecto. Mientras tanto, la Administración regional se aferra al argumento de que no puede paralizar un proyecto que se no se ha iniciado. No están de acuerdo desde Podemos, IU o Equo: la Junta tiene potestad para archivarse en cualquier momento. Así lo debatieron el consejero de Medio Ambiente y el coportavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde, en un encuentro organizado por eldiarioclm.es.
Ahora, con el debate en ‘stand by’ la Platafoma espera que este proyecto termine por archivarse y no se aborde ni en el Campo de Montiel ni en ningún otro sitio de Castilla-La Mancha, siendo uno de sus temores que Quantum haya propuesto otras zonas de la región para el mismo tipo de minería. La Junta dice tener como objetivo “cumplir con la ley” y no archivar el procedimiento hasta que la empresa presente su informe y, previsiblemente, no sea aceptado por su negativo impacto ambiental. Será entonces cuando esta polémica pueda quedar definitivamente cerrada.