Lo que en un principio fueron una serie de permisos previos de explotación, concedidos desde el año 2013 y durante la anterior legislatura en Castilla-La Mancha, para la extracción minera de monacita en varias zonas de la provincia de Ciudad Real, al final está dando mucho que hablar en los pueblos de la comarca afectados y en buena parte de la región. El proyecto de la empresa Quantum para extraer este elemento químico, utilizado en la fabricación de nuevas tecnologías, se ha encontrado con la oposición de los ecologistas y de la Plataforma ciudadana Sí a la Tierra Viva, creada ex profeso por esta cuestión y que ya ha registrado sus alegaciones. Desde el Gobierno regional actual siguen apostando por que precisamente sea ese proceso de alegaciones abierto el que determine si tal proyecto es viable ambientalmente.
Por el momento, los permisos afectan a las comarcas de La Mancha, Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, y en concreto a los municipios de Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad, abarcando, según los expertos, más de 30.000 hectáreas. Es en estos dos últimos pueblos en los que ya ha comenzado el procedimiento para la concesión de su explotación, según se indica en el portal NEVA de proyectos ambientales.
Este es el contexto en el que se quiere desarrollar un proyecto que cuenta con numerosas dudas entre los vecinos y expertos que componen la Plataforma. El primero de ellos es el referido al agua, un bien escaso en la zona. Apuntan que Quantum quiere una toma de agua de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas. Además, la planta de tratamiento (la misma para los 10 proyectos) estaría a 8 kilómetros del embalse, al igual que el almacenaje de aguas desechadas. Ahí estaría el riesgo de contaminación química y radiactiva “bien por tratamiento rutinario o por fuga accidental”, con afección a la agricultura vitivinícola.
Sobre este punto, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explica a eldiarioclm.es que es en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde el promotor debe demostrar que su proyecto es “inocuo para la calidad y la disponibilidad del agua”, así como para los recursos agrícolas de la comarca. Afirma que la Consejería garantiza que se analizarán estas afecciones “con el detalle y el rigor que se merecen”. “Nos aseguraremos de que, en su caso, el proyecto no tenga ningún efecto negativo ni sobre el agua ni sobre la agricultura”, destaca.
¿Y en cuanto al riesgo para la salud? La Plataforma argumenta que la monacita gris y amarilla están asociadas a elementos radiactivos como el torio y el uranio. Creen que esa radiactividad puede ser transportada en las partículas aéreas de las nubes de polvo que se crean en los yacimientos y la planta de tratamiento, afectando a las poblaciones y cultivos cercanos, pero también más lejanos en situaciones de vientos fuertes. El consejero, por su parte, también insiste en que el proceso está garantizado a ese respecto y que en este sentido el Gobierno regional va a ser “muy escrupuloso”.
En cuanto al patrimonio natural y cultural, alegan los ecologistas la posible afectación en zonas de importancia para el buitre negro, el águila imperial ibérica y el lince ibérico. Martínez Arroyo explica sobre este asunto que las zonas de importancia de estas especies son muy amplias y en los propios planes de conservación se explican qué restricciones existen para la actividad minera en ellas. Por eso, la “principal exigencia” que supone para la minería y cualquier proyecto que se impulse en los municipios que se hallan dentro de su contorno es que hagan un “análisis concreto de la posible afección del proyecto sobre las poblaciones de dichas especies, así como sobre la idoneidad del hábitat para su expansión y conservación”.
Los detractores del proyecto tampoco salvan al propio procedimiento administrativo. Afirman que se ha dividido en varias piezas y piden que todos los expedientes se agrupen en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “parezca que hay un menor impacto ambiental”. Desde el Gobierno regional es otro el punto de vista: “la individualidad de cada expediente viene marcada por su consideración como expediente minero”, pero el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental “podrá requerir que se entren a analizar los efectos sinérgicos de los expedientes más próximos”.
El consejero detalla asimismo que, dado que el requisito de evaluación de impacto ambiental es exigido igualmente aunque estén tramitados de forma individual, “entendemos que no existe una fragmentación del proyecto intencionada por parte de los promotores tratando de esquivar requisitos legales”.
Transparencia y posibles intereses
No ve tampoco Martínez Arroyo falta de transparencia como apuntan desde la Plataforma. “En este momento, toda la información sobre estos expedientes está disponible en Internet en la sede electrónica de la Junta, para que todos los interesados puedan profundizar en las actuaciones concretas que comprenden”. Destaca además que en el caso de las extracciones en sí del material, el estudio de impacto ambiental que se realice en su momento también pasará a estar a disposición del público en Internet, será objeto de anuncio de iniciación de la información pública y “cualquier persona o asociación podrá consultarlo y efectuar las consideraciones que vea oportunas”.
Por último, parte de la batalla de los ciudadanos que no quieren el proyecto es apuntar a intereses estratégicos que acaben imponiéndose al medio ambiente. El consejero lo niega. “Los únicos intereses que hay desde la Administración regional en medio ambiente son garantizar la gestión y conservación de los valores ambientales y aplicar la legislación actual para evaluar los proyectos y establecer si son o no compatibles con el medio ambiente”.
“En su caso, los proyectos que obtengan una Declaración de Impacto Ambiental favorable condicionada se tendrán que realizar con todos los condicionantes y restricciones que se establezcan. Desde el Gobierno regional velaremos, en todo momento, por el desarrollo sostenible de nuestra región”, concluye.