“La situación de la dependencia ha empeorado en los últimos años con la excusa de la crisis y los recortes”, es la sentencia de UGT. El sindicato ha lanzado una campaña para reclamar la recuperación de los derechos de los trabajadores sociosanitarios tras dos años de bloqueos de la negociación de 248.000 trabajadores en todo el país. Se trata de quienes trabajan en centros residenciales, de mayores o de día, así como los trabajadores y trabajadoras a domicilio.
En Castilla-La Mancha son 21.000 los que son trabajadores “directos” de atención a la dependencia. La coordinadora federal del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia del sindicato, Gracia Álvarez, ha explicado que la razón de la campaña se debe a que la situación de los profesionales es, en definitiva, “mala y precaria”. “Nos preocupa la paralización del convenio. Queremos dar la importancia que se merece desde la patronal ya que no se trata a las trabajadoras de forma adecuada”, afirmó Álvarez.
En el caso de Castilla-La Mancha, el secretario regional del Sector Autonómico y Sociosanitario, Luis Manuel Monforte, ha recordado que el anterior Gobierno del PP recortó “mucho” en este terreno y que se firmó un acuerdo marco, un modelo a través del cual se “mercantiliza” la atención a los mayores, al entender que la elección de pliegos se basa en lo económico y no en la evaluación de la calidad que se presta.
En la región hay actualmente unas 81.000 personas evaluadas, pero sólo 62.000 con derecho a una ayuda o a una plaza. “Hay una disfunción que es la evaluación de la dependencia”, explicó Monforte. UGT achaca esta situación al despido “masivo” de trabajadores, como los interinos de 2012, que ha dañado al sistema debido a la falta de empleados públicos. “Son ellos los garantes del sistema”, afirmó.
Por su parte, desde el punto de vista Federal, Álvarez recordó que la atención a los mayores requiere de centros “en condiciones”, en especial para los trabajadores. “Son la piedra angular del servicio que se dispensa y deben tener las condiciones adecuadas”, afirmó. El sindicato recuerda que ha sido un dispositivo público “insuficiente” lo que ha provocado el aumento de conciertos, pero ha advertido de que las administraciones tienen “una obligación” para ver qué es lo que pasa con el dinero. “Pedimos que no se adjudiquen pliegos a empresas que han estado sancionadas”, aseguró.
En el caso de Castilla-La Mancha, UGT ha pedido también que se revisen de forma “urgente” los ratios, que actualmente contemplan un mínimo de dos trabajadores por cada quince usuarios. “Se plantea la necesidad de que por cada cuatro personas haya uno que los atienda”, aseguró Monforte. Entre las líneas rojas, el sindicato señala, entre otras cosas, que los gerocultores no tengan también que limpiar, ya que se descuidan las tareas “verdaderamente importantes”.