En el primer semestre de 2017, 11.143 personas sufrieron accidentes laborales leves, 91 graves y 14 mortales. En total fueron, 11.248 accidentes de trabajo con baja en jornada, de los cuales un 27,6% afectó a mujeres y el restante 72,4% hombres. Los datos suponen una tasa de 1.948,2 por cada 100.000 trabajadores que es el segundo número más alto del país, sólo por detrás de las Islas Baleares.
Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral del sindicato, señala como razones de estos números la precariedad del trabajo, la rotación de los empleos y la temporalidad de los contratos. Esto hace que el “deterioro de la salud de los trabajadores esté avanzando” y también que provincias de la región como Toledo y Guadalajara encabecen el “deshonroso” ranking de la siniestralidad laboral. En el caso de Guadalajara, apuntan desde el sindicato, está en un 27% por encima de la tasa regional. “Es fundamental que se impulse una cultura preventiva que no se ha recuperado”, señala Payo.
El análisis sectorial del sindicato señala que es el sector Servicios el que más aglutina los accidentes laborales, con un 55%, si bien también apuntan que es el que más empleo da. Lo sigue Industria, con un 22,9%, el de construcción con un 12,35 y el agrario con un 10,4%. “La siniestralidad es el peor indicador socioeconómico” de la región, apuntan y dibuja un cuadro de “grave disminución” de la gestión preventiva. Por eso, insisten en que se necesita un sistema preventivo “sólido”
Los accidentes 'in itinere', es decir desde y al trabajo“ llegan al 7% y la mayoría de ellos, el 54% lo han sufrido mujeres, llegando al 66% en el sector de servicios. ”Es un dato que se ceba con las mujeres de la mano de la precariedad y la rotación en el empleo, con mujeres que compatibilizan hasta tres puestos de trabajo“, aseguró Payo. Desde el sindicato confían en que el acuerdo estratégico puesto en marcha sirva de acicate para la mejora de las condiciones de la región. Sin embargo, aseguran que son datos que ”no deben resignarnos al silencio“.
En el caso de la población migrante, acumulan el 9% de la filiación a la Seguridad Social, pero más del 10% de la siniestralidad laboral registrada. La tasa de accidentes laborales es más de un 37% más alta que de la población castellano-manchega. “Esta situación de especial vulnerabilidad en este colectivo es más grave cuando detectamos un número de trabajadores migrantes que realizan su labor en condiciones lamentables en cuanto a contratación y gestión preventiva”, explica Payo. Desde el sindicato han detectado no sólo irregularidades contractuales, sino también deficientes condiciones en materia preventiva.
Hassen Rejbi, técnico de Empleo y Migraciones del sindicato, ha señalado que en las últimas visitas de la organización se han descubierto situaciones graves en localidades como Las Pedroñeras o Tomelloso. “Hay gente acampando sin ningún tipo de aseo o derecho a un alojamiento”, explicó. En el caso de Tomelloso, han descubierto personas durmiendo en naves abandonadas y en casas en ruinas en la zona de Cinco Casas, que incluso duermen a la intemperie. “Es una situación infrahumana”.
Este panorama, señala, se ha trasladado tanto al Gobierno como a las organizaciones agrarias como ASAJA o UPA, a quienes han pedido que se tomen más medidas para evitarlas. Rejbi también llamó la atención a la bajada de la población migrante en la región, pero la tasa de actividad es más alta que en el caso de los españoles. “Pedimos más vinculación para combatir estos problemas”, señaló el técnico, que explicó que muchos accidentes se producen pero que no se van denunciando. En este sentido, señaló que se debe cambiar la legislación que permite que los trabajadores no sean dados de alta hasta las 12 de la mañana.
La situación laboral de los temporeros se lleva arrastrando “una década”, afirmó, y no se ha hecho “nada”. “Nosotros detectamos la deficiencia, pero no somos una autoridad laboral, por lo que avisamos a la Inspección de Trabajo que son los que comprueban la visita y llevan a cabo las medidas necesarias”, explicó. “Vemos que hay un colectivo tremendo de trabajadores inmigrantes sin dar de alta, sin registrar y, en el peor de los casos, en estas condiciones”, afirmó Payo.