La lucha de los trabajadores de Tragsa y Tragsatec sigue. Los representantes de Tragsa en Castilla-La Mancha se han concentrado este lunes en Toledo, a modo de preparación de la asamblea que se celebrará el próximo 21 de enero en la capital autonómica. “El panorama es muy malo, feísimo”, asegura el representante del comité de empresa en Castilla-La Mancha, Javier Osado, quien asegura que ahora optarán por pedir a los partidos políticos que vean la problemática que significa despedir a la gente.
Osado achaca la situación a una consecuencia más de la reforma laboral. “No tiene explicación que se despida a gente, mientras se contrata a otra”, señala el sindicalista, quien asegura que la decisión de la empresa se debe a querer eliminar los derechos que han ido adquiriendo los trabajadores, derechos que obedecen al convenio. “Los trabajos que se están contratando ahora tiene peores condiciones”, asegura el representante, quien señala que la empresa ha ajustado los salarios a mil euros, “o menos, incluso”.
El mismo día 21, los trabajadores de Tragsa se concentrarán nuevamente este jueves en la plaza de Zocodover de Toledo y participarán también en la huelga convocada a nivel estatal los días 26 de enero y 3 de febrero. Además, los representantes de los sindicatos UGT y CCOO se reunirán con el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro. Los sindicatos recuerda que los despidos en Castilla-La Mancha afectan ya a 63 personas, siendo la provincia más afectada la de Ciudad Real, en el caso de Tragsa y Toledo en el caso de Tragsatec.
Por otro lado, los sindicatos han recordado que la empresa pública obtuvo 3,5 millones de euros en beneficios durante 2015 y que sólo ha habido un año con pérdidas. Mientras tanto, se ha contratado a unos 1.200 eventuales durante el último año, y ha aumentado el 60% de su producción, según ha asegurado Comisiones Obreras. Por otro lado, el grupo Tragsa, señala el sindicato, tiene reservas por alrededor de 261 millones de euros, junto al cobro pendiente de 467 millones de euros, que se les debe desde diferentes administraciones públicas. Javier Osado ha asegurado que las pérdidas de los despidos costarán cerca de diez millones de euros.