Trabajadores zombis: ni cobran ni pueden dejar el trabajo
Varios meses sin cobrar, una situación en la que viven cada vez más trabajadores y trabajadoras atrapados en un laberinto angustioso del que salir es más difícil de lo que parece. No perciben su salario pero no pueden dejar de ir al trabajo, no pueden irse de la empresa ya que perderían “sus derechos” no podrían cobrar ni siquiera el desempleo, se consideraría una baja voluntaria.
Una realidad que ya tiene nombre “trabajadores zombis” que ni cobran ni pueden dejar de ir al trabajo. Cientos de empleados en esta región que se ven atrapados en un túnel angustioso.
La empresa no les paga, pero tampoco les despide, tienen que acudir cada día a trabajar a la espera de que el empresario quiera resolver la situación o que una sentencia judicial o un ERE dicte la extinción de la relación laboral. Pero los juzgados de lo social son lentos, están colapsados, pueden seguir acumulándose meses de deuda.
Mientras esperan, viven angustiosamente, esperando una salida a su situación, teniendo que levantarse cada mañana para acudir a su puesto para sumar un día más a la abultada deuda que la empresa mantiene con ellos y que suele ser de varios meses, cinco, seis, ocho, según los casos, deuda que no saben si llegarán a cobrar alguna vez.
No hay estadísticas, pero es una historia que se repite cada día en más empresas de nuestra región, algunos trabajadores lo denuncian públicamente y sabemos de su calvario por las páginas de los periódicos: Cerámica la Oliva en el Toledano pueblo de Pantoja, El grupo Vilar, Rubicar , Socialmancha también en Toledo, los empleados de Seguridad Huécar Ciudad Real , AVICU en Guadalajara, Asprona Laboral en Albacete, COCEMFE, Colectivo Europeo de Transportes S.L en Cuenca y así un largo etc, de otros no tenemos noticias pero están ahí, por toda la geografía regional y nacional, es la nueva realidad que siembra la reforma laboral y la crisis.
Detrás de cada trabajador, familias angustiadas que viven la presión de tener que hacer frente a los pagos cuando no hay ingresos, porque estos no se paralizan como sus salarios. Si no pagan la luz el gas o el comedor escolar se lo cortan, les desahucian si no cumplen puntualmente con el abono de la hipoteca o el alquiler. A ellos sí les exigen cumplir puntualmente y tienen que acudir a sus escasos ahorros mientras les quedan, luego, cuando estos se terminan sólo pueden recurrir a la solidaridad de familiares y allegados en el mejor de los casos.
Después, incluso cuando ya logran una sentencia que zanje la relación laboral o un ERE que les mande al paro, tienen que seguir esperando, la deuda que la empresa contrajo con ellos pasa a asumirla el fondo de garantía salarial porque seguramente la empresa se declarará insolvente. Un nuevo calvario, el fondo de garantía salarial solo paga una parte de la deuda, 4 meses de salarios adeudados con el tope del duplo del salario mínimo interprofesional que hoy está en 645 euros y tardará en pagar, tardará mucho, casi dos años.
El Fondo de Garantía Salarial está colapsado, en Castilla la Mancha se están produciendo retrasos en el pago de hasta dos años y hay más de 7.000 expedientes esperando ser tramitados según denunciaban estos días las organizaciones sindicales, es un suma y sigue cuando ya parece que se ve el final del túnel.
En el caso de las subcontratas de las administraciones, el origen del impago de nóminas es su morosidad, la administración regional que gobierna Cospedal ha puesto a muchas subcontratas contra las cuerdas, y a sus trabajadores y trabajadoras en situaciones límite.
Antes las deudas salariales de los trabajadores eran sagradas, gozaban de preferencia frente a otras deudas, hoy tras las reformas laborales (que no ha sido una si no unas cuantas) ya no es así.
Esta dramática realidad social queda en zona invisible, como en otros casos no hay una estadística que nos permita percibir la dimensión real de este problema y visibilizarla de forma clara, si hay algunos datos oficiales en cambio que prestada la atención pertinente nos deberían alertar de lo que está pasando.
La estadística oficial de FOGASA es absolutamente elocuente, si comparamos lo que el fondo de garantía asumió por salarios dejados de pagar por las empresas a sus trabajadores en Castilla–La Mancha en 2013 y lo comparamos con el mismo dato antes del inicio “oficial” de la crisis por ejemplo en 2007, veremos el brutal giro y las dimensiones escandalosas de esta nueva situación, que a partir del 2008 se dispara de forma exponencial: en 2013 el FOGASA en la región abonó 21 millones 381 mil euros en concepto de salarios adeudados a 13.287 trabajadores y trabajadoras de 4.810 empresas. En 2007 estas cifras eran infinitamente más pequeñas 4 millones 697 mil euros, 2.574 trabajadores de 715 empresas. Es decir que el problema es hoy cinco veces más grande que antes de las reformas laborales y del inicio de la crisis.
