El pasado 1 de junio entró en vigor la medida aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la especialización de 54 juzgados, uno por cada provincia del país, que tramiten los litigios por las cláusulas suelo. Desde esa fecha, han asumido los asuntos de este tipo una serie de juzgados nombrados por el Poder Judicial pero sin criterios específicos y sin más medios. La única medida de acompañamiento es que jueces en prácticas de la Escuela Judicial se incorporen para la resolución de los litigios en los juzgados especializados de 15 grandes ciudades. A Castilla-La Mancha, donde no están transferidas las competencias de Justicia, le corresponden tan solo cuatro de estos alumnos, mientras que las previsiones, según los órganos judiciales consultados por eldiarioclm.es, apuntan a más de 7.000 demandas anuales.
El acuerdo del pleno del CGPJ que aprobó esta medida explica que estos juzgados se harán cargo “de manera exclusiva y no excluyente” de estos asuntos “siempre que hubiere razones que lo justificasen, en atención a la carga de trabajo y mejor servicio a la justicia”. Con ello se lleva a cabo el plan de urgencia en el que empezó a trabajar el pasado mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
Los órganos designados en Castilla-La Mancha son el Juzgado de Primera Instancia y Mercantil número 3 de Albacete; el de Primera Instancia y Mercantil número 4 de Ciudad Real; el número 4 de Guadalajara; el Mercantil y de Instrucción número 1 de Toledo; y el Juzgado de Instrucción número 4 de Cuenca. Los de Albacete, Ciudad Real y Toledo se ofrecieron de forma voluntaria para tramitar las demandas y el de Guadalajara se adjudicó por su especialización en cuestiones mercantiles. En el caso de Cuenca, no hay servicios judiciales en materia mercantil y se nombró por no ser excesivo su número de litigios.
Todavía no hay datos oficiales de entrada de casos porque tan solo han pasado diez días desde su especialización, pero las previsiones no son alentadoras: los secretarios judiciales prevén más de 5.000 demandas anuales en estos cinco juzgados castellano-manchegos. Se trata de una situación de posible ‘colapso’ sobre la que ya alertó la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en su reunión del pasado mes de mayo.
Tampoco ha gustado entre los representantes de los trabajadores, que alertan de “lo que se viene encima”. “La medida del poder judicial, tal y como viene concebida supone un gran aumentando de su carga de trabajo si no viene acompañada de refuerzo, como aumentar las plantillas de funcionarios. Está abocada al fracaso y solo es propaganda y demagagia”, explica Juan Pedro Mirando, de la Federación de Servicios públicos de Justicia de CCOO.
El escenario que dibuja este sindicato es que, con solo cuatro jueces en prácticas en Castilla-La Mancha, y otros de adscripción territorial o en comisión de servicios, no es suficiente. Además, critica que el acuerdo del CGPJ no fije ningún tipo de ratio, es decir, un límite fijo en el número de asuntos a resolver ni ninguna medida de refuerzo.
Esto provoca una doble consecuencia, ya que afecta a trabajadores y ciudadanos. A estos últimos se les ha generado una “falsa expectativa” porque “las demandas pueden ser bastante más de las esperadas; casi todo el mundo tiene ese tipo de préstamos hipotecarios”. “Si al juez designado no le acompañan en la tramitación los funcionarios correspondientes para llevar a cabo el trabajo, la medida va a ser contraproducente, incluso pueden darse casos en que el procedimiento tarde mucho más que si no existiera el reparto especializado”, subraya Miranda.
Tampoco hay sitio para futuros 'juzgados bis'
El acuerdo del CGPJ recalca que a medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los órganos especializados, se hará una valoración ajustada de las necesidades “de manera gradual y flexible”; y estipula que ello “permitirá acomodar los medios personales y materiales”, pero sin cifras. Si el ingreso de asuntos es superior, el órgano judicial podrá contar con un “juzgado bis” servido por uno o más jueces de refuerzo, así como con los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se necesiten, lo que se determinará evaluaciones mensuales.
Por el momento, en Castilla-La Mancha, las juntas de jueces de las cinco provincias ya han manifestado su desacuerdo en hacer especializaciones sin acompañarlo del resto de medidas, o de la concreción de las mismas. Incluso en el caso de que hubiera un segundo juzgado o ‘juzgado bis’ para las demandas de cláusulas suelo, “hay sitios donde ni siquiera hay espacio para ubicarlo”. “En el caso de Albacete, por ejemplo, cuando llegue el juez de prácticas, tendrá que trabajar en el sótano”, recalca el sindicato.
“Se dota con un número mínimo de jueces, pero hay una despreocupación total por el acompañamiento, ya que tramitar estas demandas no es el trabajo de una sola persona. Además, en este caso ya llueve sobre mojado, porque ya venimos arrastrando una situación diaria en la que los medios informáticos hacen aguas porque no funcionan con agilidad y eficiencia. Si a eso se añade más tareas, no sabemos hasta dónde podremos resistir”, concluye.