En el año 2018, el Gobierno de Castilla-La Mancha modificó mediante decreto las bases de la convocatoria de ayudas públicas para solicitar becas para libros de texto y comedor escolar de forma que las personas con sus hijos e hijas en custodia compartida no serían consideradas unidades familiares independientes. Esto ha provocado desde entonces numerosas quejas de progenitores separados o que no son convivientes con sus hijos e hijas en este régimen que no pueden acceder a estas subvenciones pese a tener unos ingresos muy bajos.
Es el caso de María Jesús Soria Parra, residente en Guadalajara, y con dos hijos de 9 y 14 años en custodia compartida desde hace siete años. Actualmente cobra el subsidio de desempleo, que no llega a los 8.000 euros anuales (uno de los requisitos para acceder a las ayudas) y lleva solicitando sin éxito esta subvención en Castilla-La Mancha durante los últimos tres años.
El régimen de tenencia de custodia compartida establece que cada progenitor asume su parte de los costes generados por los hijos sin que haya compensación de una parte a la otra. Esto quiere decir que en ningún caso María Jesús es beneficiaria de la renta del padre y que por tanto tiene que asumir su parte en el gasto de libros y comedor. Con sus ingresos, salvo algunas temporadas en que ha podido acceder a algún plan temporal de empleo, es “prácticamente imposible”.
La mitad de los gastos, pero sin ayudas
Con apenas 400 euros mensuales, destina lo que ingresa a pagar la hipoteca, “que no me echen de mi casa y poco más”. El régimen de custodia de sus hijos establece que debe afrontar la mitad de sus gastos, pero no puede pedir las ayudas para sus libros de texto y para su comedor porque las bases fueron modificadas.
Concretamente, el decreto de 2018 de Castilla-La Mancha establece que, para el cálculo de la renta, se entiende por unidad familiar la integrada por el padre y la madre o el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación al padre o la madre que no tengan rentas anuales superiores a los 8.000 euros. Y en los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro. Cuando el régimen de custodia de los hijos sea compartido, se considerarán miembros computables el padre, la madre y sus hijos comunes. Es decir, todos conforman la misma unidad familiar.
“Ahí está la trampa, en que mis hijos y yo no seamos considerados unidad familiar independiente. Dejarme fuera del acceso a las becas y dejar fuera a tantas mujeres, y también a muchos hombres en la misma situación, es totalmente injusto e incumple la norma que establece el Ministerio de Hacienda en cuanto a la consideración de unidad familiar”, afirma.
Considera que “no tiene ningún sentido” que cuando solicita estas ayudas se aplique la baremación de la renta del otro progenitor, del que en ningún caso ella es beneficiaria, y señala que “tampoco tiene ninguna coherencia” que cuando realiza la declaración de la renta cada año se considere a ella y a sus hijos unidad familiar independiente y no sea así cuando pide estas subvenciones, para las cuales se utiliza precisamente esa misma declaración.
La situación en la que se encuentra también se ha convertido en un bucle. Porque en momentos puntuales en que ha tenido trabajo, ha obtenido más ingresos, pero con el salario mínimo, los gastos de gasolina y el dinero para el comedor de sus hijos -necesario para poder conciliar vida laboral y familiar- su economía familiar ha sido “insostenible”. “Si no puedes ser beneficiaria de tu 50% de esas ayudas, entras en una espiral en la que nunca puedes afrontar los gastos”, señala.
“Es injusto y diría que incluso ilegal que no se cumpla la garantía de equidad de acceso a unas ayudas por esa incoherencia”, alega, recordando además que el Gobierno castellanomanchego aprobó que toda su normativa, leyes y decretos, debe abordar la perspectiva de género y no es así en estos casos. “Se están dando muchas situaciones similares, de mujeres y de hombres, lo que se suma a la situación de crisis y de inflación, y eso está perjudicando a nuestros hijos”.
Escritos a las administraciones
Por todo ello, María Jesús se ha dirigido en varias ocasiones a diferentes administraciones. Desde la Consejería de Igualdad le comunicaron por escrito que este departamento no tiene competencias en materia de Educación pero que darían traslado de su caso para que lo valoraran y le ofrecieran alguna respuesta. Similar argumento recibió de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.
Posteriormente se dirigió directamente al Departamento de Ayudas para Libros de Texto y Comedor de la Consejería de Educación: le contestaron que ese criterio está establecido así en las bases y en la convocatoria actual no se puede cambiar. María Jesús insistió preguntando si la Administración se había planteado cambiar las bases de cara al futuro teniendo en cuenta “la discriminación en la que están incurriendo”. “Al día de hoy no podemos dar respuesta sobre si se modificaría la norma”, le contestaron.
“Me han respondido pero se han lavado las manos. Y no entiendo cómo se puede estar hablando de perspectiva de género, de conciliación y de cuidados cuando ni siquiera podemos tener acceso a una ayuda por un criterio discriminatorio. También se habla de fomentar la custodia compartida por el bien de los hijos e hijas. Con esto no se fomenta. Lo único que solicito es que la Administración se plantee que esto es una injusticia y que lo cambien”, concluye.