En el último recurso presentado por el estudio Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros (TASH) en contra de la nueva adjudicación de las obras del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo señalaban que, al ser una continuación de la obra anterior, siguen manteniendo obligaciones, e incluso seguros en vigor sobre la misma lo que impediría proceder a una nueva adjudicación. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha decidido desestimar el mismo, levantando así la suspensión de la adjudicación del Complejo en Toledo, que incluye tanto la finalización de la obra del Hospital, paralizada por el Gobierno de Cospedal desde enero de 2012, como la gestión de los servicios de ese y otros siete centros.
TASH argumentaba que subsiste la vigencia de su contrato como dirección facultativa de la obra del Hospital y que ello impediría al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha convocar un nuevo procedimiento de contratación para la construcción y explotación del nuevo Hospital de Toledo, y por ello pedían la anulación de la adjudicación del contrato a la UTE formada por Obrascon Huarte Lain S.A (OHL), Desarrollo de Concesiones Viarias Dos S.L. (del Grupo ACS) y Acciona Concesiones S.L.
La Resolución del Tribunal señala que estos argumentos coinciden “totalmente” con los ya esgrimidos por los mismos recurrentes en otro recurso previo referido a los pliegos de la licitación de la obra y que ya fue desestimado. Ahora lo hace nuevamente por carecer de “fundamento legal la afirmación de los recurrentes” de que subsiste el contrato celebrado entre el Gobierno regional y TASH, aludiendo a una sentencia de la jurisdicción ordinaria que consideró procedente la extinción realizada en su día y ello aunque esté recurrida en apelación por los arquitectos.
El Tribunal aprecia además “temeridad” en los recurrentes al interponer recurso, debido a que los argumentos son idénticos al anteriormente desestimado, por lo que les impone una multa de 1.000 euros.
Desde TASH se muestran sorprendidos por la Resolución administrativa y apuntan a posibles irregularidades formales en su notificación. Además han asegurado que, agotada la vía administrativa, interpondrán recurso contencioso-administrativo, además de continuar con nuevas acciones legales contra la adjudicación definitiva de la finalización de la obra, por entender que las obligaciones que ellos contrajeron en su día persisten y que no se han liquidado correctamente. Además apuntan a que la previsible modificación de su proyecto por parte de las constructoras adjudicatarias conllevaría responsabilidades contra la propiedad intelectual.
El levantamiento de la suspensión de la adjudicación abre la vía a la adjudicación del contrato de obra y gestión de servicios a las constructoras, que deben constituir una nueva sociedad para su firma y el desarrollo de la concesión. No será fácil, en todo caso, que el inicio de las obras se produzca antes de las próximas elecciones, salvo que se comience “en falso” por razones electorales.