El Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros (TASH), responsable de la dirección facultativa de la obra del nuevo Hospital de Toledo hasta su paralización a principios de 2012 por parte de la Junta, ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitando la nulidad de la adjudicación de la conclusión de la obra del Hospital y la suspensión de los trámites mientras se considera el recurso.
TASH argumenta que la obra adjudicada es continuación de la anterior, en la que ejercían la dirección facultativa y sobre la que mantienen obligaciones e incluso seguros en vigor mientras no se produzca una certificación final de lo ejecutado. Para los arquitectos la resolución “por mutuo disenso” de su anterior contrato a principios de 2012, instada por el Gobierno de Cospedal, no se completó adecuadamente puesto que no existe liquidación, ni se devolvieron las garantías depositadas y no se produjeron los abonos pendientes. Por ello TASH estima que mientras no se resuelvan estos “flecos” no pude adjudicarse la conclusión de la obra como si no tuviese relación con lo anterior.
La resolución que se recurre tiene fecha de 22 de enero y en ella el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha adjudica a la unión temporal de empresas formada por Acciona, OHL y una filial de ACS tanto la conclusión de la obra del Hospital que se construye en el Polígono Santa Mª de Benquerencia como la gestión posterior de determinados servicios de ese nuevo centro y de otros siete del Área Sanitaria de Toledo por treinta años, a cambio de un canon anual de 48 millones de euros.
Tras la adjudicación procede la constitución de una nueva sociedad por parte de la UTE que será la titular del contrato, para lo cual se daba un plazo de quince días que ha quedado ya rebasado y que promete alargarse si se acepta la suspensión por parte del TACRC.
TASH ya recurrió en agosto pasado los pliegos de esta licitación ante el mismo Tribunal administrativo en agosto pasado pero éste desestimó el recurso y los arquitectos trasladaron sus pretensiones a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El TACRC resuelve los recursos en un plazo que oscila entre las tres semanas y el mes por lo que se prevé que se conozca la resolución a mediados del mes de marzo.