En términos judiciales, una pieza separada implica una separación de un procedimiento para hacer más sencillo su manejo. Esto es lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha hecho con la denuncia impuesta por UGT al Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En este caso, la institución está estudiando la posibilidad de aplicar medidas cautelares en el proceso, siguiendo las denuncias del sindicato, que afirma que se han impuesto traslados forzosos e indiscriminados de profesionales sanitarios, incluso, en todas las gerencias regionales.
UGT afirma que, como el Plan afectaba a la totalidad de los trabajadores de las diferentes gerencias del SESCAM, convertidas a Gerencias de Atención Integrada, la medida adecuada es paralizar la aplicación hasta la resolución del recurso, lo que se solicitó en la denuncia impuesta contra el programa. El Tribunal además ha dado traslado a la Administración, para que exponga lo que se estime conveniente sobre la medida cautelar.
La Federación anuncia que se ha impuesto una inmovilidad forzada a los profesionales de la salud en todas las gerencias de la región, excepto de Toledo, si bien esta excepción puede ser temporal. Así, los trabajadores han visto su adscripción cambiada, después de estar años en un centro. En algunos casos, el traslado se ha hecho a complejos y centros situados a cientos de kilómetros. Además, denuncian que estos cambios se han hecho sin ningún tipo de criterio, y que la movilidad ha supuesto también el despido de muchos profesionales, lo que repercute en la calidad de los servicios prestados.
El Plan de Reordenación entró en vigor el 26 de febrero, y ha afectado, según fuentes sindicales, a más de 2.000 trabajadores. Además, en el momento de su implantación se advirtió que no se tomaron en cuenta los medios y los tiempos de desplazamiento, o las indemnizaciones que deben derivarse de este tipo de cambios. Así, aseguran se ha generado una inseguridad general entre los trabajadores. El plan además coincidió con la dimisión del gerente de Albacete, Ángel Gómez Roig.