El Trasvase Tajo-Segura ha cumplido 37 años en este año 2016 que termina. La infraestructura hidráulica que comenzaba a mandar agua a Levante en 1981 ha sido una de las grandes protagonistas junto con el río Tajo y sus afluentes. 12.000 hectómetros cúbicos han pasado en todo ese tiempo desde este río hacia la vertiente mediterránea.
Nada más comenzar el año se alertaba de un río Tajo en situación de “emergencia”. Los movimientos ciudadanos de los últimos años criticaban -con impotencia- la aprobación por parte del Gobierno central del nuevo Plan Hidrológico del río 2015-2021 que poco iba a cambiar la dinámica de un Tajo extenuado. Un Real Decreto en el mes de enero supuso dar ‘luz verde’ a la revisión de los planes de todas las demarcaciones hidrográficas del país con la ‘excusa’ de la necesaria adaptación a la Directiva Marco del Agua (DMA) que marca Europa. Los agricultores castellano-manchegos también mostraron entonces su preocupación por el agua del Júcar, el Segura y el Guadiana que atraviesan el territorio regional.
Una visita de europarlamentarios saca los colores a España sobre el Tajo
En febrero varios europarlamentarios hicieron una visita al río Tajo invitados por Izquierda Unida para admitir que la situación del río es “muy seria”. En abril, esos mismos diputados europeos recomiendan revisar los caudales ecológicos al alza y en junio, cuando el dictamen es definitivo -y a pesar de la realidad que confirman los eurodiputados- el PSOE fracasa en su intento de hacer vinculante el informe sobre el Tajo. La abstención de Podemos y los votos en contra del PP impidieron una resolución que pedía al Gobierno central adoptar las recomendaciones que vienen desde Europa. Todo un mazazo para las altas expectativas generadas para darle una solución al problema –ya reconocido por Europa, aunque no de forma oficial- que arrastra el río.
El año de los ‘Trasvases Triples’ y las espumas
De tres en tres. Así se han aprobado los trasvases del Tajo al Segura en este 2016. Y en Castilla-La Mancha no se descarta la aprobación de otro 'tritrasvase' en la segunda semana de enero de 2017.
La judicialización del Trasvase Tajo-Segura es cada vez mayor. El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha dejado de recurrir cada una de las derivaciones de agua aprobadas por el Ejecutivo nacional. La última iniciativa de la Junta ha sido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para evitar los trasvases internos del Júcar a Levante.
En el relato informativo de este 2016, primero fueron los ‘tritrasvases’ y después hubo que hablar de contaminación cuando una mañana a mediados de octubre el río a su paso por Toledo amaneció cubierto de una espesa capa de espumas blancas.
Hasta la Confederación Hidrográfica del Tajo –la encargada de velar por el río- tuvo que admitir que su estado es “mejorable” pero, aprovechando el episodio, culpó a la ciudad de Toledo de contaminar con sus depuradoras el cauce, anunciando dos expedientes al Ayuntamiento. Después, también reconoció que habían sido necesarios otros expedientes en la vecina Comunidad de Madrid en localidades que vierten de forma irregular a los afluentes del Tajo.
El agua como bien económico, ambiental y social es el mensaje que la Junta manda cada vez en mayor medida de los castellano-manchegos. E incluso se ha propuesto que los niños estudien en el colegio sobre la problemática del agua que afecta a la región. El presidente de Castilla-La Mancha ha comentado este año en varias ocasiones su intención de “revertir la situación sin meternos con nadie”. Emiliano García-Page apela al concepto de igualdad en el reparto de los recursos hídricos. “La naturaleza decidió que el Tajo iba a una corriente y la política ha decidido que desemboque en el Mediterráneo”, decía.
Una postura que contrasta con la del presidente nacional, Mariano Rajoy, quien en septiembre expuso de forma breve pero contundente su apoyo al mantenimiento del Trasvase. Mientras, García-Page ha llegado a sugerir que está dispuesto a apoyar que valencianos y murcianos paguen lo mismo por el agua de las desaladoras que por el agua “regalada” del río Tajo que obtienen a través de esa infraestructura.
De hecho, Castilla-La Mancha insta a Levante a utilizar las desaladoras que fueron pagadas con fondos europeos -convertidas en ocasiones en turbios negocios que no parecen centrarse, precisamente, en el interés público - como sistema alternativo al Trasvase. Los eurodiputados que este año visitaron el Tajo llegaron a recomendar el uso de estos sistemas en la cuenca del río Segura. La postura en Levante, sin embargo, es inamovible. El Trasvase es “insustituible”.
Mientras, y según los expertos, ni Gobierno central ni Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) cumplen con las exigencias de la Directiva Marco del Agua (DMA). El río y sus afluentes, su alto grado de contaminación que no se solucionará “ni en 2027” y la sobreexplotación del Trasvase han generado no solo “desigualdad social” y económica, sino un “grave conflicto” entre comunidades autónomas que se mantiene y se aviva (como moneda de cambio electoral) desde hace dos décadas.
Por qué la ‘guerra del agua’ seguirá abierta en 2017
El próximo año no se prevé muy diferente. La llamada ‘guerra del agua’ continuará y el conflicto amenaza con extenderse a otras cuencas más allá de la del Tajo. Entre otras cosas por la decisión en septiembre -con el Gobierno central entonces en funciones- de prorrogar la situación de sequía declarada en las cuencas del Júcar y del Segura hasta septiembre de 2017 por la “ escasez de recursos hídricos” que hace necesaria la adopción de “medidas urgentes” en previsión de que la sequía se prolongue. Se trata, según defiende Castilla-La Mancha de abrir la vía de los “trasvases encubiertos”.
Tampoco está mucho mejor lo que tiene que ver con la cuenca del Guadiana. La terminación de la llamada ‘tubería manchega’ para derivar agua desde el Trasvase a la Llanura Manchega se retrasará más allá de 2020. La razón que el Gobierno central da a Castilla-La Mancha es “puramente económica”. El agua del Trasvase sigue sin poder utilizarse para el abastecimiento humano de Castilla-La Mancha en caso de sequía pero seguirá saliendo con destino Murcia o la Comunidad Valenciana.
El Gobierno regional ha pedido al Ministerio una revisión de los planes de cuenca. “Hay muchas cuestiones que hacen tambalear la planificación no solo sobre el Tajo sino también sobre el Segura”, dice la consejera de Fomento, Elena de la Cruz que espera un “cambio de actitud” de la ministra, Isabel García Tejerina. Algo que muchos apuntan como poco probable.
El paso más importante será aprobación de una Ley del Agua para Castilla-La Mancha en 2017, con el objetivo de racionalizar su uso y lograr que sea más eficaz en la región. Una manera, no solo de “dar ejemplo”, según comentaba Emiliano García-Page, dentro y fuera de las fronteras castellano-manchegas, sino de generar una pauta legal en torno al líquido elemento que, aunque discurre por la región en forma de ríos o se acumula en embalses, no puede utilizarse como le gustaría a la Comunidad Autónoma.
Uno de los objetivos del llamado Pacto por la Recuperación de Castilla-La Mancha suscrito entre Gobierno regional, CECAM, CCOO y UGT apuesta por un volumen mínimo de agua acumulada en la cabecera del Tajo de 900 hm3, la creación de un Observatorio regional del agua o el desarrollo de un Decreto de Sequía en Castilla-La Mancha. En total, 56 objetivos a cumplir en el horizonte de 2020. Pero ese ya es otro capítulo.